El
objetivo fue conocer la percepción frente al regreso a la libertad
en una muestra de internos e internas condenados en doce
establecimientos carcelarios y penitenciarios del Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), y explorar las expectativas y los
temores frente al regreso a la libertad. Para ello se aplicó el
instrumento denominado “cuestionario de expectativas, percepciones
y temores frente al regreso a la libertad” a 202 internos e
internas, al igual que se realizaron unas preguntas sociodemográfi
cas. Entre los resultados se encontró que más del 50 % de los
internos e internas presentan un nivel alto de expectativas,
percepciones y temores frente al regreso a la libertad, lo cual se
relaciona con percepciones positivas, elevados niveles de seguridad y
altas expectativas, a excepción de los ítems relacionados con las
expectativas frente a la consecución de empleo, la formación
recibida y su relación con la oferta laboral; los ítems
relacionados con la confi anza de la comunidad hacia ellos y la
solidaridad y apoyo de la misma, y fi nalmente un ítem referido a la
percepción de la ayuda económica por parte de la familia hacia
ellos. Con referencia a la escala, presentó un Alfa de Cronbach de
0,77, un índice de confiabilidad alto.

El 
derecho a  la  salud  ha  sido  ampliamente
establecido  desde  la  Ley nº. 7.210  (1984), 
conocida  como  la  ley de  Execução 
Penal,  por  la  Constituição  do Brasil
(1988)y por el Plano Nacional de Saúde no Sistema  Prisional 
Brasileiro (PNSSP,2003). En este contexto, el
objetivo del estudio
fue analizar la relación entre  el  derecho  de 
los  presos  a  la  salud y  su 
percepción  sobre  la  atención
recibida 
en  el  Complexo  Penitenciário  Manoel 
Carvalho  Neto  (COPEMCAN), una de las unidades del Sistema
Penitenciario en Sergipe
-Brasil (Marques et al., 2014). 

La 
nueva  redacción  del  art.  80.1  CP
permite   ejecutar   una   pena  
de   prisión   aunque concurran  los 
requisitos  previstos  en  el  art.  80.2 
CP y  sea  razonable  esperar  que  aquélla 
no  es  necesaria para  evitar  la 
comisión  futura  por  el  penado 
de 
nuevos   delitos.   En  
este   trabajo   se   analiza  
la justificación que la prevención general intimidatoria pueda 
ofrecer  para  acorda
r  la  ejecución 
de  la  pena. Con  esta  finalidad,  se 
examina  el  discurso  teórico sobre  el 
efecto  disuasorio  de  la  pena  y 
los  estudios empíricos sobre su comprobación. Atendiendo a
sus conclusiones,  al  hecho  de  que  la 
suspensión  de  la ejecución  de  la 
pena  comporta  una  disminución  de su   
severidad,    a    sus   
características,    y    a   
las circunstancias en las que se plantea esta posibilidad,
concluimos  que  la  suspensión  de  la 
ejecución  de  la pena   comporta  
una   disminución   de   su  
eficacia 
preventiva general intimidatoria.