Este
estudio se realiza en el marco de un proyecto de investigación
mayor, que estudia cómo se producen los procesos de superación
de
la experiencia de agresión sexual, tanto para niños(as) y
adolescentes, así como para sus adultos responsables y terapeutas.
El presente artículo da cuenta de los resultados de los aspectos
legales que favorecen y dificultan la superación, incorporando las
miradas de niños(as), adolescentes y sus adultos a cargo. La
investigación utiliza metodología cualitativa, realizándose
entrevistas en profundidad a 27 niños, niñas y adolescentes que
culminaron de manera exitosa su proceso terapéutico debido a una
situación de agresión sexual y a 18 de sus padres o adultos a
cargo. Los principales resultados aluden a que ambos grupos
coincidenen visualizar el actuar del sistema judicial como
obstaculizador de sus procesos de superación, realizándose
distinciones solo en los casos en los cuales los resultados de estas
acciones culminan con la condena del agresor, lo que es visualizado
positivamente, como protector. Se discuten las implicancias prácticas
para el sistema judicial y para las intervenciones psicosociales en
estos casos. 

Discusión
sobre el procedo de monitoreo electrónico de presos introducio en el
ordenamiento jurídico brasiñeo a partir de la promulgación de la
Ley No. 12.258, de 15 de junio de 2010, y No. 12.403, de 4 de mayo de
2011, y sus efectos en el proceso de inclusión social en el trabajo
de los egresados del sistema carcelaria. Problematización de los
obstáculos y desafíos de esa inclusión a partir de un análisis
teórico y empírico de la realidad de Minas Gerais, exponiendo los
derechos previstos en la Ley de Ejecución Penal, Constitución
Federal y el Derecho al Trabajo.Se intenta verificar algunos efectos
de la exclusión social de los egresados del sistema carcelario,
permeado por la punición de la modernidad, los objetivos de la pena
y los derechos garantizados a los egresados del sistema carcelario. 

El 
presente  trabajo  anteriormente  descrito  se   
desarrolló  a  través del procedimiento   
legal  que  siempre  se  ha  llevado 
a  cabo  ante  un  órgano jurisdiccional 
determinado,  a  instancia  siempre  del 
ente  investigador  es decir  del  Ministerio 
Público,  quien  de  oficio  ha 
solicitado  siempre    la aplicación de un
criterio de oportunidad. Cuando concurren los presupuestos para creer
que se ha cometido algún determinado  delito,  el 
Ministerio  Público,  a  través  del 
ejercicio  de  la acción  penal,  siempre 
se  han  practicado  las  diligencias   
necesarias  para determinar  la  existencia  del 
hecho que  ha  sido  objeto  de 
investigación, con  base  en  nuestra  carta 
magna  es  decir  la  Constitución 
Política  de  la República de Guatemala,  Código
Penal  y  Procesal  Penal o alguna ley especifica.
Dentro de la facultad que siempre  ha tenido el Ministerio
Público  y  si las  circunstancias  encuadran 
en  el  presupuesto  legal,  siempre  y 
cuando proceda,  de oficio siempre se ha  solicitado 
la aplicación de una salida alterna,  o  mecanismo 
de  salida  como  lo  es  un  criterio 
de  oportunidad, que  constituye  un  beneficio 
tanto  para  la  sociedad,  como  para 
el 
sindicado
en  la solución de un hecho delictivo.

Siempre 
han  existido  dentro  del  Ministerio 
Público  alguna  fiscalía especifica como por ejemplo la
fiscalía de ejecución que tiene un archivo especifico  en 
donde  se  ha  pedido  información  si 
una  determinada persona que aparece como sindicada le aparecen
ante
cedentes
si ha sido beneficiado   con   alguna  
medida   desjudicializadora   de  
criterio   de oportunidad,  procedimiento 
abreviado,  o  suspensión  condicional  de 
la persecución penal.   

Desde
la reforma constitucional de 2005, la deferencia y auto-restricción
del Tribunal Constitucional en el control de los poderes públicos es
un supuesto no sólo respecto del legislador y del ejecutivo, sino
que también de los jueces ordinarios y especiales, a raíz del
modelo de inaplicabilidad consagrado en el artículo 93 N° 6 de la
Constitución. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional revela
su esfuerzo por restringir el control a lo estrictamente necesario, y
a procurar no asumir competencias y facultades que reconoce como
propias del juez de la gestión pendiente. En el presente trabajo se
revisarán los criterios de deferencia extraídos de dicha
jurisprudencia.

En
este trabajo técnico de fin de grado se ha buscado recopilar las
herramientas actualmente disponibles para predecir el riesgo de
violencia, así como las evidencias científicas existentes que
avalen dicha capacidad de predicción. Para ello, se ha revisado
la
literatura científica donde se ha buscado información detallada
sobre qué instrumentos se usan en los diversos ámbitos criminales,
y el modo en el que se usan. Posteriormente se han revisado también
las investigaciones o experimentos dirigidos a validar dicha
capacidad, prestando especial atención a los resultados y
conclusiones de los mismos. El motivo esencial ha sido la escasa
información científica que se maneja en este ámbito criminológico
referente a la evaluación de la peligrosidad criminal, pero que
tanta relevancia tiene a día de hoy en el ámbito legal judicial y
penitenciario, sobre todo en materia de reincidencia y protección de
las víctimas.