RESUMEN:
La Suprema Corte de Justicia de Mendoza emitió sentencia en el caso "Pinavaría Corvalán", en el que definió un criterio acerca de los casos en que el tribunal que dirige un juicio por jurados puede incluir delitos menores no solicitados por las partes en las instrucciones que se imparten al jurado popular.

En el caso, el acusado fue encontrado culpable por el jurado popular de haber ingresado al domicilio de la víctima, en el que trabajaba como albañil, para darle muerte y robarle pertenencias. La defensa oficial, en la instancia de casación, cuestionó la labor de la defensa privada que representó al acusado durante el debate. Explicó que aquella defensa consintió instrucciones al jurado popular que incluían únicamente los delitos de homicidio criminis causa (art. 80 inc. 7 del CP), que prevé pena de prisión perpetua; y hurto simple (art. 162 del CP), que prevé una pena menor. De ese modo, el jurado no contó con la posibilidad de encontrar culpable al acusado de delitos menores incluidos en el más grave, como homicidio simple en concurso real con robo, u homicidio en ocasión de robo. Delitos que, además, prevén penas con escalas menores.

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza dirimió el caso por seis votos contra uno; aunque todos resolvieron rechazar el recurso de la defensa.

La mayoría, liderada por el juez Dr. Omar Palermo, explicó que el caso planteado por la defensa involucraba una definición acerca de los supuestos en los que el tribunal puede –y debe– incluir en las instrucciones finales que se imparten al jurado figuras penales no solicitadas por las partes. Para resolver este problema, el juez Palermo explicó que el criterio no puede ser distinto del que rige para juicios que se dirimen por juez técnico. Por ello, aplicó un criterio sostenido por la entonces Sala Segunda de esa Suprema Corte en precedente "Torres Surget", a partir del cual sostuvo que, para incluir calificaciones del hecho no solicitadas por las partes, deben tenerse en cuenta tres condiciones: 1) los hechos acusados deben poder encuadrarse en la figura a incluir; 2) las pruebas producidas en el debate deben respaldar esa figura; 3) la inclusión de la figura penal no solicitada por las partes no puede causar sorpresa a la defensa ni desbaratar su estrategia. Para ello, dejó claro que las instrucciones que se imparten al jurado deben reflejar el Derecho de la comunidad, y no pueden quedar sujetas a una apuesta de "todo o nada" de las partes.
Aplicado este criterio al caso, el juez Palermo entendió que en el debate se habían producido pruebas que hacían inviables las calificaciones penales solicitadas por la defensa en casación.

El juez José Valerio votó por separado. Arribó a una solución similar, aunque sin previsiones respecto de los casos en que puede causarse "sorpresa" a la defensa. Tomó en cuenta el modo en que el asunto ha sido tratado en la jurisprudencia anglosajona, con amplia trayectoria en la tradición del juicio por jurados puro o clásico. Tras una minuciosa valoración de la prueba, también concluyó que en el caso el tribunal no estaba obligado a incluir delitos distintos a los que se instruyeron al jurado.

RESUMEN:
El Juzgado Federal Nº 1 de Rawson hizo lugar a una acción de amparo promovida por un usuario medicinal de cannabis que en fecha 30/11/2023 solicitó la inscripción en el registro de referencia, sin obtener respuesta alguna pese a haber cumplido todos los requerimientos administrativos y procesales requeridos.

El amparista contaba con indicación médica al momento de iniciar su trámite que recomendaba el tratamiento por trastornos de ansiedad; ante la falta de respuesta a su trámite, y tras haber transcurrido el plazo legal establecido en la ley de procedimientos administrativos (60 días), no se ha emitido ninguna resolución, configurándose lo normado por el art. 10 de la Ley N° 19.549.

