Peter Harry Costa Ludueña, quien se encuentra privado de su libertad, había aprobado materias del CBC y buscaba ingresar a cursar el primer año de la carrera de sociología en la Universidad de Buenos Aires por medio del programa UBA XXI. Pero la Universidad no le permitió iniciar la carrera por un detalle: Costa Ludueña carecía de DNI.

Por ese pormenor se inició una batalla judicial que culminó días atrás, cuando la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le dio la razón al estudiante y le ordenó a la UBA a que le permita ingresar a la carrera. Pero no le fue fácil, en Primera Instancia el planteo que introdujo en autos “Costa Ludueña, Peter Harry c/ UBA s/ amparo ley 16.986” fue rechazado,

El actor había solicitado que se declarara la inconstitucionalidad de una resolución del Consejo Superior de la UBA que no le permitía empezar la cursada, lo que fue rechazado en primer grado debido a que se entendió que no se daba una situación “de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” para la procedencia del amparo.

No fue hasta el dictamen favorable del fiscal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal, Rodrigo Cuesta que el reclamo del accionante fue atendido. Contrariamente a lo entendido por la jueza, Cuesta entendió que la negativa sí fue arbitraria, criterio compartido por los camaristas Carlos Grecco, Rodolfo Facio y Clara Do Pico.

Costa Ludueña se había quejado en su apelación de que se le pedía “un requisito de imposible cumplimiento" porque "no hay forma de que un extranjero privado de la libertad pueda gestionar un DNI" y consideró “absurdo” el requisito del DNI para acreditar la identidad, y asimismo que lo jueces la desconocieran “pese a encontrarse privado de la libertad desde hace 13 años”.

Para el fiscal Cuesta se trata de una “exigencia formal excesiva e injustificada” y que la conducta de la demandada de negar la inscripción al amparista -que había acreditado su identidad mediante su pasaporte, que aprobó el Ciclo Básico Común (CBC) – “constituye un supuesto de arbitrariedad manifiesta".

El dictamen recalcó que la finalidad de comprobar la identidad se tenía por satisfecha en el caso “mediante la presentación del documento que las autoridades públicas consideraron idóneo para tener por acreditada fehacientemente su identidad en el marco del proceso penal realizado en su contra y de la ejecución de la condena a prisión dispuesta, es decir, su pasaporte”.

Una interpretación contraria – concluyó Cuesta- “frustraría el derecho constitucional a la educación del amparista”

Fallo
de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal en autos “R., R. Y. s/ prisión
domiciliaria” (causa n° 12.259/2016) rta. 1/12/2016, donde la Sala
interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la
defensa contra la resolución del juez de la instancia de origen que
no hizo lugar al pedido de prisión domiciliaria. En el caso, la
imputada es madre de un niño de siete años cuyo padre también se
encuentra detenido, situación que afectó inclusive la escolaridad
del menor. El Asesor de Menores dictaminó en favor de la concesión
del beneficio y el fiscal en pos de su rechazo. Los vocales revocaron
la decisión y concedieron el beneficio con monitoreo
electrónico.

Mirta
López González hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad en
que sorpresivamente se encontró el menor, quien se vio privado de su
núcleo familiar directo, de su vivienda y de su educación, ya que
el único familiar que puede cuidarlo es su abuela que vive en
Córdoba y tiene un delicado estado de salud. Agregó que el traslado
del menor a la mencionada provincia le hizo perder un año de
escolaridad. Por ello precisó que, en aras del interés superior del
niño, y en sintonía con la Convención internacional de los
derechos del niño y con la ley 26.061, era adecuado conceder el
beneficio solicitado, con monitoreo electrónico, descartando como
impedimento que el menor supere el tope de cinco años de edad fijado
en artículo 10, inciso “f”, del Código Penal.

Mauro
Divito coincidió con la solución propuesta por López González y
recalcó, con cita jurisprudencial, que la limitación etaria que
surge del artículo 10, inciso “f”, del Código Penal y del
artículo 32, inciso “f”, de la ley 24.660 (según ley 26.472),
respecto de hijos cuyas madres se encuentran detenidas, no debe ser
interpretada en forma literal. En consecuencia, la circunstancia de
que el menor tenga siete años de edad y solo supere por dos años la
edad prevista legalmente, no constituye un obstáculo insalvable para
la concesión del beneficio a su madre, atendiendo el interés
superior del niño, las disposiciones de la ley 26.472, el artículo
3.1 de la Convención de los derechos del niño, y la particular
circunstancia de que vio interrumpida su escolaridad.