El fallo de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “C., L. C. s/procesamiento” (causa 44808/2015) rta.2/3/2016, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de la imputada contra el auto del juez de la instancia de origen que la procesó por incumplimiento de los deberes procesales, previsto y tipificado en el artículo 243 del C.Penal. Los vocales revocaron la resolución y dispusieron el sobreseimiento.

Señalaron que si bien se desprendía del expediente que la imputada no concurrió a declarar, ésta explicó que solicitó la postergación de la audiencia y luego recibió dos citaciones más de otros tribunales a los que sí concurrió, olvidando comparecer a la primera por descuido. Así, entendieron los vocales que no había dolo en la conducta. Agregaron que la norma (art.243 C.Penal) sanciona a aquél que estando “…legalmente citado como testigo, perito o intérprete, se abstuviera de comparecer…” pero que no se trata de una simple incomparecencia sino de una negativa dolosa a cooperar con la autoridad como testigo, perito o intérprete.

El fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, dictado en la causa “M., S. P. s. incidente de prisión domiciliaria”, (causa nº 51212/14 Reg. nº 277/16) rta. el 14/4/2016, por el cual los vocales Daniel Morin, Luis Fernando Niño y Eugenio Sarrabayrouse, rechazaron el recurso de casación interpuesto por la defensa contra la resolución que no hizo lugar al pedido de arresto domiciliario presentado respecto de la imputada.

Daniel Morin refirió que la defensa consideró que la decisión impugnada afectó el “interés superior del niño” que a su juicio debe prevalecer por sobre la detención de su madre. Remitiéndose a lo que sostuviera al momento de votar en la causa nº 51724/13, Reg. nº 229/16 “R. S.” del 1/4/2016, a su vez en concordancia con lo referido por su colega Luis M. García en la causa nº 13142, Reg. nº  18524 “Andrada”, rta. el 24/5/2011 de la CFCP, explicó el vocal que el derecho de un niño a no ser separado de sus padres contra la voluntad de éstos no es absoluto porque la Convención no prohíbe la separación cuando ésta sea el resultado de medidas tales como la detención o encarcelamiento (arts. 9.1 y 9.4 C.D.N.). Que por ello, la necesidad de mantener la detención corresponde que sea analizada en cada caso en particular. Seguidamente, refirió que el análisis llevado a cabo por los magistrados al rechazar el planteo, fue correcto, máxime cuando, del expediente surgía que la justicia civil interviene en la situación y el Estado se esta ocupando de velar por la protección de los hijos de la detenida. Que en definitiva, al no haber demostrado la defensa, de qué modo la respuesta del tribunal ha resultado arbitraria o irrazonable, votaba por rechazar el recurso interpuesto.

Fernando Luis Niño, adhirió en lo sustancial a la solución propuesta “en tanto las razones humanitarias que alega la defensa para procurar una morigeración en las condiciones de detención de su pupila, alegando el interés superior del niño sufren, cuando menos, un serio desdibujamiento a luz de la secuencia fáctica recreada en el presente legajo circunstancia que, sumada a las mentadas condiciones de suficiente amparo de los menores de edad a manos de su abuelo, inclina decisivamente el criterio del juzgador al rechazo de la vía casatoria intentada y a disipar la alegada arbitrariedad en lo resuelto por el a quo”.

Finalmente, Eugenio Sarrabayrouse también adhirió en lo sustancial al voto de Morin, agregando sobre el pedido efectuado por la defensa durante la audiencia de aplicar los criterios establecidos en el precedente “Gerez Lapuente”, causa nº 65441/14, que la situación  del caso no guardaba similitudes y que por ello, justamente, hacía hincapié en que la necesidad de mantener la detención o el encarcelamiento debe ser enjuiciada en cada caso particular.

El Juzgado Nacional en lo Criminal de  Instrucción n°34 resolvió rechazar la acción de habeas corpus interpuesta en favor de l.t.b y elevar las actuaciones en consulta al superior. Esa decisión fue confirmada por la Sala Integrada de Habeas Corpus de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. Contra ese pronunciamiento, la defensa del imputado interpuso un recurso de casación que fue concedido.

En el caso, el imputado se encontraba alojado en el Instituto Manuel Belgrano -centro de alojamiento para menores- dependiente   de  la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) a disposición del Tribunal Oral de Menores nº 3. El Tribunal dispuso su traslado a un centro de alojamiento de Servicio Penitenciario Federal.

La defensa del detenido sostuvo que "el traslado a un establecimiento penitenciario federal para jóvenes adultos interrumpe su desarrollo educativo y su tratamiento psicológico". Ante ello, el Tribunal expresó que "no cuestiona que continúa la aplicación de las medidas dispuestas a tenor de la ley 22.278, por lo que el recurso interpuesto resulta inadmisible".

Los magistrados puntualizaron que "el habeas corpus es una acción promovida por representantes especialmente legitimados para ello por su respectiva calidad funcional, se ejerce para proteger los derechos de un grupo de personas, y la resolución que se demanda alcanzará a todos ellos". Además, "la presentación encuentra marco en el artículo 43 de la Constitución Nacional reformada en 1994, con especial sustento en el último párrafo de dicho precepto".

Los integrantes del Tribunal explicaron que "en representación de un universo variable de personas, respecto del cual, por circunstancias estructurales ajenas a toda responsabilidad de su parte, se propicia un traslado inmediato a institutos del Servicio Penitenciario Federal, hecho que redunda en perjuicio de la continuación de los estudios en curso, de sus labores habituales u otras circunstancias personales o familiares". Paralelamente, "se prevé y se procura evitar la incorporación a ese mismo universo de individuos que aún no resultan directamente afectados por la medida de traslado auspiciada por la autoridad administrativa pero lo estarán al cumplirse el recaudo temporal de la mayoría de edad".

Por todo lo expuesto, los jueces decidieron declarad indadmisible el recurso de casación interpuesto según los artículos 444 y 465 bis del Código Procesal Penal de la Nación y artículo 3 de la Ley 23.098.

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “M., R. O. y otro s/nulidad” (causa 17101/2016) rta. 9/6/2016, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de uno de los detenidos contra la resolución del juez de la instancia de origen que rechazó la nulidad de la detención. En el caso, personal policial se acercó al vehículo a los efectos de identificarlo porque estaba estacionado indebidamente en doble fila, pudiendo observar en el respaldo del asiento delantero un objeto similar a la empuñadura de un arma de fuego, ante lo cual procedieron a la detención de los sospechosos. Los vocales confirmaron la resolución.

Precisaron que la aprehensión de los imputados no estuvo motivada en el hecho de que el rodado estuviera estacionado irregularmente, sino en la visualización de la empuñadura del arma de fuego, circunstancia que modificó el escenario y demandó adecuar la actuación policial, ante el riesgo que supone un elemento de dichas características y la posibilidad cierta de que el rodado se diera a la fuga. Por ello, concluyeron que la detención no era nula al haberse enmarcado dentro de las facultades que tienen los funcionarios actuantes.