El Superior Tribunal de Justicia de la Provincia de Chubut suspendió mediante una acordada la implementación del juicio por jurados, que se encuentra plenamente vigente por ley desde su sanción por la Legislatura en diciembre de 2019.
Reconocidas instituciones, organizaciones y juristas especialistas en el derecho procesal, constitucional y en la materia de juicio por jurados del país le mandaron una carta abierta a la Legislatura de Chubut para poner freno a la acordada a la que han calificado como un hecho de inusitada gravedad institucional.

El artículo formula una propuesta tendiente a visibilizar ciertas barreras existentes en el sistema de administración de justicia penal (especialmente en el ámbito de la violencia familiar y de las/los jóvenes en conflicto con la ley penal) y formula proposiciones para superarlas, desde la perspectiva de la denominada "justicia restaurativa".

La Cámara Federal de Mar del Plata revocó la medida cautelar que frenaba el proyecto aprobado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y habilitó la explotación petrolera a 300 kilómetros de la costa con la condición de la realización de una nueva Declaración de Impacto Ambiental.

Se exponen los conceptos técnicos de las figuras procesales de arresto, aprehensión y detención, y se las diferencia de la demora de personas por sospecha/indicios de posible comisión de delito, considerándola como una figura prevencional con denominación, características, recaudos y finalidad propia, diversa de las anteriores (denominada retención en Perú, El Salvador y España), observando las deficiencias de algunas normas locales que la contemplan (prov. de Bs. As, Córdoba) y atendiendo a las que gozan de buena redacción (CABA, Santa Fe, Río Negro). Se analizan los conceptos de requisa y de sospecha, con ejemplos jurisprudenciales, y se repara en la incidencia y alcance de la sentencia dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Fernández Prieto y Tumbeiro vs. Argentina” con respecto a las normas prevencionales y de actuación policial, discrepando con algunos pareceres suyos.

En el mes de julio de 2011 se sanciona la Ley 26.695 la cual afirma la Educación como Derecho de todas las personas privadas de su libertad y enfatiza el rol del Estado como responsable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todas las personas detenidas, garantizando la igualdad y gratuidad en el ejercicio de ese Derecho, con la participación de las ONG y las familias, debiendo los internos tener acceso pleno a la educación en todos sus niveles y modalidades y completar la escolaridad obligatoria fijada en la Ley.
Desde este marco, el siguiente texto propone a través de un breve análisis, identificar los desafíos que se presentan a la Educación entendida como Derecho Humano; observar los obstáculos que debe atravesar para que su acceso sea garantizado en contextos de privación de libertad y reflexionar sobre cómo la Educación desde esta perspectiva, puede no solo impulsar y estimular las trayectorias escolares, sino potenciar a los sujetos y transformar la sociedad.

Entrevista a Alessandro Norbedo, enfermero especializado en gestión de la salud, Presidente de la Sección de Justicia y Salud Mental de la WFMH; Director de la Residencia para la ejecución de las medidas de seguridad (REMS ) con sede en la localidad de Aurisina, en la región del Friuli-Venezia-Giulia, Italia.