El Juzgado Civil y Comercial Nº 2 de Concordia condenó a la provincia de Entre Ríos a pagar la suma de 545 mil pesos por el asesinato de un joven a manos de un prófugo que no había regresado a la cárcel luego de una salida socio-familiar.

V. R. tenía 18 años cuando fue asesinado por dos delincuentes que le robaron su celular. Uno de los dos condenados por el crimen se había fugado días antes del hecho, tras gozar una salida transitoria.

En los autos "F., B. A. C/ Superior Gobierno de la provincia de Entre Ríos S/ Ordinario", la madre de la víctima demandó al Estado local por los daños y perjuicios que le produjo el homicidio de su hijo, en base a la "deficitaria prestación del servicio de seguridad" a raíz de la fuga del delincuente, quien estaba cumpliendo condena en la Unidad Penal Nº 3 de Concordia.

En este escenario, la Justicia señaló la “deficiencia” en “no haber recapturado al prófugo, pese a existir una orden en tal sentido, sin que existan constancias de la actuación desplegada para hacerlo”. Sobre este punto, el juez destacó que dicha conducta “perduró durante veinte días y se logró superar en la jornada siguiente al homicidio”.

“¿Era necesario que ocurra semejante hecho aberrante para actuar con suficiente diligencia?”, se preguntó el magistrado y así determinó la "responsabilidad del Estado provincial, con especial énfasis en que la falla del servicio se tradujo después lisa y llanamente en posibilitar al condenado su participación criminal en el hecho”.

Por ello, para el sentenciante “no cabe sino imputar materialmente a aquellos organismos del Estado que concentran el uso de la fuerza pública; precisamente, para sustraérselo a los particulares y evitar el caos social”.

El fallo de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, dictado en “SABA CASTILLO, Fabián y otros s/ recurso de casación”, (causa nº 23.227/14, Reg. 262/17), rta. 17/4/2017, por el cual Luis Fernando Niño, Eugenio Sarrabayrouse y Daniel Morín, hicieron lugar al recurso de casación interpuesto por las defensas, casaron la sentencia recurrida y absolvieron a Luciano Acosta Escobar y a Gerardo Fabián Saba Castillo. Asimismo, hicieron extensivos los efectos de la resolución a la situación procesal de M. N. K., casaron la sentencia en los puntos IV y V, dejaron sin efecto la declaración de responsabilidad y suspensión del trámite de la causa dispuesta a su respecto y lo absolvieron en orden al hecho que se le imputó en la presente causa.

Luis Fernando Niño, señaló que asistía razón a la defensa porque el tribunal no valoró la prueba reunida en el debate con estricto apego a la regla de la sana crítica y los principios que la regulan, como así tampoco desestimó las hipótesis absolutorias planteadas, por lo que por aplicación de lo dispuesto en el artículo 3 del Código Procesal Penal de la Nación, correspondía absolver de culpa y cargo a los condenados y a M. N. K.

Eugenio Sarrabayouse y Daniel Morín, adhirieron al voto de Niño.