CFCP. Anulan condena a una mujer trans por exceso de la pena sobre el pedido fiscal y por la consideración de sus dificultades para insertarse en el mercado laboral

Nacional \ Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) \ Cámara Federal de Casación Penal Sala I
Fecha resolución: 16 - Jun - 2021

A los efectos de resolver el planteo de la defensa, aparece necesario señalar que el art. 307, segundo párrafo del CPPF, en lo que aquí importa, dispone que los jueces no pueden imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores. Así las cosas, cabe señalar, que las referencias al “acusatorio” no permiten per se definir las concretas características del sistema frente al procedimiento penal federal. De hecho, como resulta obvio, la adopción del principio acusatorio tiene marcadas peculiaridades en el derecho procesal comparado, internacional, y de nuestra organización provincial. Expresado entonces sin más referencias, no resulta otra cosa que un argumento de naturaleza retórica y reclama una puesta en relación con reglas y directivas constitucionales y legales que hacen a la específica cuestión a resolver.

El representante del Ministerio Público Fiscal, meritó su pertenencia a la Comunidad LGTBI, lo que le impidió el acceso al mercado laboral formal e informal. Además, sostuvo que las personas que pertenecen al colectivo en cuestión sufren violencia y discriminación “como así también criminalización por el comercio de estupefacientes”. De igual modo, tuvo en cuenta los informes médicos y socio-ambientales, y que el hecho atribuido a la imputada no se trataba de un comercio a gran escala. De esta forma, atento a que lo sostenido por el acusador público en esta causa encuentra sustento en las probanzas ingresadas al legajo las cuales resultaron determinantes para fundar el pedido de imposición de una pena inferior a la fijada en la figura en cuestión. Así, conforme las particulares circunstancias del caso, el alegato fiscal, en lo atingente a la referida cuestión, no entra en colisión con la Constitución, ni genera un caso de gravedad institucional o de quebrantamiento del orden público, asiste razón al recurrente en cuanto a que la decisión del Tribunal de imponerle a Josefina Velita Vela una pena superior a la requerida por el fiscal, vulneró el principio acusatorio, y por ende el debido proceso, por lo que corresponde casar la sentencia impugnada únicamente en este punto, debiendo remitirse las actuaciones al tribunal de origen a los fines de que emita un nuevo pronunciamiento conforme el criterio aquí expuesto. 

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