Sumario: I.- Introducción; II.- El concepto de doble conformidad; III.- Diferencias entre la doble conformidad y la doble instancia; IV.- El derecho a la doble conformidad en el sistema Universal de los Derechos Humanos- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; V.- El Derecho a la Doble Conformidad en el Sistema Regional de Derechos Humanos - Convención Americana Sobre Derechos Humanos o Pacto de San José; VI.- El derecho a la doble conformidad en otros instrumentos internacionales; VII.- Evolución del Derecho a la Doble Conformidad en el Derecho Penal Colombiano; VIII.- La insuficiencia del acto legislativo 01 de 2018 frente al derecho de la doble conformidad; IX.- El proyecto de Ley número 129 de 2021, por medio de la cual se garantiza el derecho a la doble conformidad y se dictan otras disposiciones; X.- Estado de la doble conformidad en la doctrina contemporánea; XI.- Conclusiones; XII.- Referencias bibliográficas

El presente articulo trata algunos de los aspectos más relevantes sobre el origen y evolución que ha tenido el derecho a la doble conformidad en el derecho penal. Para lo cual describe el concepto de la doble conformidad o doble conforme en los distintos sistemas de protección de los derechos humanos, así como la historia de este, en el sistema jurídico penal colombiano. El trabajo dejar ver que a pesar de los grandes esfuerzos jurisprudenciales y legislativos hechos en estas tiempos por el Estado colombiano, dichas esfuerzos no se compadecen con los estándares internacionales sobre los tratados de Derechos Humanos que el Estado se comprometió en aplicar en el pasado. Donde se ha improvisado en la aplicación y reconocimiento de dicha garantía derecho, dejándose de lado aspectos tan delicados como la seguridad jurídica y la cosa juzgada.

Sumario: I.- Antecedentes; II.- La justicia y los pueblos indígenas; III.- Pluralismo jurídico en América; IV.- Pueblo indígena, libredeterminación, instituciones, autoridades; V.- Enfoque intercultural en la práctica desde Takuapí: “justicia indígena y justicia blanca”, Ruiz de Montoya, Misiones; VI.- Obras citadas; VII.- Anexos; VIII.- Agradecimientos

Resumen: Este documento se escribe para poner a disposición de toda persona, institución u organismo público estatal, organización no gubernamental, funcionarios del estado, legisladores y otros interesados, las actividades desarrolladas por autoridades indígenas junto a autoridades y funcionarios no indígenas con el objetivo de lograr una justicia que cumpla su propósito y que reconozca y respete el valor de la cultura del pueblo mbya-guaraní.

A fines de 2014, se interpuso el Recurso Extraordinario con Agravo 848107 en el Supremo Tribunal Federal, con miras a discutir si el cómputo del plazo para la prescripción de la pena debe comenzar a contarse a partir de la decisión final de enjuiciamiento o para todas las partes. El recurso fue interpuesto por el Ministerio Público del Distrito Federal, cuestionando la sentencia del Tribunal de Justicia del Distrito Federal que reconoció como punto de partida para el cómputo del plazo la decisión firme e inapelable para la acusación, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 112 , I, del Código Penal. Recientemente, más precisamente el 24 de marzo, la Corte Suprema volvió a discutir el tema, oportunidad en la que representantes de las Defensorías Públicas de la Unión, del Estado de Río de Janeiro (que actúan como amici curiae) y del Distrito Federal (que defiende al imputado en el caso concreto) manifestaron su oposición al recurso por no ser la vía adecuada para analizar la aplicación de esta regla. Según ellos, el cambio lo debe hacer por el Poder Legislativo, que tuvo varias oportunidades para impulsarlo, pero no lo hizo. Los defensores públicos invocaron el principio de estricta legalidad en materia penal y también señalaron que el artículo 112, I, del Código Penal se encuentra en el ordenamiento jurídico desde 1984, es decir, hace 38 años, período que antecede a la institución del principio de la presunción de inocencia por la Constitución Federal de 1988.

Este trabajo busca hacer un repaso de la situación normativa y jurisprudencial de las costas y los honorarios en el proceso penal tucumano según el Nuevo Código Procesal Penal . Se hace énfasis sobre la imposición de costas al Ministerio Público Fiscal en la derrota y en la regulación de honorarios a la defensa pública cuando su actuación deviene exitosa. Se delinea el horizonte para el litigio sobre ambos temas y las oportunidades que se abren para renovar las prácticas al respecto.

RESUMEN:
El artículo expone de modo monográfico y descriptivo el fenómeno de la expansión punitiva, sus factores originantes y sus consecuencias. Los autores pretenden interconectar los desarrollos al respecto con la realidad jurídico-penal de nuestro país.

SUMARIO:
I.-Antecedentes históricos y legislativos; II.- Comentario a las normas - ley 24.660 y decreto reglamentario 396/99 sobre modalidades básicas en la ejecución de la pena.- jurisprudencia; III.-Procedimiento; IV.- Conclusión; V.- Bibliografía

RESUMEN:
El autor ofrece comentarios a los arts. 100 a 104 de la Ley de Ejecución De la Pena Privativa de la Libertad, en los que evalúa las normas relativas a conducta y concepto. Analiza sus antecedentes históricos y legislativos, y comenta la ley 24.660, el decreto reglamentario n° 396/99 y la jurisprudencia al respecto.

SUMARIO:
A la vanguardia del debate clásico sobre la justificación del castigo, algunas variantes del republicanismo penal sugieren que tal fundamento debe buscarse en una relación anterior al crimen: en una relación política. Afirman que podemos castigarnos porque pertenecemos, en conciudadanía, a una misma comunidad política. Pero entonces aparece necesariamente la pregunta sobre cómo se justifica el castigo a personas extranjeras. Con referencias al caso argentino, este artículo discute con las explicaciones teóricas ensayadas por Duff y las alternativas de Zedner, Yaffe y Chehtman. El debate, así planteado, parece dirimirse entre (i) fundar la respuesta punitiva en la comunidad entre personas ciudadanas dejando sin orientación normativa a las diversas formas de castigo de las no ciudadanas o (ii) renunciar a una justificación relacional del castigo para todos. Para escapar del dilema, planteo que quienes entiendan que la legitimidad del castigo debe buscarse en algún tipo de relación política preexistente deben redefinir esa relación para que pueda dar cuenta de los diferentes vínculos que nos unen a quienes cohabitamos un mismo territorio político. En lugar de descartar a la membresía política como justificación del reproche penal, sostengo que se puede renunciar a que esa membresía constituya la única justificación posible. Finalmente propongo dos pautas para que una teoría de la justificación del castigo pueda dar cuenta de los diferentes criterios de atribución de la ley penal: el nivel de dependencia y el nivel de participación.

REFERENCIA:
Artículo originalmente publicado en la revista ISONOMÍA, disponible en http://isonomia.itam.mx/index.php/revista-cientifica/article/view/448 . Revista Pensamiento Penal recomienda la cita de la publicación original.

CITA SUGERIDA:
Beguerie, D. (2022). Ajenos: la inmigración como un dilema para la teoría de Duff sobre la autoridad del castigo. Isonomía - Revista De teoría Y filosofía Del Derecho, (56), 101–135. https://doi.org/10.5347/isonomia.v0i56.469

RESUMEN:

Agustina Mitre propone incorporar los avances y conclusiones de la neurociencias en el proceso penal para repensar los problemas clásicos, y concretamente indagar sobre las evidencias neurocientíficas en torno a la memoria humana, para otorgar una valoración adecuada a la prueba testimonial.