mso-ansi-language:ES-AR" lang="ES-AR">En el presente trabajo se aborda el rol que cumple
la prueba obtenida ilegalmente en el proceso penal, con el respectivo planteo
de nulidad, y principalmente cuando la prueba se obtiene no solo de forma
ilícita sino además vulnerando la dignidad de la persona acusada en el proceso.
mso-ansi-language:ES-AR" lang="ES-AR">En el fallo “Vergara”, de la Sala
IV de la Cámara Nacional de Casación Penal, se observa una clara vulneración a
la dignidad y un evidente atropello de derechos y garantías, como el debido
proceso, siendo que el mismo se encuentra contemplado en el art. 18 de nuestra
Carta Magna. Sumado a ello, cabe destacar que en el procedimiento penal, la ley
vigente no se debería limitar al Código Procesal Penal sino que, debería
comprender la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos con jerarquía constitucional.
mso-ansi-language:ES-AR" lang="ES-AR">Lo relevante del fallo es -a criterio de la autora- que se logró un perfecto avance en materia de responsabilidad estatal, toda vez que
si el Estado se comprometió internacionalmente a los efectos de cumplir y garantizar
los derechos humanos, aquí en “Vergara” los magistrados realizaron un análisis
exhaustivo a fin de cumplir con los estándares de convencionalidad y no solo
limitarse a lo dispuesto en el Código Procesal. Por consiguiente, resulta
inaceptable convalidar un acto procesal de semejante magnitud, donde se obtuvo
prueba material sometiendo a la
persona sospechada de un delito de acción pública a un trato degradante, cruel
e inhumano, que produce indefectiblemente una opresión o padecimiento indebido
desde el punto de vista psicológico, moral o físico, afectando gravemente su
dignidad, cuestión que se encuentra vedada en nuestra legislación actual.
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