Un ciudadano acusado del delito de tenencia simple de estupefacientes (138 gr. de cannabis sativa) fue absuelto en juicio por el Juzgado de 1ra Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas Nº15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Durante el transcurso del debate la Defensa Pública solicitó la nulidad de planilla de cadena de custodia de los elementos secuestrados atento a la divergencia entre el presunto material secuestrado (5 envoltorios en nylon color negro) y el posteriormente peritado (4 envoltorios en nylon morado).

Así una vez abierto el juicio la acusación pública optó por insistir en la incorporación de una prueba de la que no contaba al momento del requerimiento a juicio ya que la pericia del material secuestrado junto con la planilla suscripta por los funcionarios a cargo de la cadena de custodia que alertaban de la divergencia de lo plasmado en una y otra arribó con posterioridad a la etapa de admisibilidad probatoria, circunstancia que ameritaba que el acusador público lo plantee como cuestión preliminar.

La Magistrada interviniente Dra. Karina Andrade hizo lugar al planteo de la Defensa en su sentencia luego de un análisis exhaustivo de las constancias de la causa, la producción defectuosa de la prueba durante el contradictorio por el órgano acusatorio y una derivación razonada de la normativa vigente y las garantías de defensa en juicio y principio de inocencia, éste último íntimamente emparentado con la regla del in dubio pro reo en materia de estándares probatorios para arribar a una sentencia acorde a los principios constitucionales.

En dicho sentido sostuvo la Magistrada: “Lo valorado hasta aquí evidencia que tras finalizar el juicio ha quedado un escenario de duda sobre la comisión de conducta reprochada al encausado, tipificada en el delito de tenencia de sustancias estupefacientes Luego del desarrollo del debate y de las pruebas ventiladas, el acusador público no ha logrado introducir evidencia contundente que permita tener por cierto que mediaron los elementos necesarios para la configuración de la conducta prohibida imputada, de manera que corresponde dictar la absolución.”

Entre los pasajes de la sentencia la Magistrada profundizó: “Las razones que fijan el nivel de exigencia o severidad del estándar de prueba tan elevado para los casos penales se deriva de la consideración de que un error en estos supuestos tiene un costo demasiado alto que, como sociedad, no estaríamos dispuestos a correr.”

El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Nº 1 hizo lugar a una acción de amparo promovida por una usuaria medicinal de cannabis a quien se le había indicado el tratamiento por problemas relacionados al estrés adulto destinado a que se autorice su inscripción en el REGISTRO del PROGRAMA de Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación, imponiéndole la obligación de hacerlo en un plazo de 20 días.
La acción de la amparista tuvo lugar merced a considerar la arbitraria la conducta de la demandada (M.Sal. Nac.), ante el silencio que guardara frente a la solicitud de ser dada de alta en el Registro del Programa de Cannabis, y que en consecuencia se ordene su respectiva inscripción en dicho registro.
La misma había iniciado su trámite el 14 de Enero de este año, lapso en el cual el Ministerio de Salud no le dio respuesta en el plazo de 60 días previsto el art. 10 de la ley 19.549 entendiéndose al silencio de la Administración como una negativa, como “Silencio o ambigüedad de la Administración”.
En su fallo sostuvo el Sr. Juez Federal “en este punto, importa precisar que en ocasión de presentar el informe previsto en el artículo 8° de la ley 16.986, y a los efectos de justificar su letargo o la negativa a la inscripción, la demandada se limitó a invocar la nueva redacción del artículo 7° de la Resolución 800/2021 del Ministerio de Salud, que fuera incorporada a través de la Resolución 3132/2024, emitida el 16/08/2024, es decir con posterioridad a la presentación del inicio del trámite, de fecha 14/01/2024.”
En tal sentido, consideró la vía del amparo es particularmente pertinente cuando se trata de la preservación de la salud y la integridad psicofísica (Fallos: 330:4647, “María Flavia Judith”; 332:1200), debiéndose buscar por lo tanto las soluciones procesales que utilicen las vías más expeditas, a fin de evitar la frustración de derechos fundamentales.

