El
presente trabajo evalúa la constitucionalidad de la huelga de hambre
de personas que se encuentran privadas de libertad y de la
alimentación forzada de las mismas, en diálogo con la
jurisprudencia nacional que desde hace tres décadas se ha
pronunciado sobre estos temas. La herramienta utilizada al efecto es
el habitualmente denominado principio de proporcionalidad, examinando
ambas medidas desde los criterios de adecuación, necesidad y
ponderación que lo constituyen. Para estos efectos se desarrolla un
marco conceptual que permite comprender la legitimidad de la huelga
de hambre, como mecanismo mediante el cual se reclama el efectivo
disfrute de determinados derechos fundamentales.

Como
consecuencia de los debates doctrinarios y jurisprudenciales que
desde los planteamientos de la teoría del Derecho Penal
Administrativo se dieron en Alemania a comienzos del siglo xx, en
España especialmente, se ha venido defendiendo la identidad entre
ilfcitos penales y administrativos y el mantenimiento o la devolución
a los órganos judiciales de las facultades que en este sentido son
atribuidas a la administración. En este artículo nos proponemos
observar el panorama histórico del derecho administrativo
sancionador en el derecho comparado, sus principales 
características en el contexto histórico así como sus vicisitudes,
para dejar planteados los interrogantes sobre su legitimación y las
necesidades sociales que ha tenido que satisfacer hasta nuestros
días. 

La 
Administración  Obama  lidera  lo  que  se 
ha  denunciado  como ”una guerra contra las filtraciones”
que ha salpicado a varios in-formadores. Las revelaciones de
WikiLeaks  o la Agencia de Seguridad  Nacional desafían 
la  definición  actual  de  periodistas 
como 
profesionales protegidos ante la justicia.  

en
la vii legislatura (2000-2004), el código penal español de 1995
sufrió más de 10 reformas dando lugar a un sistema penal más
punitivo. En este contexto de endurecimiento de la legislación
penal, los medios de comunicación con su tratamiento hacia la
delincuencia violenta han constituido un factor coadyuvante mientras
los partidos políticos, en un contexto de desafección y pérdida de
popularidad de los representantes, han utilizado el Derecho Penal
como instrumento para mostrar su legitimación e interés por los
problemas sociales. El presente trabajo es un breve estado de la
cuestión sobre la relación que se ha establecido entre los medios
de comunicación, los policy makers y las reformas penales en el
estado español. Paralelamente, también se pretende dar a conocer la
Teoría de la agenda-setting, como marco conceptual que permite
captar la influencia de los medios de comunicación en la agenda
política.