El Juzgado Nº 10 en lo Penal y Contravencional de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró a la nulidad de un allanamiento efectuado sin orden judicial por las Fuerzas de Seguridad de la C.A.B.A.
El episodio se desarrolló luego de que personal de los Bomberos de la ciudad concurran a sofocar un incendio y dieran aviso a las Fuerzas de Seguridad del hallazgo de $293.710. Con posterioridad, personal policial ingresa al domicilio donde a sus inquilinos, quienes se encontraban inscriptos en REPROCANN si bien con la habilitación vencida al momento de la medida , le secuestraron 25 (veinticinco) macetas con plantas quemadas, 41 (cuarenta y uno) macetas con plantines y 83 (ochenta y tres) esquejes.
Luego de declarar la nulidad de tal medida ya que no se acreditaron necesidades de urgencia que dispensen a la Fuerza de la obligación de requerir la autorización para el ingreso del domicilio (art. 18 C.N.) procedió el Juzgado a efectuar una serie fundamentos respecto al viraje en la legislación y jurisprudencia respecto a la siembra y el cultivo de cannabis en nuestro país. Entre sus fundamentos se destacan:
"El derecho penal no debe intervenir más en este tipo de conductas, ya que el dominio de está situación ha quedado en el marco de las autoridades administrativas de salud, y en todo caso, deberá ordenarse dentro de las facultades propias del ámbito de regulación administrativa. (...) el Estado argentino fue avanzando en la regulación de la cadena
productiva del cannabis con fines medicinales, por lo tanto aquellas personas que participan de la producción con destino medicinal o terapéutico se encuentran amparados por las leyes 27.350 y 27.669 y sus respectivos reglamentos y disposiciones de las autoridades competentes. Sus incumplimientos pueden dar lugar, según lo detalla la propia ley 27.669, a infracciones administrativas, pero no a la acción penal."
"Este marco regulatorio de nuestro país va en línea con la tendencia mundial respecto, no sólo de la abrumadora prueba científica que se ha dado con relación a los beneficios para la salud que se obtienen de la planta, sino también respecto del fracaso que significó en términos individuales y comunitarios la criminalización de la tenencia de esta sustancia."
Luego de citar un recorrido en las principales legislaciones internacionales coincidentes con su lineamiento sostuvo: "En definitiva, el hecho de que se hayan encontrado y luego, de forma contraria a la ley, secuestrado 41 macetas con plantines y 83 macetas con esquejes de marihuana, a personas que mostraron estar habilitadas según el REPROCANN, es un tema en el que el estado debe intervenir es su faz administrativa y no penal."

La Cámara revocó la declaración de incompetencia por entender que la decisión había sido prematura. Explicó que en el expediente no se había realizado una mínima investigación y que la resolución careció de cualquier consideración de la necesidad de resguardar el principio de economía procesal -por la concentración probatoria- y el interés preponderante del niño involucrado y de las demás partes; en particular, del correcto ejercicio del derecho de defensa. La totalidad de los aspectos de la denuncia que parecieran diferir en algunas cuestiones –muy relevantes– de la hipótesis del impedimento de contacto denunciado en la justicia provincial fue omitida y resulta necesario resguardar el interés superior del niño.

La Cámara Nacional de Apelaciones en los Criminal y Correccional confirmó, por mayoría, el procesamiento de la acusada y modificó la calificación por la de homicidio con exceso en la legítima defensa propia en grado de tentativa. Explicó que las circunstancias reseñadas permiten sostener, como se adelantó, que existió una inicial agresión ilegítima de I. hacia la imputada, sin que ésta la hubiese provocado, y que el cuchillo que ella utilizó para repelerla o impedir su continuación -al menos con los elementos reunidos- no se exhibe desproporcionado en atención a la necesidad y el miedo a una defensa ineficaz, en el particular contexto de violencia que se había generado en el vínculo (artículo 34, inciso 6°, del Código Penal). Ello, acorde al modo de ponderación de los requisitos de la legítima defensa que surgen del pronunciamiento de la Corte Federal, antes aludido.
Aun así -lo que implica no compartir los fundamentos desarrollados en tal sentido en la resolución apelada-, considero que a partir de los elementos de convicción recabados, existió una intensificación de la respuesta inicialmente justificada que torna aplicable la norma del artículo 35 del cuerpo normativo citado, dispositivo que puede abarcar, según las circunstancias de cada caso, una acción justificada inicialmente, pero cuya defensa se convierte en excesiva desde la perspectiva de lo temporal -tal lo sucedido- o superar los límites de lo modal.
Por su parte, el disidencia, se sostuvo que el temperamento adoptado resulta prematuro pues, previo a resolver la situación procesal de la nombrada, en función de los cuestionamientos de la parte recurrente en relación con la posible aplicación de la causa de justificación prevista en el artículo 34, inciso 6°, del Código Penal, el descargo de O., el contexto de lo sucedido y las particularidades del caso en estudio, que tornan aplicables las disposiciones de la ley 26.485 -en especial el artículo 16, inciso i)-, se exhibe pertinente la realización de distintas medidas tendientes a esclarecer lo acontecido. En este sentido, se propició, a la espera de lo que resulte de las medidas señaladas, sin perjuicio de otras que se estimen de interés en la instancia anterior, corresponde revocar el procesamiento de la imputada, y disponer un auto expectante en los términos del artículo 309 del Código Procesal Penal, como así también su inmediata libertad.