La
actualidad jurídica en  el  mundo requiere el desarrollo
de políticas públicas en materia criminal, cuyo origen son los
fenómenos
sociales,
culturales, políticos, económicos.Esta realidad implica la
aparición de fenómenos delictivos que incluyen, más allá  de
la persona natural, las  organizaciones con capacidad de ser
sujetos de derecho, en el campo civil y  en  el campo 
penal.  Este  referente es válido  a  la 
luz  de  las  previsiones  normativas 
establecidas  en  la legislación civil y recientemente las
sanciones impuestas a las empresas diferentes delitos. Por esto, es
necesario analizar la realidad jurídica que presenta la
responsabilidad penal a los entes colectivos  y 
establecer  si  el  ordenamiento  jurídico 
colombiano considera controles  y sanciones que pueden imponerse
a las personas jurídicas;si éstas son eficaces en las teorías de
las funciones de la pena; si las actividades corporativas propician
delitos por la empresa. Todo esto para determinar la necesidad de
implementar una política criminal en torno al tema. Esta es la forma
de construir una base que pueda soportar la
necesidad
de crear una política pública que otorgue responsabilidad a las
personas jurídicas y hacerle frente al fenómeno expuesto,
creando
un
precedente en la práctica legislativa nacional.Para analizar
integralmente  el  problema, se desarrollan tres conceptos
para abordar el problema de una manera clara.Primero, el Ius Puniendi
del Estado, como la facultad por medio de la cual se penalizan las
conductas; el significado de política pública y la política
criminal como manifestación del Ius  Puniendi, su procedencia y
fundamento; y  el principio societas delinquere non potest
vigente en el sistema jurídico colombiano.

El
presente articulo propone un análisis critico del fundamento de
garantía del orden publico, buscando identificar su posible relación
con la continuidad del uso indiscriminado de la prisión preventiva
después del advenimiento de la ley nº 12.403, del 4 de mayo de 2011
y los fines que ha servido en la realidad selectiva del sistema
penal. Para cumplir con tal  objetivo,  relacionaremos 
algunos  conceptos  referentes  a las  medidas 
cautelares  penales,  también  analizar  los 
principios guía del  proceso penal, algunos aspectos
criminológicos  ligados  al  tema  de  los 
datos  referentes  al  encarcelamiento 
provisorio  en  Brasil,para  ofrecer  las
referencias  epistemológicas  que  contribuyan 
para  el desarrollo del tema. Concluimos la inconstitucionalidad
del fundamento ya que directamente infringe los principios
constitucionales de presunción de inocencia y legalidad,
contribuyendo en gran medida por el uso indiscriminado de la
detención preventiva y, consecuentemente, para la ocurrencia de las
violaciones de derechos humanos.
PALABRAS
CLAVE: Prisión  Preventiva.  Orden  Público. 
Derechos  Humanos.  Inconstitucionalidad.

A 
partir  de la criminología  crítica 
latinoamericana  (referencial  teórico),  el  
estudio  pretende  analizar  la  responsabilidad 
del  Poder  Judicial en el encarcelamiento selectivo 
de la juventud negra  brasileña (problema  de 
investigación). Es posible percibir, en las investigaciones sobre
encarcelamiento que los actores del campo jurídico consideran, con
frecuencia,eximirse del debate sobre la violencia estructural del
sistema carcelario, sobretodo las prácticas selectivas 
racistas,  direccionando  las críticas  al 
campo legislativo. Mientras tanto, la validación de las meta-reglas
que influyen la acción  judicial, sobretodo  en el
análisis  de  casos  (técnica  de 
investigación),permite afirmar el actuar selectivo  racista de
las  agencias  policial y judicial. La  hipótesis 
central  de la investigación,por lo tanto,  es sobre 
los  mecanismos  de  ocultamiento de responsabilidad
del Poder Judicial por el alto  índice  de 
encarcelamiento de la juventud negra brasileña.

Desde
mediados de los años ochenta la mayoría de los países de américa
latina emprendieron reformas significativas orientadas a transformar
sus sistemas de administración de justicia. Parte importante de
estos esfuerzos se ha centrado en la realización de una reforma muy
profunda del proceso penal inquisitivo y su reemplazo por un sistema
acusatorio oral. (CEJA, Centro de Estudios de Justicia
de
las Américas, 2005).

No
obstante reconocerse la diversidad de experiencias y resultados en la
materia, es posible concluir que, pese a consolidarse el nuevo modelo
procesal de reforma, este no está entregando todos los resultados
esperados o que eran posibles obtener con este cambio. Así, estudios
comparativos acerca de los resultados de la reforma en 11 países de
América Latina dan cuenta que en la gran mayoría de estos todavía
existen serios problemas para producir los resultados básicos que se
intentaban generar con el cambio procesal (CEJA, Centro de Estudios
de Justicia
de
las Américas, 2005).

Particularmente
en Colombia dentro de ese contexto, uno de los mecanismos innovadores
que han revolucionado la justicia penal es sin lugar a dudas la
figura del preacuerdo, creada como un mecanismo humanizador de la
actuación procesal y la pena que pretende la solución de conflictos
sociales (artículo 348 C.P.P.), no obstante la forma en que se viene
desarrollando el mecanismo procesal presenta falencias y sus
resultados no se ajustan a las expectativas con las que fue concebido
en el marco de una justicia pronta, cumplida, reparadora y
retributiva.

Exige
una revisión que conlleve a que el instituto procesal de las
negociaciones y preacuerdos logre su finalidad, esto es, resolver un
alto porcentaje de los conflictos penales a través de la
negociación. Lo anterior demanda un trabajo articulado entre el
legislador, el aparato judicial, los sujetos procesales e
intervinientes del sistema.