El tribunal dictó una resolución mediante la cual intimó a las máximas autoridades del área penitenciaria nacional a iniciar, dentro del plazo de diez días, el proceso de traslado de todas las personas detenidas en alcaidías y comisarías de la Policía de la Ciudad que se encuentren condenadas o con su situación procesal ya resuelta. La medida se enmarca en una serie de resoluciones previas dictadas en la misma causa y fija pautas concretas de cumplimiento: un mínimo de 130 traslados semanales, asignación de unidad penitenciaria de destino y comunicación formal al juzgado o tribunal competente. El proceso deberá completarse en un plazo máximo de cuatro meses.
El fallo enfatiza el carácter obligatorio de la orden y advierte que el incumplimiento podrá derivar en responsabilidad penal por desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además, establece la aplicación de astreintes por $200.000 diarios, con afectación al patrimonio personal de los funcionarios intimados.
Asimismo, se ordenó al Jefe de la Policía de la Ciudad abstenerse de alojar en dependencias policiales a personas condenadas o con situación procesal definida una vez iniciado el cumplimiento de la medida, bajo apercibimiento de incurrir también en responsabilidad penal.
Finalmente, el tribunal dispuso librar oficios a distintas Cámaras y juzgados federales a fin de poner en conocimiento lo resuelto y requerir la colaboración necesaria para agilizar la documentación y los trámites formales indispensables para concretar los traslados al sistema penitenciario federal
Comentar