RESUMEN:
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal declaró –por mayoría- la inconstitucionalidad de los artículos 19, inciso 2 en función del 12 del Código Penal y del artículo 3, inciso “e” del Código Nacional Electoral, en relación al derecho al voto de las personas que se encuentran privadas de su libertad cumpliendo una condena.
El voto del juez Gustavo Hornos que lideró el Acuerdo señaló que: Se debe garantizar que la persona condenada mantenga sus relaciones con el mundo exterior en la mayor extensión posible, asegurando el ejercicio de sus derechos y obligaciones. Para ello, se le deben otorgar herramientas que permitan cumplir con el ideal resocializador de la ejecución de la pena y no restringir sus derechos.
El derecho a elegir libremente a un representante, así como el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y elegir libremente a sus gobernantes, integra el universo de Derechos Humanos reconocidos en los principales Instrumentos Internacionales que nuestro país incorporó al derecho interno con jerarquía constitucional.
Que el valor del sufragio universal e igual en el Estado democrático y los parámetros del control judicial de convencionalidad de las normas que reglamentan el ejercicio del derecho en juego y en este sentido, se afirmó que “las normas que limitan genérica y automáticamente el derecho a votar de las personas privadas de su libertad se encuentran en crisis frente a la irreversible evolución y avance en el reconocimiento de sus derechos y entiendo que el punto debe ser objeto de una detenida y actualizada reflexión jurisdiccional”. En este sentido, se señala que “La ejecución de la pena de prisión, en nuestro derecho, busca la reinserción social y evitar la reincidencia y no se advierte el modo en que aislarlo de la posibilidad de elegir a sus representantes contribuya a esos fines, más bien todo lo contrario”.
Además se enfatizó en la necesidad de actuar de modo consecuente con las exigencias de la sociedad que se pretende construir. Por ello, “en la búsqueda de una sociedad democrática, sólida, plural e inclusiva, se imponen las razones del voto universal, en el caso las que permiten el voto a las personas condenadas”.
En la resolución dictada por la Sala III, también se hace especial referencia al Fallo “Orazi” dictado este año por la CSJN donde se remarcó que “…el Congreso de la Nación ni siquiera ha dado tratamiento a los diversos proyectos de ley presentados a efectos de implementar el derecho a votar de los condenados”.
En definitiva, se afirmó que excluir a las personas condenadas de la posibilidad de votar “se traduce en un castigo adicional a la pena ya impuesta y no guarda relación alguna con los fines de la pena. Es preciso recomponer esta situación que contradice los principios de la Constitución Nacional… Es que el ejercicio del derecho al voto constituye una herramienta indispensable para el desarrollo de las personas privadas de su libertad ya que se funda en los valores democráticos consagrados en nuestra Constitución (arts. 1 y 31 de la CN)”.

RESUMEN:
Un migrante fue expulsado del territorio nacional, con prohibición de reingreso por el término de diez (10) años con fundamento en sus antecedentes penales y por aplicación del régimen de migraciones que regía al momento del dictado de la condena penal. Contra dicha decisión, y luego de una serie de recursos, el afectado interpuso recurso extraordinario. La Corte, por unanimidad, revocó la sentencia y ordenó dictar un nuevo pronunciamiento. Para resolver de este modo, consideró que con posterioridad a que el actor interpusiera el recurso extraordinario, fue promulgado el decreto 138/21 que varió sustancialmente el encuadramiento normativo de la cuestión y sobre cuya base debe examinarse la situación del actor en cuanto a las características que debe reunir la condena penal que pesa sobre el migrante para habilitar su expulsión del país por parte de la Dirección Nacional de Migraciones. En esas condiciones, dada la variación sustancial de la regulación normativa en aspectos que fueron objeto de cuestionamientos por el actor, la Corte ordenó examinar nuevamente el asunto a la luz de las nuevas disposiciones vigentes.

RESUMEN:
A raíz de los dichos de la denunciante referidos a que personas desconocidas, a través de distintos usuarios de la red social “Instagram”, la habrían acosado y amenazado, se originó una contienda negativa de competencia entre un juzgado en lo penal, contravencional y de faltas de la Ciudad de Buenos Aires y un juzgado de garantías de la Provincia de Buenos Aires. La Corte entendió que debe ser la justicia bonaerense la que conozca en la investigación de los hechos. Recordó para ello que la competencia por razón del territorio se establece atendiendo al lugar donde se ha consumado el delito y tuvo en cuenta que fue en territorio provincial donde se habrían recibido las amenazas.