En el contexto donde las políticas públicas y el sistema de justicia impactan directamente sobre los ciudadanos, una columna de análisis escrita por Mateo Lawler busca iluminar el impacto de la teoría retributiva del castigo en las penitenciarías argentinas. Este artículo pretende desmantelar los elementos retributivos presentes en las políticas penitenciarias y desentrañar su resonancia dentro de ciertos discursos políticos. A través de esta investigación, se explora cómo estas teorías no solo están incrustadas en el discurso político, sino también las consecuencias negativas que tienen sobre las vidas de aquellos que están en prisión.

El artículo de Carlos Dario Bottino examina la posible inconstitucionalidad del artículo 336 del Código Procesal Penal de la Nación, destacando un conflicto con la Constitución Nacional y las Convenciones Internacionales. El análisis se centra en la protección del derecho a la honra y la dignidad humana, fundamentos esenciales establecidos tanto en la Constitución Argentina como en diversos tratados internacionales. El autor recuerda que estos derechos están recogidos en el artículo 33 de la Constitución, así como en instrumentos internacionales de jerarquía constitucional que Argentina ha suscrito. A nivel nacional, los artículos 51 y 52 del Código Civil y Comercial promueven la inviolabilidad de la dignidad humana, permitiendo a las personas reclamar por daños a esta garantía.

El análisis del art. 336 del Código Procesal Penal plantea que el sobreseimiento procede en varios casos, pero destaca que solo en ciertos supuestos se declara explícitamente que el proceso no afecta el buen nombre y honor del imputado. Bottino critica que la norma excluya esta declaración cuando la acción penal se ha extinguido, lo que considera un error. Según su perspectiva, esta omisión resulta contraria a la protección del honor y la dignidad, consagrada tanto por la Constitución como por tratados internacionales, subrayando la necesidad de garantizar una protección legislativa comprensiva que defienda este derecho en todos los casos previstos por la ley.

El caso de Lucas González, además de representar el arquetipo de una tragedia evitable, permite evidenciar claramente la combinación de métodos de violencia institucional históricamente utilizados, con nuevas formas que se han forjado a la vera de los límites constitucionales consagrados.

Este artículo busca explicitar estas nuevas manifestaciones de violencia institucional para que los distintos operadores judiciales y las propias fuerzas de seguridad busquen instrumentar las medidas necesarias para contrarrestar este nuevo desafío para el estado de derecho vigente.

El 28 de junio de este año el Ministro de Justicia y la Ministra de Seguridad de la Nación presentaron el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad en Argentina, la edad en la que se puede declarar penalmente responsable a un niño.

El presente artículo analiza ideas que subyacen a la propuesta del Poder Ejecutivo a través del análisis de los argumentos oficiales, en contraste con datos estadísticos y experiencias en la temática. Pretende dar elementos para el debate y considerar la factibilidad de la propuesta. Nos preguntamos en qué medida las ideas o argumentos que promueven la modificación de la legislación pueden acercarnos el objetivo propuesto.

El recorrido que se plantea inicia por la descripción de los/as jóvenes que actualmente son privados de libertad, un punto de partida que parece esencial para empezar a debatir. En esta misma línea seguiremos con un análisis estadístico que nos permite dimensionar la problemática penal juvenil en el país, otro análisis urgente y necesariamente previo a tomar decisiones que implican a la sociedad toda. La segunda mitad del artículo expone un análisis de los motivos y argumentos del Poder Ejecutivo para proponer tal modificación, para cerrar con un desarrollo más amplio de las implicancias e impacto que tendría la aprobación de la norma en el conjunto social.

La Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia, al discutir la aplicación del Tema de Repetición 1.114, aclaró que la nulidad resultante de la falta de observación del interrogatorio del acusado como último acto de la etapa de instrucción debe ser planteada hasta el momento de los alegatos finales, en los términos del artículo 571, incisos I y II, del Código de Proceso Penal, bajo pena de preclusión.

El propósito de estas Reglas es establecer un conjunto de lineamientos comunes que operen como guía para la elaboración de políticas públicas de responsabilidad penal juvenil en los distintos países, para el dictado de normas que fortalezcan y aumenten la aplicación de los mecanismos sustitutivos y complementarios a la judicialización, que favorezcan el uso de medidas alternativas para asegurar que la privación de libertad sea el último recurso, y que atiendan a los derechos y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes, de las personas víctimas y de la comunidad, con la finalidad de garantizar el efectivo acceso a la justicia, teniendo como marco general el modelo de justicia restaurativa.

El instrumento lo elaboraron y suscribieron la Cumbre Judicial Iberoamericana (CJI), la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF), la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD).

El objetivo de este trabajo es dar a conocer los primeros resultados de una pequeña investigación sobre el imaginario social respecto de la prisión perpetua. La investigación constó de encuestas anónimas difundidas en redes sociales durante el año 2023 y permitió conocer ciertas concepciones vinculadas a la idea social, en Argentina, respecto de las condenas a prisión perpetua.
A partir de ello, las autoras analizaron teóricamente los resultados, invitándonos al debate y a pensar en estrategias que permitan la participación de la sociedad en cuestiones vinculadas al derecho penal desde una perspectiva de derechos humanos.

REFERENCIA:
Artículo originalmente publicado en Prisiones Revista digital del Centro de Estudios de Ejecución Penal. Revista Pensamiento Penal solicita la cita de la publicación original.

CITA SUGERIDA:
Marty, F. y Petrone, C. (2024), ¿Qué opinas de la prisión perpetua? Aproximación al imaginario social acerca de la prisión perpetua. Prisiones. Revista electrónica del Centro de Estudios de Ejecución Penal, 1 (5), 69-92.