Exhaustiva
revisión de los estándares internacionales sobre trato y
prohibición de violencia que deben adoptar los organismos policiales
en sus actuaciones frente a niños, niñas y adolescentes, y bajo la
óptica del garantismo penal y los Derechos Humanos, pretende
responder, a partir de un ejercicio comparativo, si es que la
normativa nacional acoge dichos estándares, y si es que, en la
práctica, aquellos han sido respetados, tanto en la actuación de
las policías, como en los mecanismos de reacción estatal ante
eventuales vulneraciones. 

La 
delincuencia  como  fenómeno  social  ha 
tensionado  a  todos  los  gobiernos , desde 
el  regreso  de  la  democracia .  Cada 
administración  ha  adoptado  medidas que 
buscan controlar el aumento  de  delitos,  desde un 
marcado enfoque centrado en  la  teoría  situacional 
del  delito, la  que plantea  que existe  una 
elección  racional del  delincuente - quien evalúa 
la  oportunidad  de  cometer  delitos  en 
términos  de costos/beneficios-por  cuanto  las 
políticas  nacionales se  han focalizado en  el
control espacial-urbano de la delincuencia siguiendo los principios
de "incrementar el esfuerzo necesario para cometer un delito,
minimizar las recompensas del delito 
y 
aumentar  las  probabilidades  de  ser 
detectado” (Pacheco,  s/f). Pese  a  ello, la
preocupación ciudadana por el fenómeno no cede y
así lo refleja la encuesta CEP de agosto 2015 (Centro de estudios
Públicos), donde el 60% de los encuestados consideraba que la
delincuencia, asaltos y robos son el mayor problema en que el
gobierno debiera concentrar sus esfuerzos, 15 puntos porcentuales más
alto que
el
registrado en la medición de abril del mismo año.

Estudio
del sistema interamericano de protección de derechos humanos, en
general, y la aplicación de sus tratados de derechos humanos en el
ordenamiento peruano, en particular, desde parámetros
constitucionales, con un prisma multidisciplinar. Trabajo de
investigación, cuyo objetivo general,analizar el sistema
interamericano de derechos humanos y su interacción con el derecho
constitucional peruano. Para conseguir este objetivo general, nos
hemos planteado, a su vez, otros tres objetivos específicos. El
primero, analiza la eficacia y plantea los desafíos a los que debe
hacer frente el sistema interamericano de derechos humanos. El
segundo,profundiza en el estudio de la aplicación de los tratados
sobre derechos humanos en la Constitución Política del Perú, de
1993. Y, el tercero, estudia el impacto de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en el Derecho interno peruano. El Sistema
Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que tiene una gran
importancia, en la supervisión y vigilancia del respeto de los
derechos humanos, junto con la constante búsqueda del afianzamiento
democrático de los países, así como en la gobernabilidad, tan
necesaria en la región latinoamericana. Cimentar un Sistema
Interamericano eficaz y creíble aún es una tarea inconclusa. Así,
en determinadas ocasiones, el Sistema Interamericano debe hacer
frente a la ausencia de voluntad política para seguir avanzando en
esta línea. El Estado peruano, al igual que muchos otros Estados
Latinoamericanos, parecen ir comprendiendo, con el paso del tiempo,
que la globalización no sólo es económica y/o tecnológica/digital,
sino también implica construir y consolidar el Estado de derecho y
una cultura de paz y de derechos humanos. El sistema interamericano
de derechos humanos, como órgano de protección internacional de los
derechos humanos, y los tribunales nacionales de los diferentes
sistema jurídicos de los Estados latinoamericanos, se verían
complementados por un orden jurídico comunitario, que cuenta con el
efecto directo y la primacía sobre los ordenamientos nacionales, tan
necesarios para este tipo de sociedades jóvenes en democracia.

