La sala unipersonal N° 3 de la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, a cargo de la jueza María Susana Gutiérrez, condenó a dos años de prisión efectiva a un hacker que robó 500 unidades de la criptomoneda “Ethereum” valuadas, en el momento del hecho, en 434.352 dólares.

Todo ocurrió en diciembre de 2017, cuando un hombre, de 36 años, ingresó indebidamente a las cuentas de distintos usuarios o clientes de la empresa "Mercury Cash". Mediante técnicas de manipulación informática, el imputado logró transmitir a su cuenta “criptomonedas” perjudicando a la firma y sus clientes.

La condena por defraudación informática en concurso real con violación de secretos y de la privacidad se dio en el marco de un juicio abreviado en el que el imputado reconoció su culpabilidad. La misma se unificó con una condena previa a seis meses de prisión en suspenso por lesiones leves calificadas por el vínculo y el género.

Tras advertir la posibilidad de evadir la seguridad del sitio de la firma, el imputado introdujo  un código que le permitió obtener conocimiento del estado de cuentas de los usuarios de dicho sitio para, posteriormente, transferir diversos montos de bienes ajenos para su beneficio personal. Para realizar este procedimiento, el joven enmascaró su protocolo de internet, mediante el uso de una red privada virtual para no ser detectado.

En los últimos años las criptomonedas se han convertido en una importante herramienta financiera a nivel internacional, pero las estafas y frades aumentaron al mismo ritmo de su expansión.

La condena por defraudación informática en concurso real con violación de secretos y de la privacidad se dio en el marco de un juicio abreviado en el que el imputado reconoció su culpabilidad. La misma se unificó con una condena previa a seis meses de prisión en suspenso por lesiones leves calificadas por el vínculo y el género.

En sus fundamentos, la jueza explicó que el procedimiento implementado por el imputado era “desconocido y por lo tanto no autorizado por la empresa ni por sus legítimos usuarios/propietarios de los bienes transferidos”, por lo que obró de “mala fe y con conciencia de ilicitud y utilizando diversas direcciones de IP ubicadas geográficamente en otros países”.

“Las maniobras ejecutadas permiten inferir un alto grado de conocimientos informáticos con entidad para violar los sistemas de seguridad que la firma daminficada, al tiempo de los hechos instrumentaba, acreditándose de este modo, el elemento subjetivo del tipo penal en juego”, concluyó en el fallo.

El fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “A., A. R. y otros s/extorsión” (causa n° 28.255/2018) rta. 31/10/18, donde la Sala interviene con motivo del recurso de apelación interpuesto por la defensa de siete imputados contra el auto de la juez de la instancia de origen que los procesó por extorsión (artículo 168 del Código Penal). Los vocales confirmaron la resolución.

            Explicaron que los elementos reunidos eran suficientes para agravar la situación procesal y sostener la ilicitud de la exigencia dineraria que los imputados, integrantes de un sindicato, efectuaron a la Vicepresidente de una empresa de transporte, bajo el aparente formato de un reclamo por diferencias de kilometraje que impactaría en los haberes de los choferes. Precisaron que la intimidación doblegó la voluntad de la damnificada y por ello, en un principio, depositó los cinco cheques que le exigían, dando luego contraorden para que no fuesen abonados y evitar así que se continuara perjudicando patrimonialmente a la empresa. Indicaron que los imputados, luego de la contraorden, la amenazaron con incendiar neumáticos en la sede de la empresa y hablar con los dadores de carga para obstaculizarles la tarea, e inclusive algunos choferes fueron demorados por miembros del gremio, al cargar mercadería, a efectos de incrementar de ese modo la eficacia de la intimidación.

            Finalmente, explicaron que, a diferencia de lo sostenido por la defensa, las expresiones vertidas contaron objetivamente con seria entidad para amedrentar a la víctima y, en el caso particular, la circunstancia de que ésta haya concurrido hasta el sindicato a entregar los cheques que le fueron indebidamente exigidos, en modo alguno traduce una aceptación tácita de la deuda –que como quedó demostrado era inexistente-. Por último, sostuvieron que "el agravio orientado a sostener que lo ocurrido tuvo origen en un reclamo laboral que amerita la profundización de la pesquisa a fin de corroborar la supuesta diferencia alegada por los intimidadores deviene inatendible, al quedar expuesta la injusta pretensión que no respondía a la defensa de ningún derecho de sus representados. Por el contrario, el sujeto pasivo fue compelido mediante un requerimiento ajeno a los intereses laborales y prescindiendo, en todo caso, de cualquier tipo de gestión legal al escoger este medio ilícito para la obtención de sus exigencias (in re,mutatis mutandi, causas n° 787/12 “Siri”, rta. 4/7/12, n° 24.830/12 “Córdoba”, rta. 23/4/13, n° 16.526/12 “Carabajal”, rta. 15/4/14 y n° 7.014/13 “Romero”, rta. 23/4/14)."