Internación: Mantenimiento - Caso en el que puede recurrirse a otras alternativas en aras a la protección integral del niño (artículo 1° de la Ley 26.601) - Menor de 16 años sobreseído – Evolución favorable – Necesidad de ordenar medidas concretas

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 05 - Oct - 2020

“(…) Le corresponde intervenir a esta Sala con motivo de la concesión de los recursos de apelación deducidos por el Defensor Público Coadyuvante de la Defensoría General de la Nación, integrante de la Unidad Funcional de Personas Menores de 16 años, Dr. Pablo Glanc, contra las decisiones que dispusieron mantener la internación de J. J. P. hasta el 24 de agosto, plazo luego prorrogado por diez días, para revisar los avances y evolución de su situación.

Presentados los memoriales, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General de esta Cámara, dictado el 16 de marzo pasado, la cuestión traída a conocimiento se encuentra en condiciones de ser resuelta.

Y CONSIDERANDO:                     

Sin perjuicio de la opinión que pueda sostenerse sobre la facultad del juez penal de disponer y mantener una medida como la impuesta en el caso a personas que no han cumplido los dieciséis años sospechadas de haber cometido algún delito, incluso con posterioridad a su necesario sobreseimiento en razón de su edad, en el presente caso consideramos que puede recurrirse a otras alternativas en aras a la protección integral del niño (artículo 1° de la Ley 26.601) que, no se pone esto en duda, ha querido asegurar la Jueza a quo.

Cabe recordar que se le ha atribuido a J. J. P. el suceso ocurrido el 10 de julio de 2020 a las 16.30, aproximadamente, en ……….., de esta ciudad. En esa ocasión el nombrado, junto a D. L. M., L. A. M. y un sujeto no identificado, habrían sustraído -mediante intimidación y el uso de un arma de fuego, cargada y apta para producir disparos, que portaban por la vía pública en condiciones de inmediato uso y sin la debida autorización legal- el rodado y las pertenencias de N. A. B., quien instantes antes había estacionado su vehículo “BMW X1” blanco, dominio ………. en la dirección aludida. A ese fin, y luego de descender de un Ford Fiesta color bordó, se acercaron a la víctima y, mientras D. M. lo apuntaba con el arma de fuego, los demás le revisaban los bolsillos de sus prendas, desapoderándolo de su billetera con documentación a su nombre, dos mil pesos, un celular asociado a la línea ………. las llaves de su domicilio y las de su rodado; ordenándole que se tire al piso para luego fugar algunos en el vehículo Ford Fiesta y otros en el rodado de B., dentro del cual se encontraban las llaves de un automóvil “Citroen Berlingo”, de un “Ford Mondeo”, y documentación a su nombre. Aproximadamente cinco horas después, el vehículo fue hallado en el interior de la Villa ………….

Este suceso, por el que fuera P. sobreseído se vio precedido por otros episodios, algunos de similar gravedad, en los que también resultara desvinculado por no alcanzar la edad de imputabilidad. Entre ellos puede mencionarse el investigado en la causa N° ………. del Juzgado Nacional de Menores N° 5, Secretaria N° 14, del 24 de julio de 2020, presuntamente constitutivo del delito de robo con armas; la sustracción pesquisada en los autos N° ……….. del Juzgado Nacional de Menores N° 3, Secretaria N° 9, ocurrido el 28 de abril de 2019; y los daños ocasionados a móviles policiales que habría provocado el 23 de abril de 2019, por los que tuviera intervención la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 29.

Sin restar entidad objetiva a las conductas enrostradas y a su creciente relevancia y gravedad en cuanto a los daños causados y el riesgo implicado para la vida  y la integridad física del propio niño y de su prójimo, puede sostenerse que el abordaje de P. tuvo lugar en un momento propicio para procurar el cese de dicha escalada y reencausar su situación personal, teniendo especialmente en cuenta la obligación de garantizar con particulares esfuerzos sus derechos en miras a los compromisos asumidos por la República Argentina en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional y en el artículo 23 de la Convención sobre los Derechos del Niño (Ley 23.849).

Corresponde subrayar que tanto los profesionales del Centro de Admisión y Derivación como del equipo interdisciplinario actuante han dado cuenta de que el menor ha evolucionado favorablemente durante el tiempo que permaneció en el CAD, mejorando su posicionamiento subjetivo frente a su situación, con una progresividad positiva en cuanto a la capacidad reflexiva, agregando que se lo notó interesado por iniciar un espacio de atención psicológico y en tratar de focalizarse en retomar sus estudios y alejarse de grupos de pares que resultarían negativos para su desarrollo, lo que constituye un dato alentador.

Asimismo, su referente familiar, K. P., también ha podido percibir los cambios que ha encarado su hermano y, no obstante las dificultades que ha planteado, expresó su deseo de recibirlo en su hogar e involucrarse en la reformulación de su plan de vida de modo que le permita un desarrollo pleno, alejado de las situaciones de peligro para sí mismo y para terceros en las que se encontraba involucrado.

Es dable señalar que en este caso, los informes de los profesionales del CAD no han desconocido los problemas manifestados por K. P., sino que los han tomado en cuenta y han propuesto diversas modalidades de abordaje interdisciplinario para paliar las carencias que podrían entorpecer el necesario progreso del joven en caso de retornar a su medio familiar o acceder a una alternativa distinta a la del régimen en el que hoy se encuentra. Asimismo, los especialistas actuantes han coordinado sus esfuerzos para encontrar la mejor respuesta a la situación del joven, conviniendo –al menos en este aspecto– en que puede encausarse merced a alternativas a su institucionalización.

