La prisión preventiva se caracteriza por su excepcionalidad, procediendo antes los denominados "riesgos procesales": el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación, previstos en el Código Procesal Penal. En este sentido, recientemente, se remitió a la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un proyecto de ley, que tiene como objetivo incorporar la reiteración delictiva cómo un nuevo supuesto para limitar la libertad ambulatoria del sujeto sometido al proceso penal.

En su columna, las autoras afirman que el proyecto de reiteración delictiva choca de lleno con garantías ya consolidadas y con bastante recorrido legal en la jurisprudencia de nuestro país y tribunales internacionales, como así también con principios legales establecidos en nuestra norma fundamental, como para señalar algunos.

El presente trabajo tiene por finalidad analizar los requisitos establecidos en el Código Penal para la procedencia, o improcedencia en su caso, de la suspensión del juicio a prueba. Ello nos llevará a discurrir sobre las múltiples discusiones que se plantean desde la iusfilosofía en la interpretación, sin dudas enriquecedora, del presente instituto. Se analizan las cuestiones problemáticas que generó la redacción del instituto de la suspensión del juicio a prueba, analizando las distintas condiciones que deben existir para su procedencia, para luego resaltar las distintas limitaciones que la ley o la jurisprudencia han establecido.

Rodrigo Morabito analiza el proyecto de ley sobre el Régimen Penal Juvenil presentado por el bloque oficialista ("La Libertad Avanza") ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina el pasado 21 de mayo, que tiene por objeto bajar la edad de imputabilidad a 12 años. En este sentido, el autor afirma que el proyecto presentado no solamente desconoce los principios de la Justicia Juvenil, sino que en su texto contradice los principios que menciona y pretende garantizar, lo que vuelve al mismo en un texto legislativo inviable e inconstitucional.

En este trabajo, Juan Manuel Neffen se propone indagar algunas raíces históricas del castigo y de la pena estatal, como así también explorar interpretaciones sobre los cambios en las formas punitivas desde un enfoque criminológico.

La perspectiva histórica de la pena sigue los trabajos -principalmente- de Edmundo Hendler, Ignacio Anitua, Ricardo Rodriguez Molas y Lila Caimari. Mientras que el aporte criminológico es extraído de la confrontación de dos obras clásicas sobre la pena en clara dialéctica: “Pena y estructura social” de Georg Rusche y Otto Kirchheimer, y “Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión” de Michel Foucault, con el apoyo de los aportes de David Garland quien actualiza esta dialéctica al estado actual de la discusión criminológica en torno a la penalidad.

El autor sostiene la siguiente hipótesis: frente al fracaso -al menos en sus fines declamados- de las teorías sobre la función de la pena, las ciencias sociales visibilizan el funcionamiento real de la pena en la sociedad. Así, su objetivo es presentar filones de análisis al interior de estas disciplinas a efectos de aproximarse a la utilidad de la pena en la sociedad, lo cual, entiende, representa un insumo dogmático necesario para pensar la determinación de la pena en nuestros días.

La pregunta capital de este trabajo atañe a la cuestión de si resulta compatible la actuación del Equipo Profesional Interdisciplinario, como órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, con el principio de imparcialidad y el debido proceso legal. En ese contexto, el artículo analiza los postulados básicos del rol de los peritos en el marco de un proceso acusatorio adversarial ante la existencia de un hecho revelador de violencia de género. Como conclusión, se advierte que los sesgos cognitivos y/o déficits volitivos que pueden emerger del ejercicio de dicha función y de la especial posición como organismo auxiliar de la acusación, pueden ser considerados en la dimensión funcional, instintiva y social de sus miembros sin que ello implique una vulneración a las garantías constitucionales.

La Legislatura de la provincia de Santa Fe dictó la Ley Nº 14.239, sancionada el 20 de diciembre de 2023, cuyo artículo 1º “adhiere a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Nacional Nº 23.737, y consecuentemente asume su competencia para investigar y sancionar los delitos previstos en dicha norma…”.
Esta decisión se enmarca en los debates sobre la conveniencia de la desfederalización. Por un lado, se argumenta que la medida mejora la eficiencia en la investigación y persecución del delito, ya que se cuenta con un mayor conocimiento del territorio y una mejor coordinación con las autoridades locales. Además, ello permitiría agilizar los procesos judiciales, fortalecer las políticas públicas locales y acercar el sistema de justicia a la comunidad, considerando las realidades y particularidades de cada localidad o región provincial sobre el microtráfico.

En el presente trabajo, Leandro Leonel Arraga estudia las características distintivas del microtráfico, las pautas de intervención establecidas por la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y las definiciones político-criminal para abordar esta problemática.