I. Introducción. II. Los principios y garantías constitucionales como cimiento del sistema procesal
penal. III. El artículo 280. Formalización de la imputación del CPPAC. Algunas
consideraciones. IV. Derecho comparado. Algunos ejemplos. V. Conclusiones. VI. Bibliográfia.
Las decisiones jurisdiccionales deben ser claras, entendibles y comprensibles para que los sujetos los hagan propias. De acuerdo con esta premisa se analiza el proyecto de ley presentando en la provincia de Entre Ríos que pretende reformar el art. 456 del Código Procesal Penal y establecer el lenguaje claro en las sentencia dictadas en el fuero penal.
Por ley provincial n° 14002 Santa Fé estableció la paridad de género en la composición e integración del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos, entes públicos o con participación estatal y asociaciones, consejos y colegios profesionales
El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad crea el programa PRODUCIR con el objetivo de promover el desarrollo de proyectos de vida con independencia de mujeres y LGBTI+ que atraviesen o hayan atravesado situaciones de violencias por motivos de género. Pretende el fortalecimiento de proyectos productivos y de unidades económicas a organizaciones sociales.
Adolfo Fito Christen nos releva noticias del mundo sobre la realidad penitenciaria y nos muestra cuáles son las diferentes medidas que los Estados adoptan frente al virus Covid 19 en contextos de encierro. Una información de vital importancia a la hora de estudiar la situación carcelaria y diseñar políticas públicas.
La Resolución adoptada por el Organismo Interamericano representa la continuidad en la tarea de elaborar las mejores respuestas a la pandemia desde un enfoque de derechos humanos. Se trata específicamente de la urgencia en lograr una rápida inmunización en las Américas, debiendo los Estados ubicar a la salud pública en el centro de sus decisiones y políticas sobre vacunas contra el COVID-19, resultando imperativo su distribución justa y equitativa, haciéndolas accesibles y asequibles para los países de medios y bajos ingresos. Establece asimismo los criterios que los Estados deben considerar para que los procesos de producción, adquisición, distribución y administración de vacunas se ajusten a las obligaciones internacionales de derechos humanos asumidas.
Ha mediado una afectación al
modelo de proceso acusatorio que diseña nuestra
Constitución Nacional (arts. 18, 75 inc. 22 de la CN,
26 de la DADDH, 10 y 11.1 de la DUDH, 8.1 de la CADH y
14.1 del PIDCyP -que expresamente ha reconocido la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en los
considerandos 7° y 15° del precedente “Casal”, Fallos
328:3399-), cuyo paradigma esencial consiste en la
separación de las funciones de enjuiciamiento y
postulación. En este sentido, el rol de perseguir y acusar debe ser independiente del de juzgar y punir y, consecuentemente, debe estar a cargo de sujetos distintos (Reglas de Mallorca, artículo 2°, inciso 1). (Del voto de la jueza Ledesma).
Sumario: En
1993 se tipifica en Argentina el delito de impedimento de contacto de los
padres no convivientes con sus hijos menores, con el cual se buscó preservar el
vínculo paterno-infantil, cuando el mismo era impedido de forma ilegítima. Sin
embargo, esta figura significó en los hechos, criminalizar un conflicto de
índole familiar, brindando una respuesta inadecuada.
Palabras
clave:
"Times New Roman",serif"> bien superior del niño, síndrome de alienación
parental, ultima ratio
Este artículo
pretende hacer un recorrido sobre los aspectos fundamentales del delito de
trata de personas y la condición de vulnerabilidad de la victima desde un punto de vista humanista y amplio, tratando de
desentrañar la letra de la ley en relación a uno de los ejes primordiales para
su estudio: la dignidad de las personas.