Pueblos originarios. Comunidad indígena Chuschagasta. Apartamiento del juez. Legítima propiedad de la comunidad.
Fecha Fallo
Fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que resolvió apartar al juez tucumano que ignoró los reclamos de la comunidad indígena Chuschagasta, que venía advirtiendo la violenta presión que sufría por parte de las autoridades locales para entregar sus tierras a un empresario. Además, declaró a las tierras disputadas como legítima propiedad de los originarios y declaró delito a cualquier intento por disputársela.
Carátula
CHIARELLO, Dante Vicente y otros s/recurso de casación - 401220/2005/3/1/CFC1
¿Adónde va lo robado?
Fecha Fallo
La Corte aprobó una nueva reglamentación sobre
efectos secuestrados en
causas penales, tanto para los que no puedan ser
devueltos como para
los decomisados. La nueva normativa permite que
los bienes muebles
secuestrados en el marco de procesos penales
puedan ser destinados a
entidades de bien público.
efectos secuestrados en
causas penales, tanto para los que no puedan ser
devueltos como para
los decomisados. La nueva normativa permite que
los bienes muebles
secuestrados en el marco de procesos penales
puedan ser destinados a
entidades de bien público.
Mediante la Acordada 2/2018, suscripta por los
supremos Ricardo
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Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan
Carlos Maqueda, Horacio
Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte Suprema
de Justicia aprobó la
reglamentación "de los efectos secuestrados
en causas penales que no
puedan entregarse a sus dueños y objetos
decomisados con finalidad
pública".
Invocando la necesidad
"imprescindible" de "instrumentar políticas de
estado consistentes, coordinadas, efectivas y
permanentes en el
tiempo" en materia de lucha contra la
actividad delictiva, y
reconociendo "la trascendencia que el
ordenamiento jurídico le da al
fin social de los bienes que han sido utilizados
para cometer el hecho
o el producto de ellos", la Corte decidió
implementar medidas para el
mejor aprovechamiento de los bienes
secuestrados, que usualmente no
pueden ser entregados a sus dueños pero respecto
de los cuales es
necesario preservar su valor.
"La custodia y mantenimiento de aquéllos
requiere la adopción de
medidas que implican, en definitiva, erogaciones
públicas. Por tanto,
resulta de toda justicia asignarle a estos
bienes una finalidad de
utilidad pública de modo tal que, a la par de
asegurarse su
conservación, toda la sociedad se beneficie de
ellos", resalta el
texto de la Acordada.
Recomendaciones
Además dela aprobación del reglamento, que
figura como anexo de la
acordada, la Corte dictó una serie de
recomendaciones a los
magistrados que intervengan en este tipo de
causase incluso creó una
comisión especial encargada de monitorear el
cumplimiento de la nueva
normativa.
A tales efectos, el Alto Tribunal les recordó a
todos los magistrados
que, dentro de los treinta días de disponerse el
secuestro, deberán
inscribir -con carácter obligatorio e
inexcusable- "la información
completa de todos aquellos bienes de cualquier
naturaleza que se
encuentren sometidos a decisión jurisdiccional
únicamente en la 'Base
General de Datos de Bienes Secuestrados y/o
Comisados en causas
Penales de competencia de la Justicia Nacional y
Federal'".
"El bien afectado podrá ser asignado
provisoriamente para el uso del
Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad.
Por otra parte, está la
posibilidad de que sea asignado
"provisoriamente en carácter de
depositario judicial a entidades con fines de
interés público, para el
cumplimiento de sus objetivos específicos y uso
dentro del territorio
nacional"
Dónde van a parar los objetos secuestrados
Conforme el texto del anexo, para cada causa se
abrirá una cuenta
especial y el producido de la venta de los
efectos secuestrados y los
bienes decomisados, deberá ser ingresado por las
respectivas
instituciones bancarias a nombre de la Corte.
Los bancos además de
informarle al Juzgado respectivo, deberán hacer
lo propio con el
Máximo Tribunal.
El reglamento también indica que cuando un juez
considere que un bien
secuestrado tenga "utilidad social"
deberá ponerlo a disposición de la
Corte, a través de la Subdirección de Gestión
Interna y Habilitación,
que decidirá si afecta el bien al Máximo
Tribunal y posteriormente lo
tasará, mientras tanto, el bien continuará bajo
la órbita del Juzgado.
Según esta normativa, el bien afectado podrá ser
asignado
provisoriamente para el uso del Poder Judicial y
de las fuerzas de
seguridad. Por otra parte, está la posibilidad
de que sea asignado
"provisoriamente en carácter de depositario
judicial a entidades con
fines de interés público, para el cumplimiento
de sus objetivos
específicos y uso dentro del territorio
nacional".
