El presente informe documenta el trabajo de la sociedad civil en
relación a las principales restricciones en el país para la efectiva garantía de los derechos
económicos sociales y culturales (en adelante DESC), principalmente para aquellas poblaciones
que han sufrido un impacto diferenciado ante la política prohibicionista y la guerra contra las
drogas: los eslabones más débiles de la cadena de producción y los usuarios de drogas. 

En el presente texto se analizan las penas asociadas a los delitos de drogas, incluido el tráfico, en las legislaciones de España, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Italia, Portugal y Suiza. Se concluye que todos los Estados miembros de la Unión Europea analizados obedecen a la Decisión marco 2004/757/JAI del Consejo la Unión Europea de penalizar con sanciones privativas de libertad la producción, fabricación, extracción, comercialización, transporte, importación y exportación de drogas. En cuanto a las penas privativas de libertad, existe una alta dispersión ya que estas van desde 1 a 20 años, dependiendo de la conducta sancionada. Lo anterior, entendiendo que la importación de drogas es constitutiva de la conducta tipificada como tráfico de drogas, pues, por norma general esta última abarca el cultivo, la fabricación, la importación, la exportación, el transporte, la posesión, el suministro, la transferencia, la adquisición, o el empleo (el hecho de utilizar los estupefacientes, pero no de consumirlos) de estupefacientes ilícitos. 

Escrito de la década del `90, respecto del ordenamiento legal en Italia sobre drogas prohibidas, sus virtudes y fracasos históricos.