Acuerdo conciliatorio. Extinción de la acción penal. Sobreseimiento – Delito de acción pública - Fiscal que se opuso de manera fundada – Opinión vinculante – Revocación

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 09 - Oct - 2020

“(…) Se encuentra a estudio del Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal contra la resolución del 21 de julio del corriente que dispuso la extinción de la acción penal por cumplimiento de los términos del acuerdo conciliatorio presentado y sobreseyó a M. D. Pajón.

Presentado el memorial por el Sr. Fiscal General, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General de esta Cámara del 16 de marzo pasado, la cuestión traída a conocimiento está en condiciones de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:         

I. Cuestión preliminar:

En el transcurso de la audiencia inicial de flagrancia del 17 de julio pasado el representante del Ministerio Público Fiscal recurrió la decisión por la cual se homologó el acuerdo presentado por la defensa en los términos del artículo 34 del Código Procesal Penal Federal. En esa oportunidad, se concedió la apelación y, no obstante haber ordenado la reserva del legajo a las resultas del cumplimiento de lo acordado, lo elevó a conocimiento de esta Cámara.

A pesar de que no se encontraba firme aquel temperamento, en atención al recurso articulado, frente a la acreditación del pago acordado el juez de grado decretó la extinción de la acción penal (artículo 59, inciso 6° del Código Penal) y dispuso el sobreseimiento del imputado M. D. Pajón. Además, en el punto dispositivo segundo, concedió la apelación del auxiliar fiscal contra dicho pronunciamiento, sin perjuicio de que la impugnación originaria se había dirigido únicamente contra la homologación del acuerdo conciliatorio y no contra la decisión en los términos del artículo 336, inciso 1° del CPPN no dictada para entonces, de modo que se habilitó erróneamente la competencia de esta Alzada, afectando el principio dispositivo que rige la actividad recursiva.

El remedio procesal contra la desvinculación definitiva del encausado fue articulado posteriormente por el acusador público, autorizando así su revisión.

En este marco de situación, no es posible avalar lo actuado en tanto el sobreseimiento dictado se basa en la homologación del pacto conciliatorio celebrado por las partes, la que había sido impugnada por la fiscalía, sin que esta Cámara se hubiese expedido sobre el asunto. En el caso el juez interviniente carecía de jurisdicción para arribar a un temperamento definitivo pues se encontraba pendiente de resolución el recurso concedido contra el pronunciamiento que era su antecedente lógico necesario.

De tal modo, la fundamentación debe reputarse meramente aparente, ya que se basa en presupuestos que no se condicen con lo actuado, lo que afecta su validez (artículo 123 del catálogo ritual).

En función de lo establecido por el artículo 172 del cuerpo legal citado, la sanción procesal que debe dictarse afecta las resoluciones adoptadas por esta Alzada el 31 de julio de 2020.

Ahora bien, tal como indicara el Sr. Fiscal General, la procedencia de los agravios desarrollados por su inferior jerárquico debe llevar al tratamiento de las apelaciones oportunamente articuladas. Cumplido el trámite establecido por el artículo 454 del CPPN respecto de ambas impugnaciones –contra la homologación del acuerdo conciliatorio y la concesión de la excarcelación del imputado–, corresponde ingresar al estudio de dichas cuestiones.

II. Respecto a la homologación del acuerdo conciliatorio:

La base normativa según la cual debe analizarse el caso entró en vigor el 25 de noviembre pasado a través de la Resolución N° 2/2019 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal, que dispuso aplicar en esta jurisdicción los artículos 19, 21, 22, 31, 34, 54, 80, 81, 210, 221 y 222 de ese cuerpo legal, aún no vigente in totum.  

Dentro de dicho articulado, cuyo empleo se ha admitido como herramienta de interpretación in bonan partem y en beneficio del máximo acatamiento posible a la debida fundamentación de nuestras decisiones –artículo 123 del CPPN–, se encuentra prevista la solución de conflictos a través de la conciliación (artículo 34 del CPPF).

En la audiencia inicial de flagrancia celebrada el pasado 17 de julio, el representante del Ministerio Público Fiscal no prestó su conformidad para la homologación de la propuesta de acuerdo, pues sostuvo que el hecho acaeció durante la actual situación de emergencia por la pandemia, bajo el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo cual incrementó el riesgo de contagio para los empleados del supermercado que persiguieron y aprehendieron al imputado. Asimismo, valoró negativamente las condiciones personales de Pajón, en virtud de los antecedentes condenatorios que registra.

