La sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 1 declaró como sujetos de derecho a siete canarios –animales no humanos– a partir del reconocimiento de su calidad de seres sintientes. A partir de ello, ordenó su custodia judicial en cabeza de la ONG «Pájaros Caídos».

Desde Revista Pensamiento Penal recomendamos la lectura de este fallo, que nos advierte que, en el ámbito de la CABA, el reconocimiento de los seres sintientes como sujetos de derechos no se encuentra expresamente establecido. A través de una valoración normativa y doctrinaria, el Juez Dr. Rodolfo Adán Ariza Clerici, tomó en cuenta la necesidad de brindar a estos animales una tutela judicial efectiva.

En el caso, los hechos fueron preliminarmente calificados como constitutivos de las contravenciones de omitir recaudos de cuidado y mantener en instalaciones inadecuadas a animales domésticos (artículo 140 y 142 del Código Contravencional de CABA).

Sumario:
Un joven de 16 años había sido imputado por el arrebato de un teléfono celular en la calle. Por ese hecho, fue dispuesto de manera tutelar por un juzgado de menores. Durante su seguimiento judicial, cambió de domicilio varias veces sin dar aviso al tribunal. Además, fue requerido para la elaboración de informes en quince oportunidades, pero concurrió solo a nueve. Tampoco continuó sus estudios secundarios. Por otro lado, durante el tiempo que duró el tratamiento tutelar el adolescente cometió otros cuatro hechos delictivos. El tribunal oral de menores declaró responsable al joven y lo condenó a tres meses de prisión en suspenso. Para así decidir, argumentó que se había evidenciado una actitud evitativa y una falta de conciencia con el proceso penal y que no había logrado resultados positivos en su resocialización. Asimismo, ponderó en forma negativa los procesos penales iniciados por hechos cometidos durante el tratamiento tutelar. Por último, fundamentó la necesidad de imposición de una pena en el fin pedagógico que tendría para alertarlo de las consecuencias de sus actos. Contra esa decisión, la defensa presentó un recurso de casación. Entre sus agravios, afirmó que no se había contemplado la corta edad de su defendido al momento del hecho, que no revestía gravedad. Del mismo modo, sostuvo que el fallo acarreaba un reproche moralista a modo de castigo punitivista encubierto que resultaba contrario a los principios y fines propios del derecho penal juvenil. Por último, argumentó que la dificultad del joven para acatar el tratamiento tutelar no había tenido que ver con una actitud de indiferencia o falta de conciencia, sino con la situación de extrema vulnerabilidad que atravesaba.
La Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, por mayoría, hizo lugar al recurso de casación y absolvió al joven (jueces Días y Sarrabayrouse).

Sumario: El Tribunal Oral Federal de Resistencia absolvió a un joven llevado a juicio por el delito de Siembra y Cultivo de Estupefacientes (art. 5 inc. a Ley 23.737). La causa tuvo su origen en la jurisdicción provincial, pero en orden a la calificación legal se remitieron las actuaciones a la Justicia Federal. En el debate, la defensa técnica solicitó la nulidad de las actuaciones de origen por entender que no se vislumbraban motivos suficientes para el allanamiento.

Sumario:
El Tribunal de Casación Penal (Sala I) resolvió rechazar, con costas, el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la sentencia del Tribunal en lo Criminal Nº 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con sede en Florencio Varela, que condenó a Jorge Aldo Costilla a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas del proceso, por resultar autor responsable del delito de homicidio agravado por ser cometido en un contexto de violencia de género (art. 80 inc. 11 Código Penal). El fallo analizó las pruebas y concluyó que existía un contexto de dominación y violencia psicológica hacia la víctima.

Sumario:
El frente electoral "Confederación Frente Amplio Formoseño", habilitado para participar en las elecciones de la provincia de Formosa efectuadas el 25 de junio de 2023, promovió una acción contra dicha provincia con el objeto de obtener la declaración de inconstitucionalidad del artículo 132 de la Constitución local, que dispone la reelección ilimitada del gobernador y vicegobernador y que habilitó la octava candidatura del gobernador. La Corte, en el marco de su competencia originaria, declaró la inconstitucionalidad de dicha norma por resultar violatoria de los artículos 5°, 123 y concordantes de la Constitución Nacional. Expresó que la alternancia en el poder ejecutivo busca preservar que el control de los otros poderes sea efectivo y que la división de poderes no solo consiste en asignar funciones a distintos órganos sino que su real funcionamiento supone desfasar la duración de los mandatos del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. De lo contrario, la reelección ilimitada –aun si fuera validada electoralmente– permitiría que una única persona intervenga en el nombramiento de la mayoría de los integrantes del Poder Judicial. Señaló que la reelección indefinida no solo diluye la separación de poderes sino que también atenta contra el propio principio democrático. Una reelección sin límites, lejos de constituir la máxima realización de la voluntad popular, permite que quien se encuentra en ejercicio del poder acumule –tras varios mandatos sucesivos– ventajas inadecuadas para una leal contienda electoral. Agregó el Tribunal que el modelo constitucional argentino ha optado claramente por un sistema que desalienta la subjetividad personalista como fuente de poder. Distinguió que hay proscripción cuando se impide a un partido político presentarse como oferta electoral, pero no cuando a una persona candidata se le limita la cantidad de ocasiones continuadas o sucesivas en las que puede postularse.
Finalmente, aclaró la Corte que no le compete a ella subrogar el ejercicio del poder constituyente local definiendo cuál es el número máximo razonable de reelecciones gubernamentales, sino de establecer el marco dentro del cual el ejercicio de dicha potestad queda encuadrado en los límites de la Constitución Nacional.