MENORES – SENTENCIA CONDENATORIA - IMPOSICIÓN DE CONDENA – TRATAMIENTO TUTELAR – ART. 4 DE LA LEY 22.278 ARTS. 40 Y 41 C.P.– REGLAS DE CONDUCTA – ART. 27 BIS CP

Nacional \ Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal
Fecha resolución: 30 - Sep - 2020

“-En los supuestos de menores en conflicto ante la ley penal, la evaluación relativa a la necesidad de aplicar pena no puede quedar exclusivamente supeditada a lo que resulte del tratamiento tutelar, puesto que ello se alinea con una exégesis tradicional del régimen penal de menores que desatiende otros elementos de necesaria ponderación para la imposición de una sanción a un niño. La edad al momento del hecho es un elemento determinante para los casos donde se encuentran vinculados menores, por la incuestionada inmadurez emocional de los niños y adolescentes. Tampoco debe perderse de vista que a los menores deben reconocerse los mismos derechos que los adultos, sin excluir aquellos propios de su condición de personas en desarrollo (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Rimondi).

Citas de Esquivel”, Reg. 697/2015; “Brest”, Reg. 519/2016 y “Maldonado”, Fallos: 328:4343

 

-Si se pretende que el derecho penal juvenil no sea uno de autor, en la ponderación para determinar la eventual consecuencia aplicable, deben incluirse valoraciones relacionadas con las modalidades del hecho, los antecedentes del menor, entendidos no ya como historial delictivo, en el sentido de reincidencias, sino su procedencia socio-cultural, y el mayor o menor grado de vulnerabilidad. De allí, puede derivarse aspectos que remiten, en definitiva, a los parámetros que fijan los arts. 40 y 41, CP (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Rimondi).

 

-Conforme la propia redacción del art. 4° de la ley 22.278, las características o “modalidades” del hecho se encuentran en un primer orden de consideración, de manera que el análisis vinculado a la gravedad relativa del o de los hechos enjuiciados se antepone al de los restantes parámetros contenidos en la ley. Esto va en línea, a su vez, con una interpretación armónica de las disposiciones de la Convención sobre los Derechos del Niño, que en su art. 37 “b” declara que la pena privativa de libertad a menores debe aplicarse como medida de último recurso y por el tiempo más breve que proceda, en conjunción con las previsiones de las “Reglas de Beijing”, que en su art. 17 establece que una sanción de esa naturaleza debe quedar reservada para las infracciones más severas, en las que haya concurrido violencia contra las personas. De esta manera, si se descarta la gravedad relativa del hecho a la luz de los parámetros reseñados, cualquier otro análisis vinculado con las restantes pautas enumeradas en el art. 4° de la ley n° 22.278 se puede volver superfluo (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Rimondi).

Cita de “Bustamante”, Reg. 1232/2018

 

-Debe ser rechazado el planteo defensista según el cual se verificó una errónea aplicación del art. 4° de la ley 22.278 a la hora de justificar la necesidad de imposición de pena al joven imputado, pues la sentencia se ajusta suficientemente a los parámetros vinculados a la temática y respecto del tratamiento tutelar, el fallo pondera las modalidades y características violentas de los hechos por los que el imputado resultó condenado, su edad al momento de su comisión así como también sus antecedentes de vida. Al respecto, si bien es cierto que los informes interdisciplinarios producidos a partir de su última internación, resultaron en mayor medida favorables –ya que dieron cuenta de ciertos progresos en el desarrollo vital del joven–, una valoración global e integral de las constancias obrantes en el legajo de seguimiento tutelar impide afirmar que su resultado ha sido exitoso, y que resulte merecedor de la absolución prevista en el art. 4° de la Ley 22.278, en tanto el resto de los elementos con los que se cuenta en el asunto demuestran que el joven no supo aprovechar las diversas oportunidades que se le brindaron para su reinserción social en el medio libre, a pesar del empeño puesto por las autoridades estatales y parte de su grupo familiar, y los recursos humanos y materiales puestos a su disposición, pues no sólo se expuso constantemente a nuevas situaciones de riesgo en cada concesión de libertad, sino que además incumplió sistemáticamente con los compromisos asumidos en cada  nueva oportunidad otorgada. Tales son las circunstancias tenidas principalmente en cuenta por la jueza interviniente sin que la defensa demuestre la arbitrariedad del pronunciamiento que, sobre la base de una interpretación legal razonable y criterios pertinentes de valoración, concluyó que el joven no ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos previstos en el art. 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Rimondi).

 

-Las reglas de conducta previstas en el art. 27 bis, CP, son cargas que tornan más gravosa la pena de ejecución condicional y, por otro lado, su imposición conlleva un margen de apreciación preventivo-especial en el caso concreto, por lo que se torna ineludible la vigencia del principio acusatorio y el contradictorio entre las partes para establecerlas. De este modo, el tribunal de juicio sólo se encuentra habilitado a imponerlas en tanto y en cuanto hayan sido solicitadas por el acusador de manera fundada en razones de utilidad preventiva de la comisión de nuevos delitos por parte del condenado. En consecuencia, resulta oficiosa y extra petita la imposición de aquellas si el representante el Ministerio Público Fiscal no las solicitó y la jueza no brindó ningún tipo de fundamentación respecto de su dictado (voto del juez Bruzzone al que adhirió el juez Rimondi)

Citas de Cita de “Moreno”, Reg. 837/2018 y “Rodríguez”, Reg. 1524/2018

 

“A., W. E. s/ recurso de casación”, CNCCC 62762/2016/TO1/3/CNC1, Sala 1, Reg. 2554/2020, resuelta el 20 de agosto de 2020”.

Descargar archivo 1 : fallos49520.pdf
  COMENTAR