SUMARIO: I.- Introducción; II.- Desarrollo; III.- Conclusión; IV.- Bibliografía
RESUMEN: Este artículo analiza la regulación de la mediación en el CPPCABA y los aspectos conflictivos de la misma a partir de doctrina y jurisprudencia local.
El presente compendio contiene los extractos más relevantes de los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y dictámenes de la Procuración General de la Nación en materia de extradiciones durante el año 2022. Los extractos fueron adaptados para simplificar su lectura y han sido clasificados en cuatro ejes temáticos principales a la vez que se encuentran precedidos por un índice temático, a los fines de facilitar la búsqueda y acceso a los lineamientos en la materia. De esta manera, se han agrupado en los siguientes ejes temáticos: 1. Cuestiones generales
2. Requisitos formales, 3. Doble incriminación y penalidad mínima, 4. Causales de denegación.
La violencia laboral sanitaria externa es una problemática cuyo crecimiento no se detiene. Pese a eso, los profesionales de la salud no están protegidos por normas específicas. Ante la ocurrencia de agresiones por parte de pacientes o de allegados a ellos, los agentes sanitarios quedan expuestos a situaciones que tienen como correlato consecuencias para su salud física y mental.
La violencia laboral sanitaria externa es una problemática cuyo crecimiento no se detiene. Pese a eso, los profesionales de la salud no están protegidos por normas específicas. Ante la ocurrencia de agresiones por parte de pacientes o de allegados a ellos, los agentes sanitarios quedan expuestos a situaciones que tienen como correlato consecuencias para su salud física y mental.
Los hechos violentos en el ámbito hospitalario dejan al descubierto la necesidad de que desde el Estado se genere el marco legal específico para actuar ante esos casos, en pos de la protección de los derechos de los trabajadores. Una legislación específica otorgará a los damnificados una reparación y una cobertura adecuada, en un marco de equidad.
En este trabajo se hará un recorrido por algunos documentos específicos, que nacieron en el marco de asociaciones de médicos y sociedades científicas, pero que no suplen, en modo alguno, la intervención del Estado.
Por último, se advierte la necesidad imperiosa de regular este aspecto de la violencia laboral en las instituciones de salud, con graves consecuencias tanto para las instituciones como para las víctimas.
La violencia laboral sanitaria externa es una problemática cuyo crecimiento no se detiene. Pese a eso, los profesionales de la salud no están protegidos por normas específicas. Ante la ocurrencia de agresiones por parte de pacientes o de allegados a ellos, los agentes sanitarios quedan expuestos a situaciones que tienen como correlato consecuencias para su salud física y mental.
Los hechos violentos en el ámbito hospitalario dejan al descubierto la necesidad de que desde el Estado se genere el marco legal específico para actuar ante esos casos, en pos de la protección de los derechos de los trabajadores. Una legislación específica otorgará a los damnificados una reparación y una cobertura adecuada, en un marco de equidad.
En este trabajo se hará un recorrido por algunos documentos específicos, que nacieron en el marco de asociaciones de médicos y sociedades científicas, pero que no suplen, en modo alguno, la intervención del Estado.
Por último, se advierte la necesidad imperiosa de regular este aspecto de la violencia laboral en las instituciones de salud, con graves consecuencias tanto para las instituciones como para las víctimas.
El fallo dice: "el auto de sobreseimiento sólo resulta apelable por el Ministerio Público Fiscal, la parte querellante (artículo 337 del Código Procesal Penal) y la defensa únicamente en torno a la causal aplicable, y que si bien la ley 27.372 le otorga a la víctima el derecho a ser oída y solicitar la revisión de determinadas decisiones, tales como la desestimación y el archivo (conf. art. 80, inc. “h”, del Código Procesal Penal), se ha excluido la actividad recursiva concerniente al sobreseimiento del imputado (de la Sala VII, causas número 81.841/18/1, “C., F. L.”, del 2 de julio de 2019 y número 70.934/18/1, “A., R. Y.”, del 21 de octubre de 2019); de modo que, corresponde declarar mal concedido el recurso de apelación articulado por la Sra. I. E. P. contra el auto de sobreseimiento de R. A. G. del 13 de junio pasado".
