Querellante particular. Intervención en el proceso

Local \ Córdoba \ Superior Tribunal de Justicia de Córdoba
Fecha resolución: 15 - Mayo - 2015

RECURSO DE CASACIÓN: Impugnabilidad objetiva. Resoluciones equiparables a sentencia definitiva: Decisorio que niega al pretenso querellante su petición de actuar en tal carácter. Impugnabilidad subjetiva. Víctima que pretende constituirse en querellante particular. Excepción al carácter adhesivo. QUERELLANTE PARTICULAR. Intervención en el proceso penal. Fundamento normativo. Legitimación activa: herederos forzosos. Oportunidad para constituirse: fundamento. INTERPRETACIÓN DE LA LEY. Método del “balancín test”.

 

I. Existen pronunciamientos que pueden y deben ser equiparados a sentencias definitivas. A este respecto se ha expuesto que una resolución jurisdiccional es equiparable a sentencia definitiva, si ocasiona un agravio de imposible, insuficiente, muy dificultosa o tardía reparación ulterior, precisamente porque no habría oportunidad en adelante para volver sobre lo resuelto.

 

II. La decisión que resuelve en sentido adverso a la pretensión del recurrente de actuar como querellante provoca un agravio de insusceptible reparación ulterior, pues ante la denuncia de los delitos en orden a cuales se solicitó ejercer el derecho de a la jurisdicción, resultaría tardía toda posibilidad de volver a debatir el tema en una posterior oportunidad procesal, en la medida que lo decidido se vincula con el ejercicio de la jurisdicción por parte de los jueces naturales.

 

III. No es de aplicación al recurso de casación incoado por la presunta víctima que pretende constituirse en querellante la regla que subordina al mantenimiento por el Ministerio Público la impugnación de los que ya se encuentran constituidos como acusadores privados (CPP, 464). Es que, el carácter adhesivo que la ley procesal ha conferido al querellante particular lo es en la medida en que éste coadyuva a la tarea del Ministerio Público, para acreditar el hecho delictuoso y la responsabilidad penal del imputado, mas no cuando el ofendido penal peticiona la propia incorporación al proceso como acusador privado, toda vez que en éste la víctima pretende la concreción de la fase primordial de la tutela judicial efectiva (CN, 75 inc. 22; y CADH, 25), como es, el derecho de poder acceder al proceso; en tanto que la regulación prevista en el ordenamiento de rito establece una limitación para aquellos ofendidos que ya se han constituido como acusadores privados en el proceso y quieren provocar la apertura de una etapa eventual del mismo, como es la recursiva.

 

III. La intervención del querellante particular en el proceso penal, se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y derecho a la tutela judicial efectiva, que corresponde –entre otros– a la víctima del delito. Uno y otro son derechos de raigambre constitucional por imperio de lo prescripto en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus  artículos 8.1 y 25, respectivamente, consagra los mencionados derechos. Es indudable entonces que, por virtud de estas directivas constitucionales, la víctima del delito tiene un verdadero derecho a una intervención relevante en el proceso penal, para la satisfacción de sus legítimos intereses jurídicos.

 

IV. El Código Procesal Penal de la Provincia reglamenta las máximas constitucionales relativas a la intervención del querellante particular en el proceso penal (CN, 28, 121 y 122), consagrando derechos favorables a la víctima en su mero carácter de tal o sus herederos forzosos (art. 96 CPP), admitiendo la posibilidad de que ella actúe en el proceso penal como acusador privado, interviniendo en el rol de querellante particular (arts. 7, 91 y ss. CPP). Y por ello, la ley de rito establece que el ofendido penalmente por un delito de acción pública, sus herederos forzosos, representantes legales o mandatarios, podrán intervenir en el proceso como querellante particular en la forma especial que este Código establece (CPP, 7). En definitiva, ante la imposibilidad de ejercer ese derecho por parte de la propia víctima cuando no se cuenta con ella, se autoriza sus herederos forzosos para que lo hagan.

 

V. La ley de rito estipula que la instancia de constitución en querellante particular podrá formularse a partir de iniciada la investigación y hasta su clausura (art. 92 CPP), con lo cual no puede ser formulada en el juicio, donde el proceso se radica con las partes definitivamente fijadas. La razón de dicha limitación temporal finca en que una admisión tardía del querellante particular, cuya posibilidad de intervención fue debidamente asegurada hasta la clausura de la investigación penal preparatoria, importaría consagrar una intolerable fuente de desigualdades del imputado respecto de múltiples acusadores potenciales, lo que en definitiva vulnera el principio constitucional denominado paridad de armas. A este respecto, el artículo 8.1 Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos –éste, como aquél, de jerarquía constitucional (art. 75, inc. 22, CN)– reclaman que la defensa del imputado se desarrolle en condiciones de plena igualdad. Aunque dichas disposiciones no lo refieren expresamente, resulta evidente que tal situación de igualdad que pretende  el  orden  constitucional es del imputado respecto de la acusación.      En ese marco, un adecuado ejercicio del derecho de defensa exige que el acusado llegue a la etapa de juicio con conocimiento cierto de quiénes integran el polo acusador, y no verse sorprendido ex post con un nuevo miembro que refuerce la potestad persecutoria esgrimida en su contra, contra el cual, a su vez, no podría argumentar su exclusión.

           

VI. Se acepta el “balancín test” como método de interpretación de las normas jurídicas el cual presupone que no todos los derechos fundamentales son ilimitados sino que debe tenerse en cuenta la concurrencia de otros valores que el ordenamiento jurídico también protege. Así, en hipótesis en las que existen conflictos entre derechos o intereses de igual rango normativo deben ponderarse todos los derechos como limitados, analizando en cada caso concreto la razonabilidad de la restricción de uno por otro.

 

TSJ, Sala Penal, S. nº 170, 15/5/2015, “MALDONADO, Jonathan Roberto y otros (RODRÍGUEZ, Jeremías Eduardo) p.ss.aa. lesiones graves calificadas, etc.- RECURSO DE CASACIÓN” (SAC 1337076)  (Tarditti, López Peña, Cáceres).

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