La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité
Internacional de la Cruz Roja (CICR) recomiendan las condiciones en
las cuales debe desarrollarse la detención de las personas privadas
de la libertad, incluyendo las referidas al suministro de
alimentación, permitiendo que sobre esa base se constituyan las
normas, procesos y procedimientos en los Establecimientos de
Reclusión del Orden Nacional (ERON). En Colombia, y en muchos otros
países, estos escenarios de producción de alimentación resultan
insuficientes; entre las variables a considerar se encuentran la
infraestructura física, el tipo de contratación, los hábitos
alimentarios regionales por la procedencia heterogénea de la
población interna y muchas veces sus preferencias, las patologías
crónicas que se manejan, la seguridad en el ingreso de materias
primas y el suministro de la alimentación al interior de los ERON.
Es importante mencionar que cualquier brote de enfermedad trasmitida
por alimentos (ETA) puede desencadenar una epidemia que se complica
aún más por la situación de reclusión. Otras dificultades son la
comercialización no permitida, el ingreso de alimentos y la
conservación de estos en las celdas, lo cual puede ocasionar la
pérdida de calidad higiénico-sanitaria y pone en peligro la salud
de esta población.

El
Derecho penal es un sistema de control social formalizado que, a lo
sumo, puede ser calificado como internacional, pues aun no es un
sistema jurídico globalizado o mundializado, a pesar de las
etiquetas o nombres  de las corporaciones que representan este
supuesto orden sancionador. En el ámbito del Derecho penal todavía
son y serán los Estados nacionales quienes ejercerán el control
sobre la criminalidad, incluso internacional o transnacional. El
debate del Derecho penal en la era de la globalización, no se puede
estancar en la discusión –no tan nueva– del Derecho penal del
enemigo, la corrupción o neo-corrupción y el crimen organizado.
Esta reducción del fenómeno es muy peligrosa para las sociedades
latinoamericanas, pues esconde el verdadero trasfondo del asunto y le
impide a los actores ser proactivos, propiciar la discusión y
producir una verdadera transformación del Derecho penal regional.
Las instancias políticas no pueden evitar la responsabilidad social
de la criminalidad, y atribuir toda la culpa de ésta a los distintos
procesos de globalización. El gran desafío del Derecho penal en los
próximos años consiste en lograr armonizar la globalización de la
sanción con la democracia representativa y los derechos humanos. Es
mejor reclamar más globalización en materia de derechos y
libertades, justicia y seguridad.

En
octubre de 2014 se realizó en Uruguay un plebiscito con el objeto de
reformar la Constitución de la
República.
Dicha instancia pretendía reducir a los 16 años la edad para
imputar como adultos algunos delitos
establecidos
en el Código Penal. En este trabajo se presentan algunos peculiares
contenidos que tuvo el
desarrollo
de la campaña y los debates hacia ese acto electoral que, si bien
refieren al contexto nacional, no
resultan
extraños como fundamento de las iniciativas legales en ese sentido
que son promovidas en casi todos los
países
del continente.

Se
parte del supuesto que la iniciativa de reforma constitucional
trascendía la mera “cuestión penal adolescente”,
suponiendo
un campo de disputa socio cultural más amplio. El camino transitado
por Uruguay desde 2011
muestra
la vigencia de algunas tendencias ya observadas a nivel
internacional: una creciente “politización de la
cuestión
penal” que funciona como campo de confrontación y reconstrucción
de un programa político más
amplio;
asociadas con la centralidad de las víctimas como un factor político
de peso para definir el contenido de
las
políticas criminales y la creciente desvinculación de los
condicionamientos estructurales que marcan una
profunda
distancia de la “cuestión social” como factor a considerar para
interpretar la “cuestión penal”. No
obstante
el fracaso electoral de la iniciativa, se postula que subsisten los
fundamentos ideológicos que tienen
como
horizonte el incremento de la punitividad como forma de resolver los
problemas de seguridad existentes.

El
dilema de la juventud: ¿enviar a la cárcel o formar para la paz? 
Diálogos de posibilidades, en un momento de la "criminalización
de la juventud". Mientras que las "representaciones
sociales", teoría para aprehender la instigante relación entre
juventud y sociedad, debatiendo la "reducción de mayoría
penal", que apunta hacia la contradicción social: ¿el joven es
víctima o victimizador?. La experiencia extensionista de PUC Goiás
como agente transformador en la formación ciudadana.

Parte
de una investigación sobre el debate médico-criminológico en el
Brasil de los años de 1930 y 1940, esta nota de investigación
analiza algunos usos y críticas, entre ciertos juristas de
importante actuación en la ciudad de Río de Janeiro en los años
1930, de argumentos de naturaleza psiquiátrica y criminológicas.
Tales magistrados, en ese contexto, tendieron a tener una
significativa erudición psiquiátrica y criminologica, a pesar de
toda heterogeneidad, pluralidad y diferencias de perspectivas
existentes entre ellos. Seleccionamos dos espacios principales para
el análisis de la actuación de esos juristas: el Tribunal de
Apelación del Distrito Federal y el Tribunal de Jury.