Cabe así acompañar este criterio, priorizando en principio el vínculo familiar y el regreso a su domicilio, sin perjuicio de que se continúe explorando y evaluando la viabilidad y pertinencia de otros ámbitos en miras siempre a su interés superior, teniendo en cuenta las opciones de alojamiento planteadas desde el CAD y las gestiones informadas al respecto, en torno a lo cual los integrantes del equipo interdisciplinario han dado cuenta de reuniones y labores en ciernes en común con los profesionales antes citados, que valoramos como muy positivas, para arribar a mejores soluciones.

Ahora bien, es innegable que las constancias del legajo dan cuenta del objetivo fracaso o insuficiencia de las acciones que se habrían realizado en el pasado en relación al niño J. J. P., en tanto permanece –en lo que coinciden todos los profesionales y especialistas– sumido en el desamparo y en una situación de vulnerabilidad extrema en cuanto a sus derechos y necesidades más elementales. Es por ello que hemos de disponer lo indispensable para, por un lado recabar toda la información posible sobre dichas anteriores intervenciones y las razones por las que no han prosperado en sus objetivos, así como, por otra parte, hemos de disponer medidas concretas para apuntalar y encausar –en los límites de emergencia y excepción de esta jurisdicción, e interpretando la Ley 22.278 “como parte de una estructura sistemática” de protección integral, como lo reclama la CSJN en el precedente citado por el recurrente– la situación del joven y su grupo familiar, de manera de contribuir a remediar o auxiliar en la superación del estado en el que lo hemos encontrado.

Así, será necesario disponer que se garantice el acceso a un espacio de abordaje psicoterapéutico para J. J. P. y su hermana K., de ser éste último necesario, con un seguimiento individualizado de su situación a cargo de un profesional en psicología para que facilite su vinculación con una intervención de la especialidad que contribuya a su salud mental y al sostenimiento de las estrategias para superar los factores que se oponen al proceso de cambio positivo que ha iniciado, al tiempo que se evalúe la necesidad de la intervención del SEDRONAR en lo atinente a un posible consumo problemático de estupefacientes.

Además luce necesaria la actuación que se ha sugerido desde el CAD de la Defensoría Zonal del domicilio del niño y del Programa “Derechos y Alianzas Territoriales”, a la par de la continuidad de la participación activa del Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes, a lo que debe sumarse la intervención del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que se atienda la situación socioeconómica acuciante de la familia. De todo ello, deberán labrarse informes semanales que den cuenta de las medidas concretas adoptadas y los avances que se puedan verificar.

También será preciso incorporar, como lo adelantamos antes y en miras a un abordaje personalizado en el mayor grado posible, informes en los que se especifiquen todas las medidas realizadas como consecuencia de los anteriores episodios en los que se viera involucrado el niño, dado que constan ingresos previos al CAD, con posteriores egresos en similares condiciones. En ese mismo sentido, podrían recabarse las constancias que pudieran existir a su respecto en la Prosecretaría de Intervenciones Sociojurídicas de este Tribunal, en los juzgados civiles que puedan haber conocido de su situación, en la Base General de Datos de Niños, Niñas, Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, así como, por intermedio del Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes, de las actuaciones relativas a la anterior intervención del sistema de Defensorías Zonales y del Programa de Derechos y Alianzas Territoriales, además del estudio pendiente que se ha requerido al Cuerpo Médico Forense.

Todo ello deberá ser evaluado por la jueza a quo, a fin de establecer la calidad, pertinencia y efectividad de los dispositivos hasta ahora aplicados, con el fin de adecuar la realización y supervisión de las medidas alternativas a la institucionalización que aquí se han de decidir (retorno al hogar, seguimiento profesional individual, intervención de los organismos sugeridos por el CAD y urgente actuación de las autoridades responsables del bienestar material de su familia) a la concreta solución de la problemática que afecta al niño.

Reunidos con la mayor premura posible estos datos elementales, recibidos los informes periódicos de los avances concretos en el abordaje dispuesto en relación al niño, y establecido que sea por la jueza a quo, merced a una valoración circunstanciada, que la protección integral del niño se ha traducido en actos concretos y efectivos y su progreso se encuentra razonablemente encausado y garantizado, deberá entonces cesar su intervención, asumiendo la autoridad de aplicación de la Ley 26.601 en exclusividad las medidas necesarias para asegurar la continuidad del control y seguimiento del caso, sin perjuicio de la intervención de la Justicia Civil que el organismo en cuestión pueda entender necesario propiciar desde ahora mismo en el marco de sus deberes y facultades, asegurando de esta manera el debido resguardo del niño, hasta el momento informado como inexistente.

Para finalizar, deberá la Juez librar oficio a efectos de poner en conocimiento de lo actuado a la Defensoría de Menores e Incapaces que corresponda, con copia de la presente resolución, a los fines que estime corresponder en razón de las atribuciones del artículo 43 de la Ley del Ministerio Público de la Defensa (Ley 27.149). (…)”

Descargar archivo 1 : fallos49537.pdf
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