El ensayo de Fernando Gauna Alsina analiza el libro "Penas ilícitas" de Zaffaroni, que propone compensar penas excesivas en prisiones que violan derechos humanos. Aborda las críticas que formula Leandro Días contra la aplicación selectiva y la atribución de responsabilidad a jueces que propone Zaffaroni. Frente a ello, Gauna Alsina propone un contrapunto: aunque tiene debilidades, el planteo de Zaffaroni busca ajustar el poder punitivo y no tolerar las torturas. El debate gira en torno a equilibrar derechos de condenados y víctimas en un sistema legal justo y coherente.
RESUMEN:
El ensayo aborda el libro "Penas ilícitas: un desafío a la dogmática penal" de E. Raúl Zaffaroni, publicado en 2020, que resalta los problemas en el sistema penal de América Latina y Argentina, proponiendo compensaciones por penas excesivas y condiciones de prisión inhumanas. Zaffaroni argumenta que la dogmática jurídico-penal debe abordar estas preocupaciones, proponiendo que los jueces deben considerar la proporcionalidad en el castigo y la situación carcelaria. Identifica el castigo que excede la prisión habitual como tortura y una pena ilícita. Propone que esta pena ilícita debe ser compensada reduciendo la duración de la sentencia impuesta legalmente. Sin embargo, Leandro Dias plantea críticas a la propuesta de Zaffaroni.
Así, Zaffaroni recibe críticas por su enfoque en el sufrimiento del condenado en lugar de considerar a las víctimas y a la sociedad. Dias también destaca problemas en la aplicación de su propuesta, como la inconstitucionalidad de escalas penales mínimas. Cuestiona la idea de responsabilizar a jueces por tortura como autores mediatos, debido a la falta de control sobre los hechos. Además, argumenta que Zaffaroni utiliza un concepto laxo de tortura, lo que dificultaría su implementación en la dogmática penal.
A pesar de las críticas, el autor del ensayo defiende el enfoque de Zaffaroni y argumenta que su propuesta podría fortalecerse con una lectura contextualizada. Contrarresta las críticas sosteniendo que la compensación no anula los derechos de las víctimas y argumenta que el enfoque en las escalas penales mínimas no considera otros aspectos legales y constitucionales. Además, sostiene que los jueces tienen un grado de control sobre la prisión y que la propuesta de Zaffaroni es coherente con su enfoque general en la reducción del poder punitivo. En última instancia, destaca la importancia de un análisis detallado y contextual para comprender plenamente la propuesta de Zaffaroni.
Los gobiernos de varios países de América Latina han utilizado programas informáticos para espiar campañas electorales en los últimos años. Ello vulnera mecanismos constitucionales para garantizar una democracia sana en la región.
Les invitamos a leer la entrada de María Agustina Puebla “La preocupante relación entre el espionaje digital y las campañas electorales en América Latina” en el blog de la Revista Derecho del Estado.
RESUMEN:
Los gobiernos de varios países de América Latina han utilizado programas informáticos para espiar campañas electorales en los últimos años. Ello vulnera mecanismos constitucionales para garantizar una democracia sana en la región.
Les invitamos a leer la entrada de María Agustina Puebla “La preocupante relación entre el espionaje digital y las campañas electorales en América Latina” en el blog de la Revista Derecho del Estado.
Disponible en: https://blogrevistaderechoestado.uexternado.edu.co/2023/08/14/la-preocupante-relacion-entre-el-espionaje-digital-y-las-campanas-electorales-en-america-latina/
REFERENCIA:
Artículo publicado en Blog Revista Derecho del Estado (https://blogrevistaderechoestado.uexternado.edu.co). Revista Pensamiento Penal solicita la cita de la publicación original.
