Sentencia del Jury de Enjuiciamiento que destituyó a una fiscal por considerar encuadrada su conducta en la causal de “desorden de conducta” - Actuaciones que se iniciaron con una denuncia del Procurador General ante el superior tribunal provincial a raíz de una publicación periodística de la que se extrae que la ex fiscal habría presentado un pedido de licencia por razones de salud y habría viajado a pasar unas vacaciones, publicando momentos de su viaje a través de la red social - Recurso interpuesto por la funcionaria destituida - Agravios que no son suficientes para demostrar una afectación al debido proceso - No existe cuestión federal que habilite la intervención de la Corte en el marco de los rigurosos límites que tiene la revisión judicial en asuntos de esta naturaleza - El escrito de presentación del remedio federal no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada, sino que se limita a cuestionarla mediante afirmaciones escuetas y absolutamente dogmáticas - El régimen de remoción de las autoridades de provincia y, en particular, la regulación del enjuiciamiento de magistrados provinciales es una competencia privativa y excluyente de los Estados locales, que no ha sido delegada al Gobierno Nacional - Ni la subsunción de los hechos en las causales de destitución ni la apreciación de los extremos fácticos o de derecho constituyen materia de pronunciamiento - Planteo manifiestamente insustancial - Ausencia de demostración de haberse transgredido en forma nítida, inequívoca y concluyente las reglas estructurales del debido proceso - No hay materia federal que habilite la intervención de la Corte - Se desestima la queja.

- Competencia.

- Maniobra defraudatoria llevada a cabo por autores aún no identificados. Utilización de una dirección de correo electrónico que no se corresponde con los dominios de la empresa “Mercado Libre” para engañar a la víctima -usuaria de la plataforma- y confección de esos correos con los logos, datos, tipografía y redacciones utilizadas por la compañía, simulando el formato original. Imposibilidad de descartar que se hubiera perpetrado una infracción a la Ley 22.362 de marcas y designaciones, verificándose un concurso ideal entre ambas conductas. Damnificada que habría confiado en la seguridad que ofrece la mencionada empresa para este tipo de operaciones. Doctrina que emana del fallo emitido por la C.S.J.N. el 22/10/2020 “Amstrong, Richard s/ estafa”.  

- Competencia de la Justicia Criminal y Correccional Federal.

El Tribunal de Casación absuelve a la imputada porque la sentencia condenatoria no había aplicado perspectiva de género al juzgar la omisión de la acusada de anudar el cordón umbilical en un parto doméstico que transitó sin auxilio médico. 

La sola constatación de que los niños o niñas afectados puedan encontrarse al cuidado de otra persona con sus necesidades básicas cubiertas es insuficiente para demostrar que se tuvo en especial consideración el interés superior de aquéllos, puesto que éste se encuentra íntimamente ligado al derecho que tiene todo niño o niña a crecer junto con su madre, que se desprende de diversas normas de derecho internacional, como por ejemplo, las reglas nº 28, 22, 42, 49, 52.1 y 52.3, 64 de Bangkok, los arts. 3.1, 5.1, 9.1, 9.3, 18.1 y 21 de CDN y en el derecho doméstico los arts. 3, 5, 7, 11, 35 y 37, 39 de la Ley nº 26061. También se ha dejado de lado el límite etario de los incisos “f” de los arts. 10, CP y 32, Ley 24.660, en tanto se consideró que la edad del niño o niña afectados por la decisión no podía resultar un impedimento para la concesión de la prisión domiciliaria pues, en el marco de la citada normativa, dicho obstáculo legal debía relativizarse.