Las   tasas   de 
 criminalidad   en   América   Latina 
 son  font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">mayores  que  en  cualquier 
otra  región  del  mundo.  31%  de  los

homicidios  a  nivel 
mundial  ocurren  en  esta región, a pesar de que sólo el 8% de la población del 
mundo  reside  en  esta  región

(UNODC,  2016).  La  incidencia
de otros tipos de crimen, como el robo y el asalto, también es alta en la región.
Además, se estima

que  el  60%  de  los 
crímenes  en  América  Latina  son  violentos (Banco  Interamericano  de 
Desarrollo,  BID,  2015).  Según  la

encuesta  Latinobarómetro  2015, 
en  12  de  18  países  (incluyendo Bolivia),  la  delincuencia 
ocupó   el   primer   lugar 
 entre   los problemas   más 
 importantes  del  país,  por  encima  de 
la corrupción  y  de los problemas
económicos.

Inicialmente, el delito de violación no fue
tomado en cuenta como un  107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">delito de lesa humanidad en los instrumentos
legales de los tribunales penales internacionales. La gravedad de este
acto no era aún asumida, y el tratamiento penal que se le daba era por sobre
todo doméstico. En otras palabras, no era analizada aún la
posibilidad del cometimiento de este delito como un ataque con aquiescencia
del Estado y dirigido a personas por su pertenencia a un grupo
específico, sea éste religioso, étnico, racial, político o de género. La
historia reciente y los atro-ces hechos de la realidad actual han obligado a
los tribunales penales internacionales a renovar enérgicamente sus
conceptos. En este artículo analizaré brevemente esta evolución,
así como sus causas.

Este texto se refiere a las disciplinas
jurídicas desde una  107%;font-family:"Arial",sans-serif;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:
minor-latin;color:#222222;mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;
mso-bidi-language:AR-SA">perspectiva reconstructiva (¿qué son?y ¿cómo
operan?) y, a la vez,

proyectiva (¿qué debieran hacer los
participantes para adaptarse a entornos que se modifican?). La primera parte
reconstruye la manera en que los participantes se autoperciben y se
orientan hacia propósitos comunes. Para tales efectos se distinguen tres
dimensiones: la primera se refiere a los conocimientos que validan; la
segunda, a los métodos de trabajo que construyen, y la tercera, a la
clase de conductas sociales que promueven. Respecto de cada
dimensión se identifican distintos propósitos de cuya satisfacción se
hace depender su éxito o fracaso.La segunda parte es proyectiva y se hace
cargo de cambios sociales que están generando incertidumbre sobre
el futuro de las estructuras disciplinarias. La desaparición de
las disciplinas jurídicas, sin embargo, no se vislumbra, al
menos, en un horizonte próximo. La forma en que éstas resuelven
problemas de sucesión de generaciones y la circunstancia de no operar
bajo urgencias las lleva a desenvolverse bien en contextos de larga
duración.

¿Un juez penal
puede inaplicar una disposición del código penal o del  color:#222222">procedimiento penal? En general, por el
principio de legalidad, no.

Sin embargo, la jurisprudencia y la doctrina han
demostrado que sí se puede inaplicar normas penales, cuando éstas no
están adecuadas a los principios constitucionales. El desarrollo del
derecho constitucional ha modificado sustancialmente los presupuestos
de la teoría del

derecho. Entre otros, el juez crea derecho y
puede, interpretativamente, inobservar normas legales.
Este poder, que se

llama control difuso y tiene que ser utilizado de forma prudente y de
acuerdo a preceptos de argumentación jurídica. En este ensayo se
describen estos preceptos y se presentan y comentan algunos casos en que
principios de la Constitución (derechos humanos) han prevalecido
sobre tipos penales, cuando la aplicación de la ley penal lleva a un
resultado injusto.