SUMARIO:
Al tratar un recurso de queja, la Corte, por mayoría, hizo lugar al recurso y decretó la suspensión del curso del proceso. Para ello, consideró que los argumentos aducidos en el recurso extraordinario y mantenidos en la queja podrían, prima facie, involucrar cuestiones de orden federal susceptibles de examen en la instancia del art. 14 de la ley 48. Por lo demás, consideró que las cuestiones debatidas revisten trascendencia institucional y las circunstancias invocadas por el Estado Nacional en la presentación directa, con sustento en elementos verosímiles, podrían ocasionar agravios de muy dificultosa reparación ulterior; lo que exige preservar la jurisdicción del Tribunal para el dictado de una sentencia útil en la causa (Fallos: 322:2424; 325:3464 y 329:1714).

SUMARIO:
La cámara no hizo lugar al recurso del fiscal y consideró correcta la decisión de tener en cuenta, para efectuar el cómputo de la pena, el tiempo en que los condenados estuvieron privados cautelarmente de su libertad en otras causas en las que aún no se había dictado sentencia. Ante esto, el fiscal interpuso un recurso extraordinario y la Corte dejó sin efecto el pronunciamiento apelado por considerar que carecía de fundamento válido. Sostuvo que el tiempo de detención cautelar que los condenados en una causa transcurrieron en otro proceso sólo puede ser tenido en cuenta para determinar la pena que les corresponde si están dados los requisitos de la unificación de condenas pero que si el legislador hubiera querido que al determinarse la pena en concreto también se considerase el tiempo que los condenados en una causa estuvieron encarcelados preventivamente en otra así lo habría establecido. Recordó el Tribunal que no cabe suponer la inconsecuencia ni la falta de previsión del legislador.

El Tribunal en lo Criminal n° 3 de Mercedes resolvió el problema planteado ante un coimputado que renunció al juzgamiento por jurados, y otro que no. En lugar de aplicar el art. 22 bis del CPP que ordena que esos casos se resuelvan por juicio ante jueces profesionales, declaró la inconstitucionalidad de esa norma y dispuso que ambos acusados sean juzgados por jurados.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena a socio gerente de una empresa de la provincia de Entre Ríos que durante el 19 de mayo de 2014 y el 1 de julio de 2017 derramó efluentes líquidos sin tratamiento y por fuera de los límites permitidos en un arroyo que se comunica con el río Paraná, quemó a cielo abierto y sin ningún tipo de tratamiento residuos sólidos industriales liberando tóxicos en contacto con el aire, acumuló y enterró en suelo natural y sin los recaudos necesarios desechos industriales correspondientes a animales muertos (bovinos), y todo sin ningún tipo de autorización, habilitación o certificado de aptitud ambiental por parte de la Secretaría de Ambiente de la provincia de Entre Ríos, contaminando de modo peligroso para la salud, el suelo, el agua y el ambiente en general.

Extractos del fallo:
"Frente a la disposición de no regular honorarios profesionales, el Defensor Oficial en lo Civil y del Trabajo, con carácter itinerante, con jurisdicción territorial en los Centros Judiciales Concepción y Monteros opuso impugnación extraordinaria, aseverando que el a-quo “infringió las siguientes normas de derecho (art. 750 del CPCCT): arts. 4 de la Ley 5.480, 160 novies y 160 ter inc. 6 de la Ley 6.238 y 30 de la CT”.

"Manteniendo similar rumbo, Mario Alberto Juliano señaló que no era tesis de su “trabajo que imponiendo las costas del proceso penal al Estado en caso de derrota se vaya a resolver el drama del fenómeno punitivo ni mucho menos. Pero sí se advierte que la racionalización y sinceramiento de este tópico puede contribuir -entre otras cosas- a redimensionar la contienda penal. En este sentido, puede apuntarse como probable consecuencia de un sistema en línea con la materia arancelaria más tradicional, que los responsables de impulsar la acción penal debieran ser más cuidadosos a la hora de discernir entre el mérito o demérito del caso que tienen para resolver, evitando la inútil o dispendiosa promoción de pleitos que habrán de terminar en el fracaso. Ciertamente, en la medida que el Estado tenga que soportar las consecuencias de la incuria de los operadores, es probable que allí se encienda una luz de alarma sobre el modo en que obran algunos funcionarios. Colateralmente, añado, que un sistema de esta índole, propenderá al desarrollo y fortalecimiento de la defensa."

"Partiendo de esa base, no parece errada la lógica que subyace al fallo del a-quo cuando afirma “que con relación a las costas de esta instancia, considerando la oposición del Ministerio Público Fiscal a la pretensión recursiva, y conforme al principio objetivo de la derrota, deben imponerse a la parte vencida, por aplicación lo normado por los artículos 329 y 330 in fine y 18 del CPPT, concordante con los arts. 105 y 107 del CPCyC, toda vez que no existe merito para eximirlo total ni parcialmente”. Sin perjuicio de lo expuesto, no puede pasarse por alto que el doctor Mariano Fernández reconoció “que el MPF no cuestiono la imposición de costas y que las mismas fueron impuestas en virtud del principio objetivo de la derrota”.

Adicionalmente, entiendo necesario afirmar que el fallo atacado por el Defensor Acuña, adolece de un adecuado tratamiento de las razones esgrimidas para solicitar la regulación que rechaza so pretexto del art. 160 ter, inc. 6 de la Ley N° 6.238. Esto, no sólo desatiende el deber de no dejar al margen de la decisión elementos que, por su trascendencia, resulten indispensables para emitir un juicio fundado sobre el tema en discusión; el cual no puede realizarse sin un examen completo de los hechos y alegaciones conducentes introducidas en el pleito por las partes (CSJT: sentencia N° 381 del 10/6/2011) y procurar realizar una interpretación armónica del derecho aplicable. Lo que tiñe de arbitrario el fallo en crisis".