La Procuraduría contra la Violencia Institucional interpuso un recurso de casación contra la revocación de la sentencia dictada por el Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca que dispuso "hacer lugar a la presente acción de amparo y, en consecuencia, ordenar a las autoridades del Servicio Penitenciario Bonaerense permitan sin restricciones el acceso a los representantes del Ministerio Público Fiscal en las unidades carcelarias” .

Los accionantes expresaron que "la decisión recurrida resulta contraria a lo establecido en normas de jerarquía constitucional, convencional y federal, lo que configura una patente inobservancia de la ley penal sustantiva (instrumentos internacionales que tipifican conductas delictivas como graves violaciones a los derechos humanos), las normas de derecho procesal constuitucional y convencional y de normas de orden público que hacen a la organización y funcionamiento de este Ministerio Público Fiscal (art. 120 C.N.; y ley 27.148), todo lo cual permitía encuadrarla en el art. 456 del C.P.P.N.”.

Ante ello, los integrantes del Tribunal expresaron que "la decisión que se cuestiona comporta en sí misma una hermenéutica acerca de los límites de actuación del Ministerio Público Fiscal en el cumplimiento de su función como órgano independiente que tiene a su cargo la promoción de la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad".

Los jueces explicaron que "a diferencia de la evaluación de políticas, cuestión claramente no judiciable, corresponde sin duda alguna al Poder Judicial de la Nación garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que éstos sean vulnerados, como objetivo fundamental y rector a la hora de administrar justicia y decidir las controversias”.

Por lo tanto, "si la toma de decisión por parte de los jueces no se enmarca en un proceso respetuoso de las garantías constitucionales del derecho penal formal y material, la 'judicialización' se transforma en un concepto vacío de contenido, pues el control judicial deja de ser tal".

Los magistrados destacaron que es necesaria "la intervención sistemática del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos, con el objeto de coadyuvar a los fines antes señalados y, particularmente, que efectúen monitoreos periódicos que constituyan un medio de observación con carácter permanente y estable de las condiciones de vida, régimen de detención y situaciones de violencia institucional en los establecimientos carcelarios del Servicio Penitenciario Federal y provinciales en los cuales se alojen detenidos a disposición de la justicia federal, próximos a su asiento, contribuyendo de esa manera a la realización del más amplio y efectivo control judicial".

Por todo lo expuesto, los camaristas resolvieron hacer lugar a la queja interpuesta por los Señores Fiscales de la Procuraduría de Violencia Institucional, declarar erróneamente denegado el recurso de casación respectivo y, en consecuencia, concederlo sin costas.

Sentencia que dispone las medidas tutelares a la menor no punible, en relación a la causa imputada por homicidio culposo al conducir un vehiculo "mini cooper".

El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “B. J. M. s/prescripción” (causa n° 12.490/2015) rta. 12/8/2016, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la querella contra la resolución del juez de la instancia de origen que declaró extinguida la acción penal por prescripción y dispuso el sobreseimiento del imputado. En el caso, la víctima alcanzó la mayoría de edad en enero de 1990, realizó la denuncia en marzo del 2015 y se investigan hechos de abuso sexual cometidos por el padre de la querellante entre los años 1981 y 1992, cuando tenía 9 años y hasta los 19 o 20 años de edad. Los vocales confirmaron la resolución.

Mirta López González precisó que la norma cuya aplicación pretende la querella para evitar la prescripción de la acción penal, no estaba vigente al momento de los hechos y su aplicación colocaría al imputado en una situación mas gravosa vulnerando el principio de ley penal mas benigna que es de categoría constitucional e internacional. Agregó que los sucesos investigados no podían ser definidos como de lesa humanidad, por lo que concluía que, sin causales de interrupción o suspensión, la acción penal estaba prescripta.

Ricardo Matías Pinto adhirió en lo sustancial con señalado por su colega de Sala. Agregó que entre la tensión de las normas constitucionales que regulan el principio de legalidad y la prohibición de aplicar una ley penal retroactivamente en perjuicio del imputado, debe prevalecer el principio de legalidad y su derivación constituída por el de la prohibición de la aplicación retroactiva de una ley de mayor rigurosidad. Que la excepción a ello, se presentaba en las situaciones en que los hechos podían ser catalogados como delitos de lesa humanidad en los términos de la C.S.J.N, situación que no era la del caso en estudio. Por ello, siendo que la ley aplicable resulta ser la vigente al momento de comisión de los hechos, votó por confirmar la resolución recurrida..