el
objetivo del presente trabajo es mostrar las características
generales de la actual realidad penitenciaria en cuanto a la pena de
prisión y las penas alternativas. Se analiza la pena de prisión
desde una perspectiva crítica dando a conocer las limitaciones que
presenta la prisión en cuanto a los derechos  de las personas
presas  y  haciendo una descripción  sobre  los 
principales  efectos  negativos  que  genera 
sobre  estas  personas. Desde la consolidación del Código
Penal de 1995 hasta la última reforma penal de 2015 se ha dado un
incremento constante de la dureza de las penas, aumentando la
duración de  la  pena  de  prisión  y 
su  cumplimiento  dentro  de  la  prisión.
Consecuentemente,  se reduce  la  aplicación 
de  las  penas  alternativas  a  la 
prisión,  contrariando  así  el  principio
constitucional descrito en el artículo 25.2 orientado a la
resocialización del penado y el principio de intervención mínima o
ultima ratio del Derecho Penal.

Instituto
de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-
UNLP-CONICET). Argentina. santiago_galar@hotmail.com

El
trabajo explora la emergencia de temas y la constitución de
problemas públicos que integran la agenda de la seguridad en
Argentina en la etapa democrática a partir de procesos vinculados a
la problematización pública de muertes violentas constituidas como
casos conmocionantes. Con estos fines, el análisis integra la
reconstrucción en el registro de la acción pública de casos
conmocionantes con una revisión de trabajos que desde las ciencias
sociales abordan dimensiones de la muerte violenta y problemas
vinculados a la agenda nacional de la seguridad. Como punto de
llegada del análisis destacamos la capacidad que en la actualidad
manifiesta la inseguridad para absorber e integrar dimensiones en
tanto problema que se constituye como un guion cultural privilegiado
para la comprensión de la violencia, que sintetiza sentidos sociales
circulantes sobre el riesgo y que sirve de plataforma para la demanda
política de amplios sectores de la ciudadanía.

El
artículo hace un estudio de los delitos que protegen el bien
jurídico libertad e indemnidad sexual en la legislación
hondureña, 
comenzando
con el análisis del contexto social del país en relación con la
violencia sexual, para luego analizar la actual
legislación 
constitucional
y secundaria que busca erradicar este tipo de violencia. En
específico, se analiza a la legislación penal que sanciona 
la
vulneración de los bienes jurídicos en estudio, para identificar si
en los tipos penales persisten estereotipos de género que puedan
incidir de forma negativa en la protección del derecho de las
víctimas a ser tratadas con igualdad.
Tras
el análisis de los distintos tipos penales se evidencia que, a pesar
de las diversas reformas realizadas a la legislación penal
hondureña, es necesario revisar y modificar la configuración de
algunos tipos penales, principalmente los delitos de violación y 
estupro,  así  como  el  suprimir  otros 
tipos  penales  cuya  regulación  podría 
inducir  al  juzgador  a  vincular  dichos 
delitos  con  conceptos como el honor y el pudor, como en
los casos de los delitos de rapto e incesto. Asimismo, se advierte
una falta de sistematización en los tipos penales, que afectan la
aplicación de los mismos de forma integral.

el
análisis crítico de los derechos de los extranjeros privados de
libertad en españa es donde se inserta el presente estudio, con el
objetivo de analizar de forma crítica el sistema normativo vigente y
sus repercusiones -desde el punto de vista legal- sobre los
extranjeros que cumplen sanciones privativas de libertad en algún
centro penitenciario español. Para ello también será objeto de
análisis el perfil de la
población
en cárceles españolas, así como consecuencias jurídicas de la
excarcelación.

