La prostitución constituye, en la actualidad, una de las realidades existentes en nuestras sociedades más controvertida. Los modelos teóricos que se encuentran en las bases de las políticas públicas parten de valoraciones muy distintas y, por tanto, llegan a soluciones diversas. Además, ello no ha impedido que el legislador español los haya superpuesto. En consecuencia, nuestra legalidad vigente es, jurídicamente hablando, un lugar poco seguro tanto para las personas que se prostituyen como para los proxenetas que obtienen rendimientos económicos. Ahora bien, el denominado "modelo sueco" impulsado recientemente por Europa no debería guiar la reforma del derecho, siempre que este pretenda se justo con las libertades de los ciudadanos y contundente con los delincuentes. El abolicionismo del que parte se basa en estudios empíricos que presentan grandes sesgos e inconsistencias, dado que no hay conocimiento empírico verdaderamente fiable ni sobre el porcentaje de prostitución voluntaria, ni sobre la eficacia del castigo del cliente para terminar con la trata de personas, la prostitución forzada, la explotación sexual y la violencia contra las mujeres.

I. Introducción.  II. Los principios y garantías constitucionales como cimiento del sistema procesal
penal. III. El artículo 280. Formalización de la imputación del CPPAC. Algunas
consideraciones. IV. Derecho comparado. Algunos ejemplos. V. Conclusiones. VI. Bibliográfia.

Las decisiones jurisdiccionales deben ser claras, entendibles y comprensibles para que los sujetos los hagan propias. De acuerdo con esta premisa se analiza el proyecto de ley presentando en la provincia de Entre Ríos que pretende reformar el art. 456 del Código Procesal Penal y establecer el lenguaje claro en las sentencia dictadas en el fuero penal.