La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó la resolución del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 38, que rechazó la solicitud de extinción de la acción penal por reparación integral del imputado M. I. Arellano. La defensa había ofrecido una donación dineraria, la renovación del registro de conducir y un curso de educación vial como medidas resarcitorias en el marco del artículo 59 inciso 6º del Código Penal.
No obstante, el tribunal consideró que la ausencia de una norma procesal específica que regule dicho instituto —a diferencia de la conciliación, expresamente contemplada en el Código Procesal Penal Federal— imposibilita su aplicación. Asimismo, se ponderó la fundada oposición del Ministerio Público Fiscal, en tanto titular de la acción penal en delitos de acción pública.
El voto mayoritario destacó la necesidad de contar con previsión normativa expresa para operar válidamente esta causal de extinción, reafirmando el carácter vinculante del marco procesal vigente y la intervención fiscal en resguardo de la legalidad y la protección del bien jurídico "fe pública".
Comentar