Dicha oposición del titular de la vindicta pública ha sido revisada por su superior tanto el 27 de julio pasado como el 2 del corriente mes y año, con arreglo a los principios de unidad de actuación, organización jerárquica y control funcional previstos en el artículo 9° de la Ley 27.148.

Planteada la controversia, resulta indispensable establecer los alcances de la postura del Ministerio Público Fiscal. Al respecto, esta Sala, con integración parcialmente distinta, tiene dicho que “el ordenamiento procesal (…) contempla reglas de disponibilidad que pueden ser aplicadas por el representante del Ministerio Público Fiscal y, en el caso concreto, esa parte se ha pronunciado contra la extinción de la acción” (in re causa Nº 35876/2015, “Muñoz”, rta.: 25/4/18, entre otras).  En ese sentido, la doctrina ha sostenido que es necesaria tanto la participación del acusador público como su conformidad pues “tiene a su cargo el ejercicio de la acción penal…Ahora bien, en los supuestos donde el fiscal manifiesta su oposición, debe analizarse los fundamentos que esgrime (…) Es decir, que la mera oposición de la fiscalía es insuficiente para rechazar un acuerdo de conciliación…[y] corresponde analizar si la oposición fiscal [es] razonable. Fundamentalmente de acuerdo al delito imputado y la descripción del hecho imputado [CNCCC, Sala II, 29/8/18, causa 3559/16, ‘Bustos Roque’, con cita de los precedentes ‘Verde Alba’ y ‘Gómez Vera’, de la misma Sala” (Roberto R. Daray, Código Procesal Penal Federal, Análisis Doctrinal y Jurisprudencial, Editorial Hammurabi, 2ª edición, tomo 1, Buenos Aires, 2019, pág. 166).

Sentado lo expuesto, corresponde afirmar que la opinión del Ministerio Público Fiscal supera el examen de logicidad y razonabilidad, ya que se fundó en un análisis suficiente de parámetros legales vigentes y en criterios de política criminal ajenos a la jurisdicción del juzgador (artículo 69 del CPPN).

No puede soslayarse que el Código Procesal Penal Federal se ocupa de estos supuestos bajo el título “Reglas de Disponibilidad”, que inmediatamente después se integran con una norma general, la del artículo 30, que los define expresamente como una facultad del Ministerio Público Fiscal, indicando los requisitos generales para su eventual procedencia, además de enumerarlos taxativamente. Luego, y en el mismo orden, se regulan las cuatro hipótesis con disposiciones en particular que completan el régimen aplicable (artículo 34 del CPPF, en el caso que nos ocupa). Sin embargo, esas precisiones relativas a cada uno de los institutos mencionados en el artículo 30 CPPF no operan independientemente de la previsión general a la que están lógicamente subordinadas, pues ello implicaría la arbitraria derogación o exclusión de determinaciones expresas del legislador, lo que contraría antigua y consolidada doctrina del cimero tribunal (Sala IV –con una conformación diferente–, causa N° 17.325/2018/5, “Teperman”, rta.: 5/3/20).

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que no se puede presumir la inconsecuencia del legislador (doctrina de Fallos: 312:1614; 312:1680; 315:1256; 316:1319; 317:1820; 319:3241;   323:585; 324:3876, entre muchos otros), por lo cual las leyes deben interpretarse conforme al sentido propio de las palabras, computando que los términos empleados no son superfluos, sino que han sido empleados con  algún  propósito, sea de ampliar, limitar o corregir los conceptos (Fallos: 316:2732 y 326:2390). Así, la interpretación debe evitar asignar a la ley un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, destruyendo las unas por las otras y adoptando como verdadero el criterio que las concilie y suponga la integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149, entre muchos otros también).

Sobre esa base se destaca que se le atribuye a Pajón un delito de acción pública (artículo 71 del Código Penal), por lo que su titular es el representante del Ministerio Público Fiscal. La fundada oposición a disponer de su ejercicio (artículo 30 CPPF) es vinculante y no puede ser impuesta unilateralmente por el imputado y la víctima mediante un acuerdo conciliatorio, pues en los casos en que el legislador previó la posibilidad de convertir la acción de pública en privada lo hizo expresamente (artículo 33, CPPF; in re, causa N° 9.808/20, “Pavón”, rta.: 1/7/20, con distinta integración).