Presentada la acción el Ministerio de Salud de la Nación no contestó el informe pertinente. Al momento de resolver el juez interviniente fundó la decisión tanto en la ConstituciónNacional como en numerosos tratados internacionales suscriptos por nuestro Estado que obligan a garantizar al derecho a la salud, asimismo, recordó que conforme el plexo normativo nacional e internacional se considera a la salud como un estado completo de bienestar físico, mental, y social, y que es impostergable y operativo, de modo tal que no es susceptible de ser cercenado, reducido, modificado o dejado de lado por reglamentaciones o condiciones que no se adaptan con la necesidad concreta del solicitante.

Así consideró: “En este marco resulta entonces evidente que la demandada debió atender de manera oportuna la petición del actor, garantizándole el derecho a la salud con acciones positivas y de manera impostergable. Sin embargo, las constancias de la causa ponen en evidencia que omitió brindar una respuesta adecuada a la particularidad del caso, sin alegar -ni mucho menos probar- un motivo que resulte atendible. En definitiva, se acredita una conducta arbitraria y lesiva (por omisión), que justifica el dictado de una resolución definitiva, mediante la cual se ordene al Estado Nacional - Ministerio de Salud de la Nación que inscriba al actor en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN). El silencio del EN, que -como se dijo- omitió presentarse en tiempo y forma, abona dicha postura (arts. 356 inc. 1 del CPCCN, 17 de la Ley N° 16.986, y 263 del CCyC).”

En su parte resolutivo ordenó a la demandada que arbitre los medios tendientes a la inscripción del actor en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).

RESUMEN:
El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 15 de la Capital Federal, bajo la presidencia del juez Adrián N. Martín, condenó a un ciudadano acusado de dos hechos de hurto agravado –por tratarse de vehículos dejados en la vía pública– y de resistencia a la autoridad (arts. 55, 162, 163 inciso 6°, y 239 del Código Penal Argentino). Los hechos tuvieron lugar en 2023 y 2024, cuando el acusado intentó apoderarse ilegítimamente de dos motocicletas estacionadas en la vía pública. En uno de los incidentes, golpeó a un oficial de policía que le requirió documentación y se resistió al procedimiento.

Tras la renuncia al juicio oral por parte de las partes (art. 431 bis del CPPN), el tribunal condenó al acusado a un año de prisión y costas, y lo declaró reincidente. Para la determinación de la pena, el juez adoptó un enfoque de derechos humanos: impuso el mínimo de la escala penal y consideró como atenuantes la vulnerabilidad social del imputado –quien se encuentra en situación de calle– con bajo nivel educativo y sin empleo formal. El fallo también subrayó las condiciones inhumanas de detención que sufrió Vázquez durante los procesos, documentadas por informes oficiales que describieron hacinamiento, alimentación deficiente y falta de higiene en las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires. El juez consideró estas violaciones a los derechos humanos al evaluar la proporcionalidad de la pena y afirmó que el sistema penal no puede agravar la exclusión social que busca sancionar.

La decisión ejemplifica un notable enfoque de derechos que destaca la necesidad de considerar el contexto socioeconómico y las condiciones carcelarias en la aplicación del derecho penal, en línea con los estándares internacionales de derechos humanos.

RESUMEN:
Condena por la matanza de un mínimo de 150 ejemplares de pinguinos en Punta Tombo, Chubut. La fiscalía caratuló el hecho como constitutivo de un ecocidio, en tanto el imputado fue condenado como autor del delito de DAÑO AGRAVADO –tres hechos- en modalidad de delito continuado ocurridos entre el 10 y 14 de agosto de 2021, 10 y 14 de septiembre de 2021; y 26 de noviembre y 04 de diciembre de 2021, en concurso ideal con el delito de CRUELDAD ANIMAL ocurrido entre el 26 de noviembre y 04 de diciembre de 2021 (Artículos 1° y 3° Inciso 7° de la Ley 14.346); todos ellos en la realizados en Estancia La Perla Lote 20 C de la sección CIII Fracción A Y B DEPARTAMENTO Florentino Ameghino Pcia de Chubut.