Este artículo critica al nuevo proyecto de ley penal juvenil en Argentina que propone bajar la edad de criminalización a 13 años y aumentar las penas de cárcel para adolescentes. Los autores, Martin Alderete y Evangelina Cavanna, argumentan que esta propuesta legislativa reduce los derechos de los menores y contradice tanto la Convención Internacional de los Derechos del Niño como decisiones previas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En primer lugar, expone que los argumentos utilizados para justificar el proyecto son falaces. Se menciona que las cifras de delincuencia juvenil presentadas por el Ejecutivo son exageradas y no reflejan la realidad, ya que la mayoría de los delitos cometidos por jóvenes son contra la propiedad y no contra las personas. Además, el proyecto ignora datos que muestran que solo un pequeño porcentaje de adolescentes comete delitos graves, lo que evidencia que no existe una crisis de criminalidad juvenil que justifique tal endurecimiento de la ley.

Finalmente, los autores critican que el proyecto de ley prioriza la privación de libertad sobre medidas alternativas y restaurativas, las cuales son recomendadas por la normativa internacional. Consideran que esta ley, en lugar de promover la reintegración social de los adolescentes, fomenta una respuesta punitiva que podría aumentar la criminalización y el sufrimiento de los jóvenes, contradiciendo los principios de justicia juvenil y los derechos humanos.

El artículo analiza la complejidad legal del delito de trata de personas en el contexto del crimen organizado, haciendo énfasis en los conceptos de tentativa, autoría, y participación criminal. Se estructura en varios apartados que incluyen una introducción al problema, un análisis de la normativa penal aplicable, y una discusión detallada sobre cómo estos conceptos se aplican en casos de trata de personas. Además, se explora cómo la criminalidad organizada influye en la interpretación y aplicación de estos conceptos legales.

En la primera parte del artículo, se realiza un abordaje de la normativa penal argentina relacionada con la trata de personas, destacando que es un delito de "pura actividad" que no requiere un resultado específico para su consumación. También se discuten las implicancias legales de la tentativa y la participación criminal, subrayando la importancia del "cómplice primario" y la diferencia entre autoría y participación según el Código Penal Argentino.

La segunda parte del artículo examina el delito de trata de personas desde la perspectiva del crimen organizado, señalando que la trata a menudo involucra una cadena de individuos que actúan en diferentes etapas del proceso criminal. Esta sección enfatiza la necesidad de una interpretación más amplia y unitaria de la autoría y la participación en estos delitos, argumentando que cada contribución, incluso la pertenencia a la organización criminal, debe ser considerada dentro del contexto del crimen organizado. El autor propone que la coautoría funcional permite atribuir responsabilidad penal a todos los involucrados en el esquema delictivo, independientemente de si completaron o no sus roles específicos.

El artículo analiza una resolución judicial del Juzgado de Violencia de Género de Chilecito, La Rioja, donde se habría vulnerado el derecho del imputado a elegir a su abogado de confianza. Este derecho, protegido por la Constitución Nacional y tratados internacionales de derechos humanos, fue restringido por el tribunal al impedir la participación del abogado elegido debido a un supuesto conflicto de interés.

Se describe cómo el tribunal rechazó dos veces la solicitud del imputado para que su abogado designado lo representara. En ambas ocasiones, el tribunal alegó motivos de nulidad e inadmisibilidad, lo que resultó en una limitación significativa del derecho de defensa del imputado.

Concluye asi que estas decisiones judiciales son incompatibles con los estándares de derechos humanos y resaltan la necesidad de respetar el derecho a una defensa efectiva y sin restricciones indebidas en los procesos penales, conforme al mandato constitucional.

En la era de la Big Data, el acceso estatal a los teléfonos celulares plantea un dilema fundamental entre la búsqueda de la verdad y la protección de la intimidad personal. La creciente capacidad de los gobiernos para acceder a los datos personales almacenados en dispositivos digitales, bajo el pretexto de seguridad y justicia, desafía los principios básicos de privacidad y autonomía consagrados en las democracias modernas. La privacidad individual, respaldada por normas nacionales e internacionales, enfrenta nuevos desafíos cuando se trata de permitir o restringir el uso de datos biométricos para desbloquear dispositivos en investigaciones penales.

El artículo aborda los diferentes enfoques normativos y jurisprudenciales en relación con el desbloqueo de teléfonos celulares mediante datos biométricos del imputado, diferenciando entre los aportes voluntarios y los compulsivos. Mientras que algunos argumentan que la provisión forzada de datos biométricos no viola la prohibición contra la autoincriminación forzada, otros consideran que dicha acción representa una forma de autoincriminación y, por tanto, debería estar protegida por derechos fundamentales. Se discuten casos específicos en Argentina y Estados Unidos, donde la jurisprudencia ha variado en su tratamiento de este tema, reflejando una falta de consenso y la necesidad de una regulación más clara y precisa.

Finalmente, el texto propone una revisión de las leyes procesales penales para abordar adecuadamente estos desafíos legales y éticos en la era digital. Se sugiere que se establezcan normas que definan claramente las condiciones bajo las cuales se pueden utilizar los datos biométricos y se limiten los hallazgos fortuitos durante las investigaciones digitales. Esto es fundamental para garantizar que los principios de dignidad humana y autonomía personal no se vean comprometidos en la búsqueda de la verdad judicial, equilibrando así la necesidad de seguridad pública con la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El desarrollo de las neurociencias cognitivas está revolucionando nuestra percepción del comportamiento humano y plantea serios retos a la doctrina penal convencional. Tradicionalmente, el derecho penal se fundamenta en la idea de culpabilidad, que presupone que los individuos pueden tomar decisiones racionales. No obstante, investigaciones recientes indican que muchos comportamientos son el resultado de procesos neurológicos inconscientes, lo que cuestiona la idea de libre albedrío y reabre debates filosóficos de larga data. En ese contexto, se reaviva el debate entre el iusnaturalismo, que postula principios de justicia universales con base en la moral, y el iuspositivismo, que define el derecho como un conjunto de normas establecidas por autoridad competente prescindiendo del contenido moral que las inspira. Ambos enfoques se enfrentan al desafío de adaptarse a estas nuevas realidades científicas. Este ensayo se propone examinar cómo estas teorías pueden encontrar puntos de convergencia en el contexto actual, integrando los avances científicos de la neurociencia y su impacto en la responsabilidad personal. Se identifican áreas comunes y se analiza cómo la neurociencia puede enriquecer y desafiar las teorías jurídicas, aportando una comprensión más profunda del derecho en un entorno cada vez más complejo y tecnológico.

A partir de la Directiva (UE) 2024/1203) se busca unificar y reforzar el régimen de protección penal del medio ambiente en la Unión Europea. Allí se establece un orden obligatorio sobre cuales conductas en este tema deben ser tipificadas. Los países deben transponerla a sus respectivos ordenamientos penales antes del 21 de mayo de 2026. Además, debe destacarse que introduce mecanismos de protección para denunciantes de las conductas que impliquen un delito ambiental. Este breve trabajo tiene como objeto una comparación muy general con la legislación argentina reciente y -en lo específico- el llamado RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) que provoca en la legislación ambiental, autorizaciones para una flexibilización que, entre tantas cuestiones no imponen condiciones a las empresas beneficiarias que impliquen la presentación de Estudios de Impacto Ambiental ni la realización de Evaluaciones de Impactos Acumulativos de sus proyectos.