Este 
trabajo  aborda  la  dimensión  emocional 
de  la  justicia  social  y  entiende 
a las   personas   detenidas   como  
objetos   de emociones   públicas.  
Se   centra   en   las articulaciones
entre la regulación de la maternidad, las economías afectivas
carcelarias y el lugar paradójico de las mujeres detenidas en la
construcción de lo nacional. El análisis se  basa  en 
las  narrativas  legales  sobre  la 
maternidad  y  las  interacciones  cotidianas 
entre detenidas (mayormente migrantes) y guardiacárceles que regulan
la circulación de bienes y  afectos  en  el 
penal.  La  legislación  divide  la 
maternidad  en  dos  economías  afectivas:
hasta  que  sus  hijos  tienen cuatro 
años,  estas  mujeres  son  exclusivamente 
consideradas como   reproductoras   biológicas  
de   la   nación,   y   la  
maternidad   definida   como   un
intercambio  biológico.  Cuando  el  niño 
llega  a  los  cuatro  años,  estas 
mujeres  pasan  a 
encarnar  el  miedo 
a  la  contaminación  moral,  como 
agentes  indeseables  de  transmisión cultural a las
futuras generaciones. La consecuencia es el traslado de sus hijos
fuera de la prisión. Estas economías afectivas de la maternidad
regulan también los intercambios con 
las guardias, el
acceso a bienes y visitas, dan forma a tecnologías de castigos e
inciden en las modalidades de agencia y transformación social
disponibles.

Lo que
afrontam  inúmeros  direitos  dos  apenados, 
apontando a  eficácia  das  decisões
jurisprudenciais  que,  em  alguns 
estabelecimentos,  mitigou  a  superlotação 
e,  em outros,   concedeu   prisão  
domiciliar   aos   presos   do  
regime   aberto,   contudo permanecendo  o 
Estado  inerte  em  outras  instituições  
prisionais,  alarmando  ainda 
mais a situação.
/Primeramente, se pretende realizar un análisis sobre el contexto
histórico de las instituciones carcelarias, enfocando las
características de los sistemas Panóptico, Auburniano y
Pensilvánico, como así también, las Ordenanzas Alfonsinas,
Manuelinas y Filipinas, incorporadas en Brasil por la colonización
portuguesa como así también el Código Criminal del Imperio. Lo que
sería una especie de ensayo normativo de los derechos de los presos
de los institutos supramencionados terminó por transformarse en la
Ley de Ejecución Penal (Ley 7210/84), después  de su largo
proceso de creación e implementación, el cual garantizó los
derechos sociales y asistenciales a los penados. El referido texto
legal será examinado conjuntamente con su eficacia a la luz del
principio constitucional de la dignidad de la persona humana, en
cuanto a que el preso no deja de ser ciudadano por estar encarcelado,
por esta razón tiene los derechos garantistas, tanto los
constitucionales como por la norma infra-legal.Finalmente, se abordan
las prohibiciones en las cárceles del territoria frente a la
sobrepoblación y las condiciones precarias de las unidades
carcelarias, que se enfrentan a numerosos derechos de los presos, lo
que indica la eficacia de las decisiones judiciales que en algunos
establecimientos, mitigó el hacinamiento, y en otros, concedió el
arresto domiciliario a los prisioneros de régimen abierto, sin
embargo, el estado queda inerte en otras cárceles, alarmando aún
más la situación.

El
estudio analiza, desde el enfoque de género, los principales
aspectos socio-jurídicos relativos a las mujeres y madres reclusas
en Colombia (e infancia), a partir de los marcos internacionales de
derechos humanos y de derecho penitenciario. La
metodología
 utilizada es descriptiva e interpretativa, a
través del análisis documental de las leyes penitenciarias –y
específicamente la reciente ley 
colombiana 1709 de 2014–,
así como de los informes especializados sobre las necesidades
relevantes de las mujeres reclusas. Los resultados
 exponen
los avances que la Ley 1709 presenta, analizando su insuficiencia
para mejorar la igualdad en el ámbito penitenciario colombiano en
relación con la salud, la educación, el ámbito socio-laboral, y en
especial materno-filial y familiar de las mujeres. Para finalizar, se
aborda el modelo penitenciario español como referente internacional
avanzado en materia de género, a partir del plan penitenciario de
igualdad y algunas formas alternativas de cumplimiento para mujeres
(las unidades dependientes de madres o las unidades
externas). 
Conclusiones: la nueva ley avanza en su
tratamiento hacia las mujeres, pero no asume una política integral
de género que dé respuestas especializadas desde enfoques
diferenciales y alternativos, especialmente para las madres y sus
infantes. En este sentido, el modelo español podría ser referencia,
con sus necesarias contextualizaciones específicas, para el reto
colombiano.