RESUMEN:
El 24 de noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, “la Corte” o “el Tribunal”) dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Ecuador por las violaciones a diversos derechos en perjuicio del periodista Emilio Palacio Urrutia y de los directivos del diario El Universo, los señores Nicolás Pérez Lapentti, César Enrique Pérez Barriga y Carlos Eduardo Pérez Barriga. En particular, la Corte concluyó que el artículo “NO a las mentiras”, publicado por el señor Palacio Urrutia respecto de hechos ocurridos en Ecuador el 30 de septiembre de 2010, constituyó un artículo de opinión que se refirió a un asunto de interés público, por lo que gozaba de una protección especial en atención a su importancia en el debate democrático. De esta forma, advirtió que la sentencia condenatoria impuesta por el delito de “injurias calumniosas graves contra la autoridad”, y la sanción civil impuesta con motivo de dicha condena, constituyeron una violación a la libertad de expresión de las víctimas del caso. Asimismo, el Tribunal encontró que el señor Palacio Urrutia se vio obligado a abandonar el país y renunciar a su trabajo con motivo de la condena y otros hechos relacionado al proceso penal, lo cual constituyó una violación a su derecho a la circulación y residencia y a su estabilidad laboral. Por otro lado, el Estado reconoció su responsabilidad por la violación a los derechos al principio de legalidad y no retroactividad, y a las garantías judiciales y la protección judicial. En consecuencia, Corte concluyó que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8, 9, 13, 22, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “Convención” o “Convención Americana”), en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento.

SUMARIO:
En base a lo regulado en la Convención y el resto de normas especializadas vigentes, el juez de respopnsabilidad penal juvenil considera que los arts. 14 del CP y 56 bis de la ley 24.660 contienen consecuencias punitivas que tornan la sanción aplicada a jóvenes en conflicto con la ley penal en una pena cruel, inhumana y degradante, pues entiende que considerarla viable, además de su crueldad, desproporcionalidad e irrazonabilidad, resultaría imposible cumplir con principios convencionales y especializados como el de revisión periódica de la sentencia (art. 8 inc. “k” ley 5.544) y privación de libertad por el menor periodo que proceda (art. 37 inc. “b” CDN).

Valorando las razones dadas, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos de revocatoria in extremis deducidos por el Fiscal de la Unidad Especial de Conclusión de Causas y Remanentes y el Ministro Público Fiscal contra la sentencia N° 246 dictada por este Tribunal el 11 de marzo de 2022. En consecuencia, precisar que la imposición de costas al Ministerio Público Fiscal procede excepcionalísimamente en los supuestos en que su actuación trasluzca un apartamiento grave e inequívoco de los principios que deben guiarlo (art. 92 de la L.O.P.J.).