CITA SUGERIDA:
María Agustina Puebla, “La preocupante relación entre el espionaje digital y las campañas electorales en América Latina” en Blog Revista Derecho del Estado, 14 de agosto de 2023. Disponible en: https://blogrevistaderechoestado.uexternado.edu.co/2023/08/14/la-preocupante-relacion-entre-el-espionaje-digital-y-las-campanas-electorales-en-america-latina/
El trabajo aborda el consumo problemático de drogas en Santa Fe, destacando la confusión entre derecho de salud y penal. A pesar de las leyes avanzadas, la falta de operatividad obstaculiza la atención integral. Las estructuras narco-criminales a menudo involucran a consumidores en roles subordinados. El autor propone que fiscales dirijan enfoque hacia actores principales y víctimas vulnerables, asegurando equidad y paz social. La desfederalización no sería viable.
RESUMEN:
En una exploración crítica sobre el problema del consumo problemático de drogas en la provincia de Santa Fe, Walter Alberto Rodríguez analiza la intersección entre el derecho de la salud y el derecho penal. Este análisis se enfoca en el contexto histórico, normativas nacionales y provinciales, inoperancia de las leyes, la relación entre el consumo problemático y la narcocriminalidad, y propuestas para abordar el problema.
El autor identifica un conflicto entre el enfoque de salud y el castigo penal en el tratamiento de consumidores de drogas. Se destaca la ley 23.737, que establece medidas de seguridad curativas para quienes cometen delitos bajo la influencia de drogas. Rodríguez argumenta que esta mezcla de salud y penalización contradice el derecho a la autodeterminación y resalta la necesidad de considerar tratamientos adecuados y respetuosos de los derechos individuales.
Se examinan las leyes de salud mental y se resalta su enfoque en la prevención y tratamiento de adicciones. Sin embargo, el autor señala la falta de operatividad en la implementación de estas leyes, especialmente en la provincia de Santa Fe. Fallos presupuestarios y falta de reglamentación han obstaculizado su efectividad.
El autor también explora la relación entre el consumo problemático y la narcocriminalidad, evidenciando cómo las estructuras criminales explotan a individuos afectados por el consumo para sus fines. Enfatiza la necesidad de abordar a estas personas con un enfoque de salud en lugar de penal.
Rodríguez propone estrategias para mejorar la situación, incluyendo la dirección de fiscales para enfocarse en grupos criminales más peligrosos y revisar cómo se trata a individuos afectados por el consumo. También destaca la incompatibilidad de soluciones punitivas con la desfederalización de investigaciones.
En resumen, el análisis de Rodríguez aborda el dilema entre el enfoque de salud y el castigo penal en relación con el consumo problemático de drogas en Santa Fe. Propone abordajes legales y prácticos para mejorar la atención a los consumidores, destacando la importancia de equilibrar los enfoques de salud y justicia.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución de primera instancia de procesamiento por defraudación por retención indebida por un hecho en el que el acusado no devolvió el perro a su vecino pese a los reclamos que se le realizó.
Se resolvió que de acuerdo a la normativa vigente un animal es una cosa mueble con características de semoviente, se consideró que el bien jurídico había sido lesionado y la conducta resultaba típica.
La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó la resolución que ordenó la nulidad del acto administrativo que dispuso el traslado a la Unidad Operacional de Seguridad Preventiva de Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Entre las razones expuestas se encuentra la falta de razones suficientes para justificar el traslado.
Se suscitó un conflicto entre un padre y su hija respecto del establecimiento educativo en el que aquélla cursaba sus estudios y la disconformidad del progenitor quien prefería una escuela técnica.
La jueza del Juzgado de Familia N° 2 de San Fdo. del Valle de Catamarca hizo lugar al pedido de la menor de edad, con fundamento en el interés superior del niño, la autonomía progresiva, el derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez.
Así también y dado el conflicto familiar que logró describir la joven y en el que se hallaba inmersa, ordenó a los padres acreditar una terapia psicológica y la vinculación con la abuela, prohibida por su padre.
Es de destacar que la sentencia reserva un acápite destinado a explicar su decisión con palabras claras y ponerse a su disposición en caso que ella así lo requiriera.