RESUMEN:
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal declaró inconstitucional el artículo 14 del Código Penal, resolviendo que no resultaba aplicable en el caso de la pena de prisión perpetua impuesta al condenado. Argumentó que la imposición de una pena de prisión perpetua efectiva vulneraba principios constitucionales y convencionales, considerando que el agravio era actual. [Ver fallo adjunto]

Frente a esta decisión, la Fiscal General presentó un recurso extraordinario alegando arbitrariedad. La Corte Suprema lo desestimó por considerarlo mal concedido. En su fallo, la Corte señaló que el recurso no cumplía con el requisito de fundamentación autónoma establecido en el artículo 15 de la ley 48, ya que carecía de una crítica detallada y concreta a los argumentos de la sentencia impugnada. Además, destacó que el apelante debía rebatir de manera razonada cada uno de los fundamentos del fallo recurrido, lo cual no se realizó.

El Tribunal enfatizó que el Ministerio Público Fiscal no había respondido los numerosos fundamentos que respaldaban la resolución casatoria. En cambio, se limitó a sostener que no existía un agravio concreto y actual, basado en que el condenado aún no cumplía el tiempo mínimo necesario para solicitar la libertad condicional. Sin embargo, no cuestionó adecuadamente la interpretación constitucional y de tratados de derechos humanos que sustentaron la decisión de cámara, ni consideró que el ingreso a prisión no priva al individuo de la protección legal.

Asimismo, la Corte subrayó que el recurso no abordaba las afirmaciones de la cámara sobre el derecho del condenado a conocer, desde el momento de la condena, el régimen penal aplicable. También recordó que toda pena privativa de libertad debe orientarse hacia la reinserción social, lo cual implica la posibilidad de recuperar la libertad. La imposición de una pena perpetua efectiva, según señaló, vulnera la integridad de la persona, ocasionando trastornos psicológicos que la tornan incompatible con la prohibición de tormentos establecida en el artículo 18 de la Constitución Nacional.

En el marco de un amparo interpuesto por Andrés Gil Domínguez, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hizo lugar a una medida cautelar en favor de dos yaguaretés y, en consecuencia, ordenó al GCBA que, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos y mientras se encuentre a su cargo la conservación ex situ de ambos animales no humanos; se garanticen sus óptimas condiciones de salud y máximo bienestar, así como las medidas razonablemente conducentes a fin de evitar el acostumbramiento humano [denominado improntación humana] con la finalidad de no obstaculizar sus posibilidades de liberación en su hábitat natural.

La cámara condenó a Google Inc. a abonar una indemnización en concepto de daños, cesar en la difusión de la existencia de dos blogs y a eliminar dichos sitios web junto con las imágenes allí contenidas tanto en su versión original como en su versión “cache”. Juzgó para ello que la demandada no había mostrado un accionar diligente luego de haber tomado efectivo conocimiento de la existencia de un contenido potencialmente dañoso proveniente de un tercero.
La Corte dejó sin efecto el pronunciamiento por considerarlo arbitrario.
Consideró se había omitido analizar una cuestión constitucional conducente para la solución del litigio, articulada de manera oportuna por la accionada, referida al examen de la licitud del contenido objetado y al ejercicio de la libertad de expresión en internet.
Señaló que una orden de cese definitivo de la difusión de una página web configura, por su propia naturaleza, una restricción a la libre circulación de información a través de internet y que no resulta posible endilgar responsabilidad a los motores de búsqueda por los daños ocasionados por contenidos creados por terceros, si la información divulgada es el resultado del ejercicio legítimo de la libertad de expresión.
Concluyó así que la cámara debió analizar si la medida ordenada por el juez de grado se encontraba justificada en el caso, en relación al alcance que se le ha otorgado a la libertad de expresión, para lo cual resultaba imperioso examinar el contenido de los blogs cuestionados, en particular, si resultaba ilícito, para tener por acreditada la violación del deber de debida diligencia.