SUMARIO:
El Tribunal Oral Federal de Paraná perforó el mínimo legal e impuso una condena de ejecución condicional en una causa por transporte de estupefacientes. Entre sus argumentos sostuvo el Tribunal:
"La proporcionalidad de la pena significa, que no solo debe parecer razonable en abstracto -comparado con otros delitos de similar entidad dañosa sino, en concreto, poniendo en la balanza todos los aspectos que hacen a la persona del imputado, su contexto familiar, social, educativo etc. y los perjuicios que le pudiera haber traído el proceso, más allá de lo razonable, como consecuencia de su culpabilidad por haber infringido la ley.
El fallo Arriola, de nuestra Corte Suprema, incursiona en la vigencia dentro de nuestro compacto constitucional en el principio pro homine en cuanto constituye una regla de interpretación en materia de derecho internacional de protección de los derechos humanos cuando predica que: El impulso a la progresividad en la plena efectividad de los derechos humanos, sumado al principio pro homini determinan que el intérprete deba escoger dentro de lo que la norma posibilita, el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana; y esta pauta se impone aun con mayor intensidad, cuando su aplicación no entrañe colisión alguna del derecho humano así interpretado, con otros valores, principios, atribuciones o derechos constitución (fallos 332:1963).
Existen probanzas en la causa de la penurias que padeció el encartado desde su nacimiento, lo avatares que debió pasar tanto él como su madre y hermana por cuestiones de violencia intrafamiliar, la enfermedad de la madre, su postración y aislamiento, su alejamiento por estar detenido, que incluye no haberla acompañado en el momento de su muerte, a la cual la unía una vinculación afectiva muy fuerte. En efecto, fue anoticiado que el 3/6/22 estaba internada con neumonía, y el 10/6/22 se enteró por un llamado de su hermana que había fallecido. Todo esto surge de la carta enviada por su progenitora al Juzgado de instrucción y los informes socio-ambientales de la Defensoría General de fs. 40/41, y el informe obrante a fs.150/151 del incidente de prisión domiciliaria, todo ello implica que padeció en persona la pena natural más injuriosa.
En ese contexto, considero que corresponde efectuar una interpretación en equidad para corregir el monto mínimo de esa pena en abstracto, perforando el mínimo legal, readaptando la punibilidad de la sanción privativa de libertad, de modo tal que habilite su cumplimiento en suspenso -en los límites que se desprenden del artículo 26 del C.P.- y la imposición de reglas de comportamiento -art. 27 bis C.P-.
En ese contexto, considero que corresponde efectuar una interpretación en equidad para corregir el monto mínimo de esa pena en abstracto, perforando el mínimo legal, readaptando la punibilidad de la sanción privativa de libertad, de modo tal que habilite su cumplimiento en suspenso -en los límites que se desprenden del artículo 26 del C.P.- y la imposición de reglas de comportamiento -art. 27 bis C.P-.
Creo que de ese modo, se satisfacen los criterios retributivos y preventivos generales positivos del injusto culpable demostrado y, al mismo tiempo, se aseguran funciones preventivo especiales congruentes con la proporcionalidad, que impiden una pena cuya falta de necesidad la haría contraria a los valores constitucionales."

SUMARIO:
Se rechaza la concesión de la suspensión de juicio a prueba por razones de política criminal ligadas a la protección del ambiente y el derecho a gozar de un ambiente sano.

SUMARIO:
El Juzgado Penal Juvenil De San Fernando del Valle de Catamarca sobreseyó al joven acusado por homicidio agravado en grado de tentativa, por considerar que la conducta que éste llevó a cabo se desarrolló en el marco de la legítima defensa de terceros que prevé el art. 34 inc. 7 del Código Penal.
El juez Rodrigo Morabito realizó un exhaustivo análisis de los elementos del delito y concluyó que "el joven aquí procesado intervino en defensa primero de su familia y luego de su padre al verlo lesionado por una agresión ilegítima que *** inició primero contra su hermano R. M., V. a través de insultos y un golpe de puño y luego contra su padre por medio de la utilización de un arma de fuego; situación violenta que no fue provocada suficientemente por los agredidos R. E., V. y R. M., V.".
Destacó que "no obstante lo reprochable de este episodio violento, tengo la certeza absoluta de que el joven aquí procesado no hizo otra cosa más que defender a su familia (en especial a su padre que terminó herido por un disparo) y lo hizo después de que *** agrediera ilegítimamente a su padre con un arma de fuego y, precisamente en ese acto (seguramente de desesperación y angustia) al ver a su padre herido y desvanecido, abrió fuego contra ***."

La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revoca lo resuelto en primera instancia y exhorta a la aplicación de medidas que suspendan las actividades de vuelco de efluentes líquidos industriales, el acopio o manipulación de amoniaco anhidro y el uso de aparatos sometidos a presión, hasta contar con los permisos ambientales y el acopio y/o manipulación de amoniaco anhidro y el uso de aparatos sometidos a presión, hasta tanto fuesen presentados los permisos ambientales necesarios para su legal funcionamiento. Ello, en aplicación del consagrado principio precautorio ambiental.