La provincia de Mendoza sancionó la ley 9.554, que modifica el proceso de los juicios por jurados populares, aplicable en esa provincia en materia penal.
La ley reformó tres aspectos clave para el juicio por jurados: la competencia material –que amplió a nuevos delitos, pero acotó únicamente a delitos consumados–, la dirección del proceso, y el modo de sustanciar, resolver y recurrir las decisiones sobre admisibilidad de pruebas.
Acerca de la capacidad del sistema penal de Ciudad Autónoma de Buenos Aires para prevenir estafas informáticas desde la perspectiva de la escuela clásica del sistema de la pena.
Este estudio pretende analizar el poder preventivo del sistema penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en la República Argentina respecto del delito de estafa informática desde la perspectiva de la Escuela Clásica y sus variables de disuasión (certeza, celeridad y severidad). Para ello, la recopilación de datos incluye entrevistas con ocho actores clave del sistema penal de la capital de Argentina. Los resultados evidencian que la capacidad del sistema penal de CABA para prevenir estafas informáticas es limitada y que, si bien la pena en expectativa es severa, lo cierto es que no existe certidumbre de castigo y que la celeridad para arribar a un resultado condenatorio en estos casos es insuficiente.
Compartimos el informe realizado por el equipo de investigación en el marco del "Sistema de Proyectos de Investigación en el ámbito del Poder Judicial de Córdoba (SIS.P.I)", organizado por el del Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez.
El proyecto cuenta con más de 15 tomos agrupados por materias y fueros judiciales en los que se analizan diferentes temáticas relevantes para el ejercicio de la justicia. Hoy compartimos el tomo 17: "Juzgar con perspectiva de género. Un estudio sobre las sentencias de las Cámaras en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Córdoba en los casos de tentativas y muertes violentas de mujeres (años 2012 a 2016)"
>> cita sugerida del material: Cappellino, María Elena; Deangeli, Melina A.; Domeniconi, Daniela; Funes, Samanta y Mamani, Abel. Juzgar con perspectiva de género. Un estudio sobre las sentencias de las Cámaras en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia de Córdoba en los casos de tentativa y muertes violentas de mujeres (año 2012 a 2016), en Tribunal Superior de Justicia, Investigaciones aplicadas en el ámbito del Poder Judicial de Córdoba VI, Croccia, Lucía. (Coord.), Córdoba: Centro de Capacitaciones Ricardo C. Núñez, 2021.
La entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal implica un cambio de paradigma desde un sistema de enjuiciamiento mixto a uno acusatorio. Pero, El nuevo Código Procesal Federal aprobado por Ley 27.063 implica realmente la imposición de un sistema acusatorio puro?
Una de las notas distintivas del Código Procesal Penal Federal es la afirmación de que, con su entrada en vigor, opera un cambio de paradigma desde un sistema de enjuiciamiento de corte mixto -con mayores inclinaciones inquisitoriales- hacia uno acusatorio. El objetivo perseguido en el trabajo es el de evaluar si, contrastado con los caracteres propios de los sistemas de enjuiciamiento de la naturaleza anunciada, el Código Procesal Penal Federal – aprobado por ley 27.063 y sus leyes modificatorias- efectivamente satisface los requisitos necesarios para ser considerado un sistema acusatorio puro; o si, en cambio, el legislador se ha limitado a mitigar las características inquisitoriales que detentaba el Código Procesal Penal de la Nación aprobado por ley N.° 23.984.
Sexting y sextorsión: una práctica frecuente y peligrosa.
En un mundo digital cada vez más expandido e hiperconectado son muchas las nuevas prácticas digitales que se presentan. Actualmente, ya nadie puede poner en duda que el envío de imágenes intimas a través de las Tic’s conocida como “sexting” ha incrementado significativamente en los últimos tiempos. Esto puede derivar en otras prácticas mucho más peligrosas. Una de ellas es el chantaje conocido como “Sextorsión”. En Argentina, a pesar de los proyectos que se han presentado recientemente para poder enfrentar este tipo de prácticas desde una perspectiva jurídica, todavía no existe una legislación específica vigente sobre la materia.
La cámara de Acusación cordobesa indicó que el acceso al contenido de los dispositivos secuestrados constituye un elemento legítimo e idóneo para lograr avances en el marco de una investigación. Acorde a la postura del máximo tribunal cordobés y de la CSJN, lo relevante para evaluar la legitimidad de este medio de prueba es que las manifestaciones o aportes de prueba sean espontáneos y que no hayan sido fruto de coacción por parte de las autoridades intervinientes. Dado que no hubo coacción en el supuesto de la causa, el tribunal revocó el auto del juzgado de control y dejó habilitada la posibilidad de efectuar la apertura del teléfono celular de la imputada.
Análisis de la paridad de armas y el derecho de defensa en casos de abuso sexual infantil.
El artículo analiza la diferencia crucial y las consecuencias legales entre ser "imputado" y "convocado a proceso" en el sistema judicial de Córdoba, enfatizando cómo esta distinción impacta el derecho de defensa. Destaca la problemática de acceso a la justicia en el contexto de investigaciones penales, particularmente en casos de abuso sexual infantil, donde el procedimiento de cámara Gesell es crucial. Aunque ambos grupos teóricamente gozan de los mismos derechos, la práctica revela una vulneración significativa para los convocados a proceso. El texto propone reformas legislativas y cambios en las prácticas judiciales para equilibrar la balanza y asegurar una defensa efectiva, subrayando la importancia de la paridad de armas en el proceso penal
En el contexto de la causa en la que se condenó a los imputados por el delito de reducción a la servidumbre se fijó la suma total de 44.104.091,20 pesos en concepto de reparación integral del perjuicio en favor de la víctima. Se estableció, además, que ese monto debería ser actualizado acorde al índice de inflación acumulado indicado por el INDEC al momento del efectivo cobro.
Argentina suscribió la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", incorporada a nuestra legislación bajo la Ley 25632, en la que se asume el compromiso de luchar contra la trata de personas y evitar su explotación. Allí se establece que los Estados parte deben establecer mecanismos adecuados para que las víctimas de trata obtengan reparación e indemnización, adoptando las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.
La normativa se complementa con leyes nacionales como la Ley 27372 de Derechos de las Víctimas de Delitos, la Ley 26842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, y la Ley 27508 del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, así como el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas.
Sumario:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró al Estado de Argentina responsable por no haber adoptado medidas razonables para prevenir el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, así como por no haber cumplido con su deber de investigar con la debida diligencia y dentro del plazo razonable el atentado y su encubrimiento.
La Corte declaró, además, la responsabilidad de Argentina por no haber garantizado un acceso real a la documentación sobre el atentado. Asimismo, se determinó la violación al derecho a la verdad por las múltiples falencias del Estado en la determinación de la verdad histórica sobre el atentado y su responsabilidad directa en las maniobras de encubrimiento, así como por las dificultades que han tenido los familiares de las víctimas en acceder a la información sobre el caso.
La Oficina de la Mujer del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba sistematiza la jurisprudencia respecto de femicidios y tentativas de femicidios dictada por los tribunales de la provincia de Córdoba a través del compendio digital de sentencias. Las sentencias dan cumplimiento a los estándares internacionales de derechos de las mujeres.