El
presente artículo sobre la situación actual de las cárceles, se
ocupa específicamente de lo relacionado con el hacinamiento y las
posibles alternativas para su superación.El objetivo es hacer un
análisis crítico sobre el verdadero nivel de hacinamiento en que se
encuentran ahora los centros penitenciarios, y la relación que
existe con la protección de los derechos humanos por parte del
Estado, como un imperativo que requiere de su pleno cumplimiento.Esta
problemática es una situación permanente, recurrente y con
tendencia a profundizarse, lo que ha ocasionado una crisis en materia
del derecho internacional de los derechos humanos, que ha supuesto
necesariamente una responsabilidad del Estado, producto sin duda del
estado de cosas inconstitucional que fue establecido por la Corte
Constitucional a través de la sentencia T-153 de 1998. Las
conclusiones reflejan en su conjunto el alto nivel de ineficiencia
con la que se ha actuado por parte del ejecutivo y el legislativo en
la solución de la crisis de hacinamiento carcelario y la necesidad
de emprender acciones afirmativas, libres del discurso propositivo,
que no hace otra cosa que simplificar el problema pero no
solucionarlo. 

Comprensión
de realidades diferentes a las habituales; es en este ámbito, que la
comunidad LGBTI ha generado desde siempre opiniones contrarias,
debido a que, no son bien vistos y por el contrario reciben toda
clase de apelativos que denigran su condición. Situación, que
ha
sido superada en contextos diferentes al latinoamericano y que en la
actualidad constituyen un punto primordial en las Agendas de los
Estados, en pro de promover el equilibrio en materia de Derechos
Humanos. En este sentido, se encuentra un espacio ideal para generar
un
análisis
en pro de saber los avances que Colombia ha tenido en la materia,
especialmente, en el derecho que tienen los hombres y mujeres
privados de la libertad a recibir la visita conyugal, sin importar,la
orientación sexual que tengan. Análisis que se hace a partir de lo
expuesto por vía jurisprudencial, teniendo como eje la sentencia
T–062 de 2011, y algunas referencias en materia de derecho
comparado. Artículo que se realiza a través de un estudio dogmático
– doctrinal, por medio de una técnica documental. Llegando a
concluir que en Colombia aún falta una sólida base normativa que
proteja los derechos de la comunidad LGBTI y en cuyo caso podría
seguir ejemplos como los de Argentina
que
han logrado un avance significativo.

Nadie
se ha cuestionado por establecer cuáles son los errores ejecutados
en las operaciones militares contra la criminalidad o indagado por
establecer si estos errores son propiamente operacionales y/o
meramente jurídico-administrativos con incidencia operacional; para
tal efecto,se hizo necesario el análisis de diferentes operaciones
militares sorteadas en el departamento de Caquetá que arrojaron como
resultado muertes en combate, las cuales fueron cuestionadas en su
legalidad en sede contencioso administrativa. El país ha sorteado un
conflicto armado interno complejo con las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (FARC), conflicto armado que se vivió
con mucha intensidad en algunas zonas del país; en especial, el
departamento de Caquetá. El país implementa para los años
2002-2006 la política de “Seguridad Democrática” y la extiende
como política exitosa para el 2006-2010, llamada “Consolidación
de la Seguridad Democrática”. Esta política arrojó una serie de
resultados militares operacionales (RMO) caracterizados por bajas en
combate. Dichos resultados fueron cuestionados ante la jurisdicción
contenciosa, quien terminó condenando por falla en el servicio a la
Nación, entre ellos, por ausencia en la acreditación criminal del
occiso, defectuosos informes de patrullaje, no acreditación de la
existencia del combate, falencias en la expedición del acta de gasto
de munición, etc., los cuales son utilizados en la combinación de
las diferentes formas de lucha - “Guerra Judicial”, una guerra
que capitaliza muy bien estos errores y hace de ellos el éxito en
losestrados judiciales.El ejercicio militar ha olvidado que la orden
de operaciones es un acto administrativo, pues contiene la voluntad
de un comandante en ejecutar labores tendientes a contrarrestar la
criminalidad en una entidad territorial, dicho ejercicio o
cumplimiento direccionado a minimizar los actores generadores de
violencia se conoce como “operación militar”, acción que
erróneamente se considera fenece con la simple neutralización del
enemigo (captura o baja en combate); contrario a ello, siguiendo la
simple dinámica administrativa pública, existen actuaciones
administrativas que se ejecutan con posterioridad al resultado
operacional que
pueden
comprometer la legalidad del mismo, en especial las muertes en
combate.