El 1º de septiembre la PPN presentó, ante la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, una propuesta legislativa (Expte. num. 273-OV-17) para regular la capacidad funcional y de alojamiento de todos los establecimientos destinados a la privación de la libertad de personas con el objeto de aminorar el problema del hacinamiento.

La propuesta prevé mecanismos de acreditación previos, con amplia participación de actores involucrados, mecanismos de alerta y control, y la aplicación de un sistema para la prevención o remedio de las violaciones a derechos humanos.

Brevemente corresponde señalar que según los datos oficiales de Argentina, las cárceles federales han funcionado durante los últimos años con una ocupación cercana al 90% de su capacidad de alojamiento declarada. Al finalizar el período 2016 la tasa de ocupación ha mantenido su tendencia creciente, superando durante todos los meses de 2017 su máximo histórico, funcionando con sobrepoblación general.

Las medidas adoptadas por la administración penitenciaria en relación a la definición y fijación de las capacidades de alojamiento, lejos de contener la problemática, la han agravado al carecer de criterios objetivos para la definición del cupo carcelario. Durante los últimos años, además, se ha dificultado el acceso a información confiable.   

El proyecto en cuestión ya había sido presentado en octubre de 2013. No obstante, dado que a la fecha el problema de la sobrepoblación persiste e incluso ha empeorado notablemente, se remitió nuevamente al Congreso de la Nación solicitando se impulse su tratamiento.