RESUMEN:
Fallo del TSJ de la CABA que revocó la condena a Eduardo M. Prestofelippo ("El Presto"), por la difusión no autorizada de imágenes íntimas y hostigamiento digital contra Fabiola Yañez, y confirmó su condena por discriminación por cuestiones de género.

El Juzgado de Garantías de Octava Nominación de Salta ordenó la entrega provisoria de 26 caballos y un asno que estaban secuestrados en el Departamento de Caballería de la Provincia. Ello, a pedido de la ONG "Ajuya Jalala", cuya traducción es "Almas Vivas" y tiene entre sus fines el resguardar los derechos de los animales. La resolución destaca que “la jurisprudencia ha empezado a recepcionar, en materia de derecho animal, un nuevo paradigma que es tendencia y que cuestiona el status jurídico actual de cosa que les otorga el derecho argentino a los animales” -como el precedente de la “orangutana Sandra” y el proyecto de ley que se encuentra presentado en la Cámara de Diputados de la Nación denominado “sintientes”.

RESUMEN:
La cámara rechazó la acción colectiva de amparo interpuesta por una asociación civil con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de diversas normas que habían dispuesto la reasignación presupuestaria de recursos destinados a garantizar derechos humanos básicos de niños y niñas. Contra dicho pronunciamiento, la actora dedujo recurso extraordinario federal.
La Corte dispuso dar intervención al Defensor General Adjunto de la Nación, que asumió la representación complementaria de los menores y quien, al contestar la vista conferida, observó que no se había dado intervención al ministerio pupilar en ninguna de las instancias del proceso y por ello se había privado a los menores de gozar de su asistencia y representación, restringiendo indebida y gravemente su derecho de defensa en juicio.
Resolvió entonces el Tribunal que, ante la omisión de intervención del defensor en las decisiones dictadas antes del recurso planteado ante su instancia, se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la contestación de la demanda.

RESUMEN:
El actor, por derecho propio y en representación de una asociación, promovió acción de amparo a fin de que se declare la inconstitucionalidad "integral" del decreto 70/2023. Luego de su rechazo en las anteriores instancias interpuso un recurso extraordinario que fue desestimado por la Corte.
El Tribunal entendió que el apelante no cumplió con el requisito de fundamentación autónoma por no refutar la conclusión central del pronunciamiento recurrido referido a que ni él personalmente, ni la asociación que preside, poseen un interés concreto o sustancial en la declaración de inconstitucionalidad del DNU. Consideró que el recurso no explicó de qué modo la aplicación de ese decreto les causa una afectación personal, diferenciada de la que, por hipótesis, podría recaer sobre el resto de la población.
Recordó que la existencia de "caso" presupone la de "parte", esto es la de quien reclama o se defiende y, por ende, la de quien se beneficia o perjudica con la resolución adoptada al cabo del proceso. Es decir, para que exista un caso es imprescindible que quien reclama tenga un interés suficientemente directo, concreto y personal —diferenciado del que tienen el resto de los ciudadanos— en el resultado del pleito que propone, de manera que los agravios que se invocan lo afecten de forma "suficientemente directa" o "substancial".
Agregó que los tribunales federales no han sido investidos por la Constitución de la facultad de analizar la constitucionalidad de normas o formular interpretaciones de ellas en abstracto, lo que impide pronunciamientos meramente teóricos o consultivos.

RESUMEN:
La Provincia de La Rioja promovió una demanda declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de poner fin al estado de incertidumbre derivado –según alegó– de la manifiesta inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia 70 /2023, publicado en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2023.
La Corte rechazó in limine la demanda promovida. Para resolver de ese modo consideró, entre otras razones, que el control encomendado a la justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere inexorablemente de la existencia de un "caso" donde se debata la determinación de un derecho entre partes adversas, fundado en un interés específico, concreto y atribuible en forma determinada al litigante.
En tal sentido recordó que una demanda declarativa solo da lugar a una causa o caso contencioso si la parte actora pone a decisión de la Corte una controversia de intereses actual y concreta, no meramente posible o hipotética.
En concreto, consideró el Tribunal que, en la causa, la demanda no ha definido ningún interés propio de la provincia (como persona jurídica diferenciada de sus vecinos) que se encuentre afectado de manera actual y concreta.
Por último también desestimó por improcedente el intento de fundar la legitimación activa en el artículo 128 de la Constitución. A tal fin consideró que, cualquiera sea la interpretación que se adopte de dicha norma, ella no puede conducir a una disolución de los presupuestos establecidos en la misma Constitución para habilitar el ejercicio de la atribución jurisdiccional de la Corte y de los demás tribunales federales.