Arresto domiciliario rechazado – Imputado cuyo hisopado arrojó positivo de Covid 19 – Subsistencia de riesgos procesales evaluados al momento de no hacer lugar a la excarcelación – Informe médico que da cuenta que se encuentra clínicamente estabilizado, a

Nacional \ Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional
Fecha resolución: 19 - Ago - 2020

“(…) I. Convoca la atención del Tribunal la apelación interpuesta in pauperis por G. R. Dalto, sostenida técnicamente por la Defensora Pública Oficial, la Dra.Karina Bianchi, contra la decisión que no hizo lugar a su arresto domiciliario.

II.- El agravio radica en que se le realizó un hisopado que dio como resultado positivo de COVID-19 y que su actual detención podría agravar su estado de salud pues padece hipertensión, arritmia cardíaca y anemia del Mediterráneo.

No desconoce que está estable, pero entiende que modificar su lugar de detención es la solución adecuada.

III. Los jueces Julio Marcelo Lucini y Mariano González Palazzo dijeron:

El 22 de junio pasado confirmamos la denegatoria de su excarcelación por el importante riesgo de fuga verificado. Tuvimos en cuenta que la eventual sanción no podría ser dejada en suspenso por varias condenas que registra, la última del 4 de febrero de 2020 en la que el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional n° 7, en la causa n° 6428, lo sancionó a cuatro meses de prisión en orden al delito de tentativa de robo y lo declaró reincidente. También las especiales características del suceso y que inicialmente habría mentido en relación a su domicilio.

No advertimos otra medida menos lesiva entre las previstas en el artículo 210 del catálogo procesal que pudiera neutralizar el peligro analizado, que se mantiene en la actualidad.

La instancia anterior rechazó la morigeración de la prisión preventiva luego de evaluar el amplio informe ambiental de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal (DCAEP) y del Cuerpo Médico Forense para determinar si padece las dolencias citadas y su incidencia como agravamiento en el marco del COVID-19.

Respecto a las patologías, se estableció que se encuentra estabilizado clínicamente, contando con la medicación prescripta que está siendo suministrada por personal de la Alcaidía donde se halla alojado.

Ahora bien, no desconocemos que se le realizó el hisopado para determinar si era portador de COVID con resultado positivo (cfr. constancias obrantes en el expediente). Sin embargo, ello no alcanza para concederle el beneficio en tanto está siendo atendido en la unidad mencionada y desde el 3 de julio se encuentra estable y es asintomático.

En definitiva, ninguna circunstancia aconseja, de momento, acceder a la morigeración solicitada, máxime cuando lo único que ha variado es el tiempo en detención, que no luce desproporcionado atento a lo establecido en el artículo 207 del Código Procesal penal de la Nación y al tipo y monto de sanción que eventualmente se aplicaría en el caso (arts. 40, 41 y 50 del Código Penal).

III. La jueza Magdalena Laíño dijo:

1°) En sintonía con cuanto sostuviera en el incidente de excarcelación resuelto el 22 de junio pasado, entiendo procedente la concesión del instituto solicitado.

2°) En primer lugar, como expresara en aquella oportunidad, y a cuyos fundamentos me remito a fin de evitar repeticiones innecesarias, en el sub iudice no existen razones suficientes que permitan excepcionar el principio de permanencia en libertad durante la sustanciación del proceso (cfr. mi voto en CCC 3640718/1CA2 “Delgado” rta. el 5/7/18 y arts. 1 y 3 DUDH, 7 CADH, 1 DADDH, 9 PIDCyP, 2 y 280 del CPPN y 210 del CPPF).

3°) Por otro lado, en lo relativo estrictamente a su estado de salud, llevo dicho que este extremo debe ser analizado de forma global -no aislada- y teniendo en cuenta, por un lado, el estado de emergencia sanitaria declarada producto de la pandemia y las consecuentes medidas adoptadas en los centros de detención y, por otra parte, la particular situación del peticionante (cfr. mis votos en causas n° 40490/2018 “Silva, Angela Cristina” rta. el 30/4/2020 y n° 21517/2020 “Castillo Carranza, Sandra Josefina”, rta. el 4/6/2020).

El imputado padece hipertensión, arritmia cardíaca y “anemia del Mediterráneo”, conforme surge de la revisión médica efectuada en las Alcaidías 8 bis y 1 en las cuales estuvo y está alojado y de los informes confeccionados en los consultorios externos del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero y Hospital De Guernica, Dra. Cecilia Grierson, patologías que por sus características propias y por el constatado resultado positivo del hisopado que se le realizó -como portador de COVID-19- podría agravar su salud puesto que lo coloca en una situación de mayor vulnerabilidad dada su pertenencia a los grupos de riesgo descriptos por la O.M.S. y el Ministerio de Salud de la Nación en función de la pandemia por la que el PEN declaró la emergencia sanitaria (cfr. DNU 260/20, su modificatorio n° 287/20 y el n° 297/20), por lo que la morigeración de la medida cautelar propiciada permitiría garantizar de modo más pleno el derecho a la salud y a la vida del nombrado (arts. 18 y 75 inc. 22 CN; 12.c PIDESyC; 4.1, 5.1 y 5.2 CADH; 6.1 PIDCyP; 11 DADDH y 25 DUDH).

Asimismo, debe solicitarse a la Dirección Nacional de Readaptación Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio de Salud que pongan a disposición de Dalto las herramientas interinstitucionales necesarias para asegurarle tratamiento médico en caso de requerirlo durante el arresto domiciliario, todo ello en coordinación con el Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las redes de Hospitales y Centros de Salud.

Por ello, voto por hacer se lugar al recurso de apelación, revocar la decisión puesta en crisis y dispongo:

1) Conceder el arresto domiciliario de G. R. Dalto en el domicilio de su hermano F. D. de la calle (…)  Barrio de Flores de esta ciudad -teléfono (...), donde ambos residirían (arts. 314 CPPN y 210 inc. j CPPF). Ello deberá concretarse adoptando estricto cumplimiento de todos los protocolos de actuación y sanitarios vigentes, teniendo en consideración que se trata de un paciente asintomático, con hisopado de COVID-19 positivo y que transita el noveno día de la enfermedad de acuerdo a la fecha de su realización.

2) Establecer la prohibición total de salir de ese domicilio sin previa autorización del tribunal a cuya disposición se encuentre (art. 210 inc. d CPPF), sin perjuicio de aquellas salidas necesarias por cuestiones médicas, las que deberán ser previamente acreditadas y solicitadas a la judicatura.

3) Establecer la obligación de comunicarse quincenalmente con el tribunal ante el cual se encuentra a disposición por el medio que este determine (art. 210 inc. c CPPF), en la medida que su comparecencia no podrá hacerse efectiva teniendo en cuenta, no sólo el aislamiento social, preventivo y obligatorio decretado por el Poder Ejecutivo de la Nación (DNU 297/2020 y sus prórrogas) y la prohibición aquí dispuesta, sino también su condición de salud de COVID-19 positivo.

4) Establecer la prohibición de acercamiento a la víctima, M. E. M., así como a su domicilio a un radio no menor de 300 metros, lo cual comprende asimismo cualquier tipo de contacto por cualquier medio (v.gr. a través de terceros o tecnológico), (art. 210 inc. f CPPF). Tal es mi voto (...)”

 

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