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La pena de muerte en Estados Unidos: del escarnio público a la ejecución privada
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Por
mucho tiempo, la pena de muerte ha
sido aceptada
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en Estados Unidos como un recurso para lidiar
con aquellos que
cometían trasgresiones graves. Sin
embargo, si bien fue una
práctica acorde con las
características de un sistema en
donde era necesario actuar de
forma expedita, el tránsito hacia el
Estado de derecho y el reconocimiento de las
garantías individuales
acrecentó el rechazo hacia esta manera de
imponer justicia. En la
mayor parte de los países occidentales se ha abolido
de forma
definitiva, pero en Estados Unidos varios
estados todavía la incluyen
en sus legislaturas. Así, esta
investigación encara el debate en
torno a la
pena capital en dicho
país, identificando los escenarios que
han modifi cado tanto las características de la
ejecución —que pasó de
pública a privada— como su percepción pública.
Discursos de Esclavitud: Un análisis de las implicaciones estratégicas de la retórica acerca de los talleres textiles informales de Buenos Aires y los migrantes bolivianos que trabajan en ellos
Políticas de habitabilidad en calle en Bogotá: entre el desarrollo humano integral y la necropolítica
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La habitabilidad en
calle en Bogotá es un fenómeno social
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mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">
histórico. Al respecto se han planteado
unas políticas basadas en el
reconocimiento de los habitantes de
calle como sujetos de
derecho, sin embargo, a
pesar de ese desarrollo normativo, este
grupo poblacional ha sido víctima de violencias
tanto por la
sociedad civil como por
el Estado. El objetivo de esta
investigación es
analizar la manera en
que las políticas dirigidas a los
habitantes de calle
contribuyen a su desarrollo humano integral
o transgreden su vida.
La base teórica es el desarrollo
humano integral y el
concepto de necropolítica desde Achille
Mbembe. A través de
un enfoque metodológico cualitativo se
encontró como resultado que
las políticas han contribuido al
desarrollo humano integral
únicamente de los habitantes de
calle de los Centros
de Atención, al mismo tiempo que se
ejerce violencia contra
las personas que han escogido la
calle como proyecto de vida.
De la desmilitarización a la profesionalización: un estudio etnográfico sobre la formación básica de la Policía Federal Argentina
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Este libro abre
las puertas a una realidad poco conocida pese a su
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enorme interés: el cruce entre la formación y el
posterior desempeño
de los efectivos de la fuerza policial federal
más numerosa del país.
La Policía es una trama de relaciones -con
características no tan
distintas de las de campos supuestamente
disímiles- en la que el
equipo coordinado por Frederic buceó con
observación, entrevistas y
encuentros en aulas y recreos, comisarías y
patrulleros, estadios de
fútbol y calles.
El análisis exhaustivo resultante, superador de
muchas aproximaciones
ancladas en prejuicios sobre la identidad
policial, es el primer
estudio sobre la PFA basado en un trabajo de
campo etnográfico
intensivo de investigadores formados y en
formación, y constituye una
apuesta al trabajo etnográfico colectivo. Nacido
de un convenio entre
la UNQ y el Ministerio de Seguridad en 2011,
tiene también el mérito
de haber superado la lógica típica de la
consultoría y proponerse que
el conocimiento independiente producido desde
una universidad estatal
contribuya a nutrir políticas públicas.
Diplomatura en Gestión Sociocultural para el Desarrollo Comunitario: una experiencia de formación política y cultural en contextos de encierro
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Esta ponencia presenta la
experiencia de formación de la
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mso-ansi-language:ES;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">
Diplomatura de pregrado
en Gestión Sociocultural para el
Desarrollo Comunitario, dictada en el Centro
Universitario Devoto
(CUD), dentro del Complejo
Penitenciario Federal de la Ciudad
Autónoma de Buenos
Aires. La diplomatura se dicta en el marco del
Programa de Extensión en Cárceles (PEC),
dependiente de la Secretaría
de Extensión
Universitaria y Bienestar Estudiantil de la
Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Buenos
Aires; y busca
fortalecer las estrategias y acciones que
llevadas adelante por el programa, orientadas a
promover la defensa de
los derechos humanos y
construir herramientas y
oportunidades para la inclusión social
de las personas
privadas de libertad y liberadas. En esta
oportunidad, proponemos
recuperar el proceso de elaboración del
proyecto y puesta en
marcha de la diplomatura, para
establecer un diálogo e
intercambio de saberes y experiencias
con otras propuestas y
prácticas de intervención educativa y
cultural en
contextos de encierro. Nos detendremos
principalmente en la
descripción y conceptualización de los
antecedentes y las demandas
específicas a las que respondió el armado de la
diplomatura; sus
características y objetivos pedagógicos,
culturales y políticos, así
como la articulación con otros espacios
y experiencias de
producción y
gestión sociocultural y
comunitaria. Luego
expondremos brevemente los
desafíos y resultados surgidos del
primer año de dictado
de la diplomatura, cuya primera cohorte
egresó en julio de 2017.
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