el
debate sobre la despenalización del aborto marcó la agenda
legislativa y social durante el 2015. Pese a que ha sido un tema
ampliamente discutido por organizaciones de derechos humanos y de
mujeres, nunca se había dado curso a su trámite legislativo desde
que se abolió el aborto terapéutico en 1989. Todas las iniciativas
impulsadas se archivaron, sin hacerse cargo, finalmente, de las
mujeres que cada año mueren a causa de un aborto riesgoso y
clandestino. 
El
presente reportaje informativo recopila los principales antecedentes
que marcaron la discusión del proyecto legislativo sobre la
interrupción del embarazo en tres causales, desde su ingreso a la
comisión de Salud de la Cámara de Diputados, en marzo de 2015.  
Uno de los principales problemas de este debate ha sido la falta de
representatividad de las mujeres. La comisión de Salud y la de
Constitución estuvieron conformadas en más de un 80 por ciento por
hombres. La exclusión de los relatos femeninos evidencia la
desigualdad de género con que son tratadas las materias que competen
a la propia mujer.   La investigación presenta distintos
enfoques sobre el aborto de acuerdo al contexto religioso, político,
socio-económico y cultural de los entrevistados. De esta manera,
indaga sobre las principales causas de su estigmatización social, y
cómo esto ha permeado en la práctica médica.   Según
las cifras entregadas por médicos de la Escuela de Salud de la
Universidad de Chile, cerca de 100 mil mujeres abortan al año de
manera clandestina. A pesar de que la mortalidad materna ha
disminuido con los años, el aborto se mantiene como la tercera causa
de muerte. Aunque estas cifras varían, es indudable que las mujeres
abortan y no hay una 
política
integral que resguarde su salud en Chile. Al alero de esto, ha
surgido un mercado desregulado de ventas de la pastilla
abortiva 
Misopostrol.
El fármaco es recomendado por la Organización Mundial de la Salud,
OMS, como el método más seguro para abortar. Sin embargo, en Chile
aún se implementa el denominado "raspaje uterino" en los
centros de salud pública. El mercado ilegal de Misoprostol no sólo
implica la inseguridad en su uso, sino que también la venta de
fármacos falsos donde, también, hay verdaderos especuladores que
fijan los valores de la pastilla. Las fuentes fueron consultadas
durante sus asistencias a foros, seminarios, talleres, comisiones
legislativas, y en entrevistas en profundidad. Se presenta, además,
un seguimiento a la prensa, referente a los programas televisivos y
reportajes dedicados exclusivamente al tema

La
violencia de género se suele ejercer en el ámbito privado o
familiar, motivo por el cual, los hijos pueden considerarse tanto
víctimas directas por sufrir violencia física o psicológica, como
indirectas al ser testigos de la violencia ejercida sobre sus
progenitoras por parte 
de
la persona vinculada afectivamente. En los últimos años, y a pesar
de los esfuerzos institucionales en aras de proteger a los menores,
la violencia ejercida sobre los mismos ha elevado a 41 el número de
víctimas mortales en España desde 2008 hasta septiembre de 2015. El
objetivo del presente trabajo es divulgar la cifra de menores
fallecidos víctimas de violencia de género, así como elaborar un
posible perfil victimológico. El método empleado es la búsqueda de
estadísticas oficiales y artículos periodísticos. La tendencia
alcista del presente fenómeno pone de manifiesto la necesidad de
ahondar en la elaboración de técnicas e implementación de medidas
eficaces desde el ámbito de la prevención.

El 
desarrollo  del  delito  de  minería 
ilícita  tiene  amplia  incidencia  en  el 
incremento  de  los  índices  de 
violencia  en  municipios mineros de Colombia, como se
deduce de la presente investigación, que se realizó con el objetivo
de  explicar el impacto de la minería ilícita en la
convivencia y seguridad ciudadana en los citados municipios. Método.
La investigación fue de tipo mixto, de alcance exploratorio
descriptivo, constituida por una muestra de 129 funcionarios públicos
y particulares, distribuidos en 42 municipios de diez departamentos.
Los resultados se analizaron desde la teoría integradora del delito,
y revelan altos niveles de deterioro de la convivencia y seguridad
ciudadana en municipios con vocación minera, evidenciados por
elevadas tasas de homicidio, lesiones personales y
extorsión, 
situación
que es aprovechada por los grupos armados organizados al margen de la
Ley para perpetuar las espirales de violencia y subdesarrollo en las
áreas donde delinquen.