III. La excarcelación concedida:

Conforme a los elementos reunidos en la causa y a los agravios expuestos por el acusador público, entendemos que no es procedente la excarcelación de M. D. Pajón –artículo 210, incisos “c” y “f” del Código Procesal Penal Federal–, en tanto, a la luz de la decisión adoptada en relación a la homologación del acuerdo conciliatorio arribado en autos, las medidas de sujeción impuestas por el juez de grado no lucen suficientes para asegurar el cumplimiento de sus futuras obligaciones procesales.

En primer lugar, la escala penal establecida para el delito respecto del cual se analizó la viabilidad del pedido de libertad (hurto en grado de tentativa, artículos 42, 45 y 162 del Código Penal) se encuentra dentro de los márgenes previstos en la primera hipótesis del artículo 316, segundo párrafo, del CPPN, en función del artículo 317, inciso 1º, del mismo cuerpo legal.      

Sin embargo, se verifica un riesgo de elusión en los términos del artículo 319 del citado ordenamiento adjetivo.

En efecto, registra dos condenas anteriores, la última de ellas impuesta el 5 de mayo de 2018 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° ……. a la pena única de dos años y diez meses de prisión de ejecución en suspenso, comprensiva a su vez de la condenación condicional dictada por la ……. Cámara del Crimen de la Tercera Circunscripción Judicial de Mendoza el 20 de marzo de 2017 a un año de prisión. Cabe aclarar que, aunado a ello, se le impusieron a Pajón obligaciones accesorias, cuyo control se encomendó al Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° …… otorgándosele intervención en esas actuaciones el 3 de mayo de 2018.

Lo expuesto implica que, si se aplicara una nueva sanción en la presente, importará, además de su cumplimiento efectivo, la revocación de la condicionalidad de la sentencia anterior y la unificación de las penas (artículos 27 y 58 del CP), pautas de valoración negativa expresamente previstas en el artículo 221, inciso “b”, CPPF.

A su vez, se pondera que el referido juzgado de ejecución penal dispuso el 11 de febrero del corriente año la averiguación de su paradero, como medida para asegurar su comparecencia y como consecuencia de la falta absoluta de acreditación del cumplimiento de las reglas de conducta establecidas que le habían sido oportunamente notificadas. Por lo expuesto, corresponderá que la instancia anterior haga saber a dicho juzgado lo actuado en la presente.

Asimismo, cuenta con otro proceso en trámite ante el Juzgado de Garantías N° 1 de La Matanza, N° ……….., iniciada el 1° de junio de 2019 y en la cual recuperó su libertad el 5 de diciembre pasado cuando se dispuso el cese de su prisión preventiva. En estas condiciones, debe destacarse el corto lapso transcurrido hasta el inicio de estas actuaciones en relación a un suceso que, en la audiencia inicial de flagrancia, admitió haber cometido.

A pesar de que el imputado se encuentra correctamente individualizado y de que el domicilio informado ha sido constatado, no puede soslayarse el riesgo procesal ya señalado, en particular la objetiva evidencia de su actitud contraria a los compromisos y pautas de conducta asumidas en otros procesos.

Las cuestiones reseñadas aconsejan entonces un reaseguro superior a la mera imposición de las pautas de conducta, prohibiciones, interdicciones, cauciones o alternativas de prisión que prevé el artículo 210, incisos “a” al “j”, del CPPF.

Por lo demás, la emergencia sanitaria que atraviesa el país no modifica lo dicho pues se han adoptado medidas en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal; concretamente, la creación de un “Comité de Crisis para la Prevención, Detección y Asistencia ante el Brote Epidemiológico del Nuevo Corona Virus” que elaboró el “Protocolo de Detección Diagnóstico Precoz, Aislamiento Preventivo y Aislamiento Sanitario por Corona Virus COVID-19” que fue aprobado e implementado por el Director Nacional, así como también la “Guía de Actuación para la Prevención y Control del COVID-19 en el Servicio Penitenciario Federal” (Sala IV, con integración parcialmente distinta, causa Nº 21.825/20/1, “Muñoz”, del 29/5/20).  (…)”

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