La propuesta de
mayoría, mantiene el conflicto vigente. Los usuarios y familiares, continúan
bajo amenaza de sanción penal y sin acceder a su derecho a la salud integral en
términos de dignidad y legalidad. La consigna “el dolor no espera”, parece no haber sido entendida por tales
sectores.
El dolor no espera
a que se realicen nuevas investigaciones; el dolor no espera a que se reconozca
la libertad y no exista amenaza de sanción penal sobre los sufrientes; el dolor
no espera a que nuestros legisladores estudien a conciencia la materia sobre la
que deben legislar; el dolor no espera ni contempla caprichos basados en una
retórica demagógica punitiva; el dolor no espera a que se deje de observar a
las madres que cultivan medicina para sus hijos, como narcotraficantes; el
dolor no espera a la coherencia de quienes afirman que los usuarios no deben
ser criminalizados y acto seguido se niegan tercamente a legislar en
consecuencia; el dolor es actual y el remedio a la indiferencia del Estado
durante décadas basadas en un prohibicionismo absurdo, debe ser urgente.
Hoy existe
evidencia suficiente, validada en el alivio individual de cada persona que
padece. El reclamo se ha visibilizado como nunca antes. El Estado llega de
forma tardía y no debe ni puede éticamente dilatar dicho dolor.
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