En el presente caso advertimos que, aun en ausencia de tratamiento criminológico, la señora magistrada ha tomado su decisión en merito a resolución del Consejo Criminológico e informes producidos por expertos psicólogo, psiquiatra y trabajadora social del propio ámbito judicial, sin el necesario marco de referencia del tratamiento criminológico, que es el que permite analizar la mentada “evolución favorable”.

Asimismo, la propia sentenciante ha referido que el régimen de progresividad pretende limitar la permanencia del Interno en Establecimientos Cerrados, conforme su evolución favorable en el desarrollo del tratamiento. Ahora bien, si el tratamiento criminológico no se ha llevado a cabo, y ello resulta de la propia decisión impugnada en cuyo punto III se ordena la realización del tratamiento, la A Quo carecía del marco de referencia necesario para evaluar el requisito de la “evolución favorable”.

Deviene procedente mencionar, que la valoración de la declaración de la víctima debe estar dada por la especial característica que revisten los delitos de esta especie, y por la especial y particular situación en la que se encuentran las víctimas de los mismos. Es así, que resulta fundamental que declaración de la víctima sea valorada congruentemente con los informes practicados, como se indicó precedentemente. En consecuencia, tales declaraciones lucen verosímiles al estar rodeada de corroboraciones contiguas que objetivamente también la dotan de aptitud demostrativa o probatoria, como ya se señaló. La declaración de la víctima, más los informes, fueron contestes a los fines de demostrar el delito, a lo que debo agregar que nuestro tribunal se enroló en la postura jurisprudencial de la Corte a los fines probatorios con el objeto de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. "[...] CSJN, 1- 11- 2011, en "L., M. C. s/ recurso extraordinario", la Dra. Highton de Nolasco expresó "[...] Que por otra parte, la Ley 26485 (art. 16 inc. i) de "Protección Integral de la Mujer (reglamentada mediante el Decreto 1011/2010), que apunta a erradicar cualquier tipo de discriminación entre varones y mujeres y a garantizar a estas últimas el derecho a vivir un a vida sin violencia, declara que sus disposiciones son de orden público (artículo 1°) [...] y finalmente establece un principio de amplitud probatoria "...para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que s e desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos...", tanto para tener por acreditados los hechos cuanto para resolver en un fallo al respecto (artículos 6° y 31) [...]". En este sentido la Ley No 26485, fue adherida por nuestra provincia por Ley No 5903, publicada en Noviembre de 2009. [...]" (Sent. N° 50/14, 31/15, 94/15, 38/16, 106/16).