Dispone que no puede rechazarse la suspensión del juicio a prueba a un notario imputado del delito de falsedad ideológica con sustento en que el mismo es un funcionario público. Manifiesta que si bien los escribanos cumplen una función pública, no están incluidos en la estructura jerárquica de los poderes del Estado, ya que no forman parte de ninguno de los tres poderes ni de ninguna otra entidad desconcentrada o descentralizada, tal como exige la legislación vigente -Convención Interamericana contra la Corrupción y Ley de ética pública 25.188-. Sin embargo, deniega el beneficio por considerar que es insuficiente el ofrecimiento realizado por el imputado a fin de lograr una reparación de los perjuicios a la víctima.