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El Estado uruguayo, en aras de garantizar al conjunto de la población seguridad y convivencia, salud, aplicación justa de la ley y una gobernanza no prisionera de los miedos, aprobó una legislación que legitima una política de drogas cuyo objeto son las personas, cuya
perspectiva es la salud, y cuyo horizonte ético son los derechos humanos.
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