EXCARCELACIÓN – REVOCATORIA – RECURSO FISCAL – ART. 167, INC. 1°, CPPN - NULIDAD DICTAMEN QUE MANTUVO EL RECURSO DE APELACIÓN – FUNCIONARIO JUBILADO – LEY 27.546 – ART. 316 Y 317 CPPN - OMISIÓN DE PONDERAR ASPECTOS PERSONALES DEL IMPUTADO

Nacional \ Cámara Nacional de Casación Penal de la Capital Federal
Fecha resolución: 21 - Sep - 2020

-Es inadmisible el recurso de casación dirigido contra la revocatoria de la excarcelación, pues las circunstancias relevadas por el a quo para acreditar la presencia de riesgos procesales resultan ser elementos de entidad suficiente como para descartar la adopción de medidas menos lesivas que la detención cautelar dispuesta. Así, el a quo puso de resalto los antecedentes condenatorios que registra el imputado; que en caso de recaer una condena, ésta sería de efectivo cumplimiento y que el interesado conocía el domicilio de los damnificados –vecinos que habitaban el mismo edificio- quienes podrían recibir intimidaciones de su parte. Además, el contagio de COVID19 del imputado no resulta ser un elemento que logre rebatir todas las citadas consideraciones, máxime si tras haberse informado su satisfactoria recuperación, tal circunstancia no presenta un factor de suficiente entidad a los efectos de mantener su libertad (voto en disidencia del juez Días)

 

-Cuando un juez, en cumplimiento del análisis de las prescripciones del artículo 167, inciso 1°, verifica que el sujeto que representa al órgano del Estado encargado de la persecución penal cumple las condiciones que establece la ley para su nombramiento, no le está diciendo al órgano del que aquél depende, qué es lo que debe hacer; sólo está cumpliendo el mandato legal que le impone excluir a aquél que no cumple los requisitos para ejercer la función (voto del juez Morin)

 

-Es nulo el dictamen mediante el cual se mantuvo el recurso de apelación deducido por el fiscal de instrucción, pues fue emitido por quien se encontraba jubilado al momento de su emisión desde hace casi dos años y en un incidente en el que tomó intervención por primera vez. Ello es así, ya que a partir de la sanción de la ley 27.546, cuyo art. 18 derogó los incisos del art. 16 de la ley 24.018 -que autorizaba la convocatoria de magistrados jubilados-, los actos desarrollados por uno de los sujetos esenciales del proceso cuyo nombramiento carece de sustento normativo, son nulos en los términos previstos por el art. 167, inc. 1°, CPPN, en tanto sanciona de modo genérico con nulidad la inobservancia de las reglas relativas al nombramiento, capacidad y constitución del juez, tribunal o representante del ministerio fiscal. Ello trae aparejada la nulidad de los actos posteriores consecutivos, en particular, la decisión de la cámara de apelaciones por la cual se revocó la excarcelación, debiéndose estar, por tanto, a la resolución primigenia de la jueza de instrucción que dispuso la libertad del imputado (voto del juez Morin)

Cita de “Ottaviano”, Reg. 1375/2020, voto del juez Morin

 

-La amenaza de una pena de efectivo cumplimiento constituye una pauta válida para evaluar el riesgo de fuga pero que por sí misma resulta insuficiente para rechazar un pedido liberatorio. Ello, trae aparejado la necesidad de analizar también las condiciones personales del imputado. Es sobre este aspecto que se ha verificado una errónea aplicación de las normas relativas a la privación de la libertad durante el proceso, pues se ha dispuesto revocar la excarcelación concedida en primera instancia sin efectuar un análisis de las condiciones personales del imputado, quien-en el caso- se encuentra correctamente identificado, no registra rebeldías anteriores y su domicilio fue debidamente constatado. Además, el delito que se le imputa fue calificado como “amenazas coactivas” lo que permite encuadrar su situación dentro de las hipótesis liberatorias previstas en el art. 316 y 317 CPPN, sin que se hayan analizado la procedencia de medidas alternativas a la detención cautelar. Cabe considerar, además, el informe presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, en su carácter de “amigo del tribunal, que dio cuenta de que el SPN no cuenta con la infraestructura necesaria para hacer frente al cuadro de salud que presenta el imputado (de origen respiratorio con requerimiento de oxígeno en forma intermitente además de la infección respiratoria con COVID19) (voto del juez Sarrabayrouse)

Citas de “Nievas”, Sala 2, Reg. 13/2015; “Belinco”,  Sala 2, Reg. 439/2017

 

“Polack García, Francisco Pablo s/ recurso de casación”, CNCCC 21153/2020/1/3/1/CNC2, Sala 2, Reg. 2475/2020, resuelta el 14 de agosto